El 10 de diciembre de 2021, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y de datos personales (INAI) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional (217/2021), al advertir que dicho Acuerdo realizaba una reserva anticipada y generalizada de la información relacionada con los proyectos u obras del Gobierno federal, hecho que vulnera el derecho a saber de la sociedad.
En este sentido, el ejecutivo federal ha sido muy cuestionado por las diversas obras públicas qué ha realizado durante su administración, pese a que durante su campaña dijo que en su gobierno habría transparencia, pero sobre todo lo promulgó y lo sigue haciendo como: el gobierno del pueblo.
Pero al parecer no todo ha sido miel sobre hojuelas, durante la filtración de varios documentos gubernamentales mediante los llamados Guacamaya Leaks, se relevó que, La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trabaja en la creación de una nueva aerolínea del Estado qué buscará brindar servicios públicos de transporte aéreo de pasajeros. Lo que da cuenta que el gobierno al mando de López Obrador ha tenido un gran secretismo sobre muchas obras públicas.
Por otro lado habla de una militarización del país. Hace unos días María Elena Morera Mitre presidenta de Causa en Común, una organización cívica comprometida con el empoderamiento de la ciudadanía y la promoción de mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, en una entrevista exclusiva para el director de Newsweek Baja California Francisco García Burgos, habló sobre dicha cuestión y dijo que el fenómeno de la militarización se reproduce tanto por los diversos órdenes de gobierno como por las instituciones, por lo que es fundamental tener acceso libre a la información.
Sin duda alguna el ejecutivo federal buscaba que no se tuviera acceso a esas obras, ya que buscaba que se declararan como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno federal. Al tener esa denominación evidentemente durarán clasificados por varios años, o decenios. Se podría hacer incluso una analogía con lo que se ha hecho con los documentos archivados por el ejército sobre los turbios hechos de 1968 qué ocurrieron en la capital de la República Mexicana, cosa realmente extraña pues aquí se trata de meras construcción e inversión pública. Es como si quisieran esconder los documentos respectivos al bacheo o pavimentación de alguna calle.
Al resolver el asunto, el Pleno de la SCJN determinó, por mayoría, que el acuerdo impacta el derecho a saber y contraviene la facultad del INAI para delimitar los alcances de la seguridad nacional y el interés público, al situar toda la información generada en el desarrollo de obras y proyectos referidos dentro de la aplicación del supuesto de reserva.
Finalmente, puntualizó que el acuerdo transgrede el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información en su dimensión colectiva, pues dificulta el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las autoridades, imposibilitando el control ciudadano del actuar público. Así, la SCJN concluyó que este hecho menoscaba la facultad del INAI de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
En este caso, el fallo de la Corte deja a salvo el derecho de la sociedad. N
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