LAS FAMILIAS de algunos de los 21 opositores detenidos en Nicaragua, a quien el presidente Daniel Ortega calificó de “criminales” que “querían derrocarlo”, informaron que han ido diario a la cárcel de El Chipote, donde “creen” que están recluidos, sin embargo, no les permite verlos.
A unos meses de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre, el gobierno realizó una serie de detenciones contra cinco aspirantes opositores a la presidencia, así como “a críticos, activistas, empresarios y hasta excamaradas de armas del gobernante”, informó AFP.
El último en ir a prisión fue el exdiputado y periodista Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y hermano de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, una de las opositoras detenidas.
“Venimos tres veces al día y lo único que nos toman (reciben) es agua”, aseguró Martha Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, en los exteriores de esta prisión de auxilio judicial de la Policía, donde llevan a las personas que están bajo investigación, de acuerdo con AFP.
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Urcuyo es una de las personas —esposas, madres e hijos— que a diario llegan a la penitenciaria localizada al suroeste de Managua, en una colina, “para saber de la situación de sus parientes, varios de ellos detenidos tras allanamientos a viviendas y arrestos nocturnos”, informó la misma agencia.
El mandatario, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones consecutivas.
La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, emitió una resolución en la que pide al Estado de Nicaragua la “liberación inmediata” de cuatro de ellos.
El tribunal determinó “requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata” de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como del empresario José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera.
La entidad valoró que puede actuar en favor de estas cuatro personas, pues la situación cumple tres premisas: ser de “extrema gravedad”, debe atenderse con “urgencia” y debe tratar de “evitársele daños irreparables”. Esto se ampara en la Convención Americana.
En esta decisión, conocida como medida provisional de la Corte IDH, se pide al Estado de Nicaragua que informe “a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión”. N
