NICARAGUA celebrará el próximo domingo elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos o exiliados, se apresta a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, bajo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca.
Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo (70), a quien llama “copresidenta”, a la cabeza del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), informó AFP.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y la República Dominicana condenó este jueves la que consideran una “falta de garantías a derechos y libertades” en el marco del proceso electoral en el país centroamericano.
Ambos organismos consideran que “resulta imperioso restablecerlas” y suprimir las barreras para que todas las personas puedan participar plenamente en ese proceso.
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Tanto la Comisión Interamericana como la Oficina de la Alta Comisionada indican que “vienen observando” un incremento de la represión y de las “afectaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del proceso electoral”, y señalan que han instado reiteradamente al gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
A su vez, advierten que una serie de hechos como la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos, la detención arbitraria de siete personas precandidatas a la presidencia, la de más de 30 líderes sociales y políticos, junto a la descalificación de una candidata a vicepresidenta, elimina el pluralismo político que el gobierno estaba obligado a garantizar en el próximo proceso electoral.
De igual modo, mostraron su preocupación ante la negativa de permitir la entrada a Nicaragua de varios periodistas extranjeros durante las últimas semanas, así como la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral y los ataques contra medios de comunicación y periodistas.
Entre estos últimos, citaron el allanamiento de las instalaciones del diario La Prensa, el 13 de agosto, y la detención de su gerente general al día siguiente, que consideran que “restringieron también indebidamente la libertad de expresión y el derecho a la información”.
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Ambos organismos reiteran su llamado a las autoridades nicaragüenses a restablecer las condiciones encaminadas a la celebración de “unas elecciones libres y justas” determinadas mediante “un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad”.
Para producirse esta situación, consideran “imprescindible” que el poder ejecutivo “restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil”, informó ONU Noticias. N
