El Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, es uno de los territorios del mundo donde más abundan las centrales eólicas. Sin embargo, uno de los municipios que lo conforman, Unión Hidalgo, combatió a la empresa francesa EDF Renewables y evitó que edificara la central eólica Gunaa Sicarú.
La energía eólica parece ser una solución frente a otras formas de producción de energía eléctrica. Sin embargo, en la región del Istmo de Tehuantepec, los pobladores denuncian afectaciones ambientales y a la salud, y un daño a sus usos y costumbres por parte de este tipo de empresas.
De acuerdo con Juan Antonio López, coordinador del área de justicia trasnacional en el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), desde 2016 hubo información entre los vecinos sobre que la empresa EDF había comenzado negociaciones con vecinos para el arrendamiento de sus tierras.
Ante ello, la comunidad comenzó a movilizarse para saber qué tipo de proyecto se pretendía en la zona. Y al descubrirse que se trataba de una central eólica, la población interpuso un amparo para obtener información sobre esta.
Según Antonio López, entrevistado por Newsweek en Español, la empresa de origen francés realizó dos acciones ilegales. La primera, pretendía rentar tierras de uso comunal, las cuales solo pueden ser utilizadas para agricultura. Y la segunda, ganó una licitación otorgada por la CFE en 2016 sin haber realizado una consulta previa y de información con la comunidad como lo marcan diversas leyes internacionales y nacionales.
LA ZONA CON MÁS CENTRALES EÓLICAS EN EL MUNDO
Para entender el grado de presión social que han significado las centrales eólicas en el Istmo de Tehuantepec debemos comprender las circunstancias geográficas y sociales.
En primer lugar, esta región es privilegiada en cuanto a velocidad del viento se refiere. Acorde con información provista por Sergio Juárez-Hernández y Gabriel León, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
“la velocidad media anual de los vientos excede 10 m/s, siendo que en promedio en el mundo se aprovechan vientos de 6.5 m/s para la generación de energía.
“Los vientos en el Istmo de Tehuantepec son además relativamente estables un porcentaje alto de horas por año. De ahí que su potencial energético sea considerado como excelente”.
La primera central eólica en la región fue abierta en 1994, en el ejido La Venta, municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En 2006 se construyó la central eólica La Venta II.
De acuerdo con datos de Juárez-Hernández y León, “[dicho] proyecto estuvo a cargo de la Comisión Federal de Energía, la cual lo adjudicó en licitación a las empresas españolas Iberdrola y Gamesa, con un costo de inversión de 112.5 millones de dólares (mdd)”.
Juan Antonio López indica por su parte que esta región oaxaqueña es el lugar con más centrales eólicas en el mundo. Actualmente tienen 27 parques de este tipo.
Si bien este tipo de empresas parece importante para el desarrollo de energías más limpias y posibles entradas de dinero en la región, López relata que las afectaciones a las comunidades han sido múltiples.
AFECTACIONES EN LA REGIÓN
La primera son las cuestiones ambientales: “Una central eólica crea daños al subsuelo y contamina ríos y el mismo mar. Al derramar a una profundidad de hasta 8 metros, tanto cemento como concreto, contaminan demasiado el subsuelo”.
Y agrega: “Cuando estos proyectos fallan empiezan a tirar mucho aceite por todos lados, contaminando la tierra”.
Tanto el informe de Sergio Juárez-Hernández y Gabriel León y lo dicho por Juan Antonio López a Newsweek en Españolcoinciden en que la afectación a las aves migratorias y los murciélagos en la región es grave debido a los autogeneradores.
“El tema de la muerte de aves y murciélagos por colisión con los aerogeneradores es relevante. El Istmo de Tehuantepec es uno de los corredores de aves migratorias más transitados del mundo”, escriben Juárez-Hernández y León en su informe.
Agregan que, información de 2007 “en La Venta II arrojó que la tasa de mortalidad de aves migratorias podría ser de 20 o más ejemplares por mw instalado por año”.
Otras problemáticas que se suman son las sociales. La mayoría de las tierras de la región son ejidales y comunales, por lo que su propiedad es colectiva y para uso agrícola.
Por ello, cuando las empresas se introducen y fraccionan la tierra: “generan confrontaciones entre familias, vecinos y amigos. Han creado un incremento de delincuencia en la región”, específica Juan Antonio López, de ProDESC.
Debido a que las decisiones sobre esas tierras deben tomarse en asamblea, Juárez-Hernández y León observan que las empresas suelen incidir en convencer al presidente del comisariado ejidal o de bienes comunales para que, a su vez, convenza al resto de la asamblea. Y eso causa conflictos dentro de las comunidades.
ENERGÍA LIMPIA, ¿PARA QUIÉN?
El argumento a utilizar el espacio privilegiado del Istmo para producir energía eólica es que sus beneficios son mayores que las afectaciones. Sin embargo, Juárez-Hernández y León apuntan a que los beneficios en realidad privilegian a grandes empresas.
Lo anterior es porque la mayoría de los aerogeneradores instalados producen energía para las denominadas sociedades de autoabastecimiento. Estas están conformadas por grandes consumidores industriales, comerciales y de servicios.
Con información de 2014, en el informe Juárez-Hernández y León se indica que “más de 90 por ciento de la capacidad es propiedad de empresas privadas, de las cuales dos, Acciona Energía e Iberdrola, concentran cerca de 65 por ciento”.
Además, apuntan que los beneficios por arrendar las tierras en los ejidos son menores en comparación con otros países. Por ejemplo: las regalías ofrecidas a las comunidades en el Istmo son de 0.0025- 1.53 por ciento. Mientras que en Estados Unidos es de entre 3 y 6 por ciento.
El derecho a la información y consulta previa de las comunidades, especialmente de grupos indígenas, cuyo entorno y condiciones de vida resulten afectados por la ejecución de un proyecto de cualquier índole, está reconocido en disposiciones internacionales y en la legislación nacional.
En lo internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. En el ámbito nacional, en los artículos 2 y 26 de la Constitución y menciones en algunas leyes estatales.
UNIÓN HIDALGO, UN PROCESO LARGO DE DEFENSA
Por ello, en 2017 el municipio de Unión Hidalgo, apoyado por ProDESC, interpuso un amparo para obtener información del proyecto que se pretendía poner en su comunidad. Fue en 2018 cuando la Secretaría de Energía dio inicio al procedimiento de consulta en la comunidad.
Sin embargo, este proceso fue lento y atropellado y fue cancelado en 2019 por un juzgado federal. Y luego vino su reanudación en 2020, en un ambiente de violencia en la región y con muchas irregularidades. Al final, esta consulta no llegó a su término por la pandemia del covid-19.
Al final, lo que realmente remató a la centra eólica en la región fue que “el 31 de mayo [2022], la Secretaría de Energía informó al juzgado de distrito que concedió el amparo a la comunidad, que los contratos y permisos están cancelados para el parque y que por lo tanto ya no es viable que se realice”, cuenta Juan Antonio López, de ProDESC.
El defensor de derechos humanos relata que durante el proceso de defensa del territorio varias personas involucradas sufrieron diversas violencias.
“Hugo gritos en las asambleas de consulta, amenazas incluso de muerte. Hubo daños hacia personas en atentados, intentos de linchamiento, agresiones, golpes”, narra López.
EL CAMINO LEGAL AÚN NO CONCLUYE
Los pobladores contra la central eólica de Gunaa Sicarú han ganado en México. Pero sus procesos contra la empresa francesa continuarán en dicho país europeo.
En 2018 presentaron una denuncia ante el punto nacional de contacto de la OCDE en Francia por violaciones a las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, cometidas por EDF Group y su filial, Eólica de Oaxaca.
“En Francia, como en muchos países europeos, surgió una ley que es de debida vigilancia por parte de las empresas y que las obliga a respetar a los derechos humanos, no solo en el país originario, sino en el país destino.
“Con base en esta nueva ley, ProDESC determinó iniciar un proceso ahí ante los juzgados civiles y se logró la admisión”, explica López. Y agrega: “Es decir, el juicio en Francia sigue vigente y continúa”.
Si se gana el juicio en Francia, el defensor de derechos humanos indica que podría ser un antecedente para comunidades indígenas de Latinoamérica y todo el mundo. Esto porque podrían utilizarse estos procedimientos para la defensa de otros territorios.
En cuanto a este caso en particular, Juan Antonio López puntualiza que, de ganarse el caso en Europa, “se pudiera cancelar cualquier otro tipo de acto por parte de la empresa que pretenda construir otro parque. Y también podría generarse algún tipo de compensación hacia la comunidad”. N
