En el Sistema Judicial, una de las principales problemáticas a las que se enfrenta es la falta de intérpretes de lenguas originarias de México y de los países orientales. Esta carencia dificulta el acceso a la justicia para aquellos que no hablan español y ven limitada su capacidad para comprender los procedimientos legales.
Cristian Armando Vázquez Juárez, administrador de Justicia Oral de la Zona Costa, ha resaltado la importancia de contar con intérpretes en las audiencias para asegurar que las víctimas de delitos comprendan plenamente lo que se está tratando. En ocasiones, se enfrentan a situaciones en las que la falta de un intérprete adecuado alarga considerablemente la duración de las audiencias.
Como ejemplo, Vázquez Juárez mencionó una audiencia celebrada recientemente, en la que la víctima hablaba el idioma tzotzil. Debido a los problemas de interpretación, la sesión se extendió durante ocho horas, a pesar de que normalmente se desahogaba en tan solo 120 minutos. Esto evidencia la necesidad de contar con intérpretes capacitados y disponibles para evitar dilaciones innecesarias en los procesos judiciales.
Ante esta situación, se ha planteado la creación de un banco de intérpretes desde la ciudadanía, que esté disponible para el Poder Judicial. Esta medida permitiría contratar a profesionales especializados en diferentes idiomas para brindar asistencia a los justiciables que lo necesiten.
Sin embargo, aparte de la escasez de intérpretes, otra barrera que enfrenta el Poder Judicial es la falta de presupuesto para pagar por este servicio. Actualmente, algunos intérpretes en idioma inglés simplemente reciben una constancia de participación sin una remuneración económica, a pesar de que su apoyo es requerido en múltiples ocasiones. Es fundamental contar con un presupuesto adecuado para garantizar la disponibilidad constante de intérpretes en los tribunales.
En conclusión, la falta de intérpretes de lenguas originarias y orientales es una de las principales carencias del Poder Judicial mexicano. Esta problemática dificulta el acceso a la justicia para aquellos que no hablan español y pone en riesgo la comprensión adecuada de los procesos legales. Es esencial contar con una bolsa de intérpretes y asignar el presupuesto necesario para asegurar que todos los ciudadanos reciban una atención justa e imparcial en los tribunales. N
