El domingo 1° de agosto se llevará a cabo en México la consulta de participación ciudadana para someter a votación la apertura de un juicio contra ex presidentes de la República que hayan incurrido en acciones violatorias a la Constitución Política durante su mandato.
Para que la consulta tenga carácter vinculatorio y se pueda enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se deberá contar con una participación mínima de 37 millones de mexicanos.
Por lo anterior, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera, pidió a los ciudadanos de la entidad que participe en la consulta, ya que se trata de nuevos mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones, que además le costará al erario una gran cantidad de recursos.
“Que acudan, que vayan porque es una democracia directa, es idílica, pero le abre los ojos y le señala el camino al legislador mexicano que mucho lo necesita, es una nueva experiencia, que llega tardía y con un formato muy pasado de moda, ahora lo que el legislador requiere es que esta participación directa esté vinculada a la velocidad de la luz por vía de pantallas e instrumentos tecnológicos”.
Aunque existe un debate en torno a la aplicación de la ley contra los actores políticos que hayan cometido algún tipo de irregularidad en sus sexenios y la realización de la consulta, el titular del INE señaló que este tipo de instrumentos participativos dan a la población la oportunidad de decidir sobre los asuntos públicos del país, situación que ya se aplica en otros países.
“Son fundamentales para la toma de decisiones”, subrayó.
En octubre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la realización de la consulta para enjuiciar a ex presidentes de la República, además de aprobar la pregunta que se colocará en las boletas de votación:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Al respecto, Ignacio Ruelas Olvera destacó que la pregunta podría generar confusión en la ciudadanía ya que es poco clara y podría ser extensiva a funcionarios públicos de otros niveles de gobierno, no sólo a ex presidentes de la República.
“La pregunta es confusa, hay que decirlo desde ahora, porque no habla de enjuiciar a expresidentes, sino de actores políticos, y un actor político puede ser un dirigente de partido que agarró al partido como franquicia o que metió a toda su familia al partido, o un funcionario público actual, porque el pasado inicia ahora, y la palabra no miente”.
Para la consulta se prevé la impresión de 93.5 millones de boletas, las cuales incluirán cuatro candados de seguridad para evitar su falsificación: microimpresión, impresión invertida, imagen latente y tinta invisible.
Asimismo, se instalarán 57 mil mesas de votación que se ubicarán en los mismos sitios de los procesos electorales.
Se estima que la consulta costará alrededor de 528 millones de pesos, incluyendo 80 millones de pesos que inicialmente estarían destinados a la construcción de un nuevo edificio sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México.
Finalmente, sobre las sanciones que podrían aplicarse en caso de que se presentaran irregularidades en el manejo del material de votación el día de la consulta, el vocal ejecutivo del INE aseguró que en los lineamientos de la consulta son poco claros, pero se espera que el proceso se realice de forma tranquila y ordenada.
“Habría que valorar la posibilidad de hacer alguna denuncia dado que la democracia directa no necesita de intermediarios, habrá que buscar alguna analogía de castigo que la ley señale en términos de democracia directa”, puntualizó.
Asimismo, afirmó que 15 días antes de la consulta las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán abstenerse de emitir propaganda con las acciones de sus administraciones, situación similar al periodo de veda en los procesos electorales.
“Del 15 de julio al 1° de agosto no se podrá hacer publicidad ni propaganda de los gobiernos constitucionales, de manera tal que están muy sentidos, pero no es cosa del INE sino de la ley que hicieron los legisladores, entonces las autoridades ya están informadas para que tomen sus providencias, salvo en los temas educativos, de protección civil y de salud”, finalizó.
