La FGR acusa de ilegal un contrato firmado por Santiago Nieto para que un despacho de EU represente a México en una demanda civil para recuperar 250 mdd saqueados del erario por García Luna. El extitular de la UIF asegura que tenía facultades legales para hacer dicho acuerdo y acusa “motivos personales” de la fiscalía.
Cuando aún era dirigida por Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) firmó un contrato, sin licitaciones de por medio, con una firma de abogados estadounidense para recuperar recursos relacionados con delitos de desvío y lavado de dinero cometidos en México, con el compromiso de que al despacho privado se le pague el 30% de lo recuperado en cada litigio.
A través de dicho contrato, los abogados impulsaron a nombre de México un juicio en Estados Unidos para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, por más de 250 millones de dólares en ese país. De ganarse el caso, que hasta ahora avanza en favor de México, 75 de los 250 millones quedarían en manos del despacho y el resto regresaría a las arcas públicas.
Pero una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de una denuncia ha concluido inicialmente que dicho contrato es ilegal y que Nieto es probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones, confirmaron autoridades federales a este medio.
La firma contratada por Nieto el 14 de julio de 2020 es Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM, y cuya primera misión fue promover una demanda civil ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial del Condado de Miami, Florida, contra García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
La demanda, presentada el 21 de septiembre de 2021 —mes y medio antes de la renuncia de Nieto a la UIF—, señala que se busca “recuperar al menos 250 millones de dólares robados al gobierno de México por García Luna” y los personajes que conspiraron con él, entre los que se encuentran otros exfuncionarios mexicanos, empresarios pertenecientes a la familia Weinberg y compañías fachada.
De prosperar la demanda civil por el monto reclamado en el caso contra García Luna, el despacho estadounidense se haría acreedor a un pago por honorarios de 75 millones de dólares, correspondientes al 30% de los recursos recuperables, conforme el contrato suscrito por Nieto y la firma KCM.
En el contrato, Nieto fungió como “representante de los Estados Unidos Mexicanos” y confirió poder de representación de la UIF a los abogados del despacho KCM.
El caso ha avanzado a favor de México. El pasado 21 de agosto, el juez William Thomas desechó las demandas de sobreseimiento de las partes demandadas y autorizó al gobierno mexicano a continuar con el proceso judicial de recuperación de activos, con la posibilidad de que haya una resolución en 2023.
Redacción
