Los servidores públicos involucrados en “Los falsos contratistas de Kiko Vega”, fueron denunciados por Iniciativa Sinaloa, un organismo que trabaja por la transparencia y combate a la corrupción.
Luego de que Newsweek Baja California revelara el pasado 28 de abril un entramado para contratar empresas fantasmas en la administración del exgobernador Francisco Vega, la organización no gubernamental interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La denuncia con fecha del pasado 26 de mayo, derivada del reportaje, pide a la autoridad federal que investigue si existieron faltas administrativas y elabore un informe de la presunta responsabilidad de servidores públicos.
Entre las posibles faltas administrativas graves se encuentran cohecho, peculado, utilización indebida de información y actuación bajo conflicto de interés.
Además las consideradas no graves, como la falta de corroboración del domicilio del acta constitutiva de la personal moral existiera, y en el momento que el servidor público del área de finanzas o el competente para la celebración de contratos, no denunció que la celebración del contrato se trataba de una “empresas fantasma”.
La denuncia también señala las posibles faltas administrativas de los particulares, como es su participación ilícita en procedimientos administrativos, utilización de información falsa y colusión.
Como antecedentes, pone los hallazgos encontrados en el reportaje “Los falsos contratistas de Kiko Vega”, que forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
El reportaje reveló que Ignacia Cruz Rodríguez Adame y su esposo Gilberto Muñoz Moreno, en papel son los dueños de grupo Viarpa, quien recibió contratos por más de 2 millones de pesos, sin embargo ellos no lo sabían.
Actualmente viven en un pequeño cuarto en un cerro del cañón Bugambilias y trabajan los fines de semanas en un puesto ambulante que vende champús, sandalias y estropajos, en la Zona Centro de Tijuana.
Además los documentos personales de Ignacia, fueron usados para crear la empresa Oliza Comercializadora, que recibió dos contratos para organizar eventos masivos, en 2016, por la cantidad de 400 mil pesos.
En los hechos, integran el caso de tres empresas que son proveedoras del actual gobierno de Jaime Bonilla, y sus socios están relacionados con algunas de las 51 empresas detectadas por el SAT como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), entre el 2014 al 12019.
Como pruebas, la denuncia íntegra fotografías de la casa de Ignacia, su lugar de trabajo, fachadas de los domicilio que se encuentran registradas las empresas fantasmas, y un enlace del reportaje.
La denuncia fue recibida el 26 de mayo por la Secretaría de la Función Pública, con el folio 42046/2021.
Ilustración principal realizada por Halia
