Puebla, Pue. El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la universidad Iberoamericana hizo un llamado a reconocer el contexto de vulneraciones a derechos humanos de mujeres, migrantes y defensores, señalaron que es importante que las instituciones reflejen su compromiso con las víctimas y personas afectadas a través del discurso que se utiliza, así como a partir de acciones concretas dirigidas a cumplir con el respeto, protección y garantía y promoción de los derechos humanos.
Mediante un comunicado dicha casa de estudios, señaló que la negación o minimización de las violaciones a derechos humanos manda un mensaje de tolerancia estatal que fomenta la repetición y agravamiento de las mismas.
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En el caso de los feminicidios criticó las cifras del gobierno, pues mientras ellos tienen registrados 173 probables feminicidios y la Fiscalía General del Estado (FGE), entre 2019 y 2021 tienen abiertas 126 carpetas, en las cifras oficiales, únicamente el 19% han concluido en sentencias condenatorias (24) lo que significa que el 81% de los casos aún no son esclarecidos y sancionados.
Con relación al tránsito irregular por la entidad y el retorno forzado de personas migrantes oriundas de Puebla, los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración de enero a octubre 2021 ya se posicionan como los más altos en una década, registrándose más de 4,600 eventos de detención migratoria en Puebla que deben ser visibilizados y atendidos dignamente por autoridades federales y estatales, pues justamente el IDHIE ha documentado en monitoreos semanales condiciones de hacinamiento, insalubridad, incertidumbre jurídica, casos de tortura psicológica y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Además, resultan preocupantes los más de 13,600 eventos de repatriaciones de personas poblanas que generalmente ocurren en condiciones de alta vulnerabilidad e invisibilidad al acontecer o ser más evidentes en estados fronterizos del norte o afectar a comunidades en municipios y localidades más rurales, remotas o marginales al interior de Puebla.
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En tanto a la detención de personas cuyo trabajo por la defensa de los derechos humanos ha motivado su privación de la libertad como la detención de Miguel López Vega, defensor del agua y del territorio, quien fue encarcelado del 23 al 29 de enero de 2020, así como de Anastasio González Sanguinez, Eruviel Aguilar Gómez y Basilisa Montaño Gutiérrez, integrantes del movimiento Unidad por Coyomeapan, encarcelados desde el 2 de septiembre de este año.
En estos casos, el vínculo entre la privación de la libertad, el contexto sociopolítico y su condición de defensores debe tomarse en cuenta para evitar el uso indebido del derecho penal ocasionando la criminalización de la defensa de derechos humanos. Ante estas declaraciones públicas, hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Puebla a reconocer el contexto de vulneraciones a los derechos humanos de mujeres, personas migrantes y personas defensoras.
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Con información de Diario Puntual
