Durante la sesión del Congreso Estatal del pasado 12 de abril, los diputados locales aprobaron la reforma al segundo párrafo y la adición de un párrafo al artículo 23 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, con lo que se abre la puerta para que representantes de la sociedad civil o de la iniciativa privada formen parte de los cargos directivos de los organismos operadores del servicio de agua en los municipios.
La legislación indica que los organismos operadores se crearán, previo acuerdo del municipio correspondiente, como organismos descentralizados de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Con la modificación, se incluyó en la redacción del artículo 23 que “se podrá considerar la participación de representantes de organizaciones de los sectores sociales y privado, incluyéndolos en sus consejos directivo u órganos de gobierno, o bien, constituyendo consejos consultivos”.
Los organismos operadores municipales son los responsables de determinar las cuotas y tarifas del servicio de agua potable, la elaboración de un informe anual de labores y del estado del organismo, elaborar los estados financieros, la aplicación de estrategias para eficientar la administración y operación del organismo y la ampliación de la infraestructura hidráulica, entre otras atribuciones.
En su estructura, los organismos operadores municipales contarán con un Consejo Directivo, un Consejo Consultivo, la Dirección General, un Órgano Interno de Control así como personal técnico y administrativo para su funcionamiento.
Cabe destacar que las disposiciones de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, relativas a las atribuciones de los organismos operadores, la constitución del patrimonio y la integración de sus consejos de gobierno deberán aplicarse en los ayuntamientos que no cuenten con leyes reglamentarias en la materia.
La reforma descrita se da en el contexto de reestructura del servicio de agua potable en el municipio de Aguascalientes, que actualmente está a cargo de la empresa Veolia, y cuyo título de concesión vence en octubre de 2023.
Según lo manifestado por regidores del ayuntamiento y el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, entre las opciones con mayor viabilidad para implementar se encuentra la instauración de un organismo público descentralizado que constaría de ocho áreas: un consejo directivo, comisiones, comités y asesores, la dirección general del organismo, unidades administrativas, contraloría interna y mesas de trabajo.
Aunado a esto, también se vislumbra la participación de representantes de organismos empresariales, sindicatos, colegios de profesionistas, académicos y de órganos de la sociedad civil dentro de la estructura de toma de decisiones del organismo.
