Después de casi un año de exilio forzoso Elba Jusayú regresó al desierto de sus ancestros y encontró decenas de cráteres listos para instalar molinos de viento. Los indígenas Wayúu dan una pelea gigantesca contra las multinacionales que ven en el extremo norte de Colombia una mina de energías renovables.
En 2016 representantes de la portuguesa EDPR y la italiana ENEL pidieron a su familia autorizaciones para construir un parque eólico y la vía para acceder a otro. La negativa de los Jusayú —hasta entonces ganaderos prósperos de una zona rural del departamento de La Guajira— desató una campaña de hostigamiento que deja un muerto, varios heridos y 34 desplazados, denuncia Elba.
Pese al miedo “anhelo volver a nuestra comunidad y acompañados, con protección”, dice a la AFP esta mujer de pañoleta azul en la cabeza y vestido amarillo. Mientras las compañías construyen sus proyectos Beta y Windpeshi en suelo indígena, la familia duerme a la intemperie en el patio de un edificio público del municipio Uribia.
La construcción de otros 55 parques avanza en esta empobrecida península a orillas del Caribe, donde la electricidad y el agua potable escasean. El gobierno del izquierdista Gustavo Petro proyecta la región como una “capital mundial de las energías verdes”. Pero el centro de estudios Indepaz denuncia que el pueblo Wayúu cede su territorio en medio de “engaños” y acuerdos “irregulares”.
En un país que se abastece con hidroeléctricas, la energía eólica se exporta, pero “La Guajira no va a ver un solo kilovatio de la energía que produce”, anota Joanna Barney, investigadora de Indepaz.
ATACADOS POR LAS EMPRESAS
El septuagenario líder wayúu Moisés Jusayú, padre de Elba, relata en una denuncia penal contra ENEL y ERPD que el 18 de febrero de 2018 su siesta fue interrumpida por un machetazo en la sien. Según su hija, la presión de las compañías por obtener los permisos desató una “tragedia” familiar con aires de telenovela.
Las empresas habrían ofrecido “riquezas” al hermano menor de Moisés para que intentara persuadirlo y este a su vez usó de emisario a su hijo, autor del machetazo. Moisés sobrevivió al ataque “y, en defensa propia, le dio (otro machetazo) al sobrino, que quedó muerto”, recuerda Elba.
Lo hospitalizaron y al salir, su hermano lo había suplantado como autoridad indígena de la zona para dar vía a la obras. La familia regresó a Wimpeshi y levantó un nuevo rancho, pero las amenazas siguieron.
En abril de 2022 varios hijos de Moisés fueron atacados. Uno de ellos, Dicto Jusayú, fue herido de bala y asegura que los autores “tenían uniformes de la empresa ENEL Green Power, tenían las caras cubiertas, eran más de 20”.
Consultada por la AFP, ENEL afirma que “en ningún caso trabajadores de la compañía han atentado contra la vida de un miembro de la comunidad Wayúu” y que la tierra de los Jusayú “no hace parte del área de influencia directa” de Windpeshi. EDPR no respondió a la AFP.
“NOS FALTÓ ASESORÍA PARA LOS PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES”
Los 14 aerogeneradores de Guajira I cortan el viento del desierto con un zumbido eléctrico. A pocos metros, en los ranchos de los Wayúu la mayoría no tiene electricidad.
Operado por ISAGEN —subsidiaria de la canadiense Brookfield— el parque funciona desde principios de 2022 y es uno de dos que operan en la región.
“Amanecemos mirando a nuestros nuevos vecinos. Es extraño porque crecimos siempre con la vegetación. El impacto mayor es para los animales. Ya no pueden pastorear porque en esas tierras están los aerogeneradores”, dice Luis Iguarán, profesor de Lanshalia, la única comunidad vecina con electricidad.
Indepaz registró una disminución de 50 por ciento la población de chivos de la zona durante los primeros cinco meses de operación y advirtió que el proyecto podría “acabar con una comunidad que vive de su hato ganadero”.
La compañía hizo una “consulta previa” con los indígenas antes de levantar los molinos y acordó financiar “proyectos productivos” a cambio de usar el territorio unos 30 años, explica Barney.
Gracias al acuerdo Lanshalia adquirió paneles solares y recibe 20,000 litros de agua potable mensuales. La cantidad es “insuficiente” para diez familias, reclama Iguarán. Consultada por la AFP, la compañía dijo haber acatado los términos de la consulta, que tiene el visto bueno de la autoridad ambiental local.
“Nos faltó mucha asesoría”, pudimos negociar “mejores condiciones”, lamenta el profesor. Según Barney las empresas se reservan el derecho a aprobar o vetar los proyectos indígenas y omiten presentar información en su lengua, así como las ganancias de cada parque.
“En papel parecieran generosas: ENEL ofrece 1,000 millones (de pesos colombianos) anuales”, equivalentes a 200,000 dólares. “Pero son 19 comunidades y cada una puede tener entre 40 y 80 personas”, o sea unos 45,000 pesos mensuales (9.5 dólares) por persona. N
