Candidatos se confrontan por mantener contrato de Fisamex | Newsweek México


Candidatos se confrontan por mantener contrato de Fisamex

SEGUNDA ENTREGA 

Este reportaje forma parte de la Serie: Recursos y Energía para Baja California, donde los candidatos punteros a la gubernatura y alcaldía de Tijuana comparten sus opiniones sobre el monopolio de gas lp, el agua y las energías limpias en la entidad.

Municipalizar organismos del agua, reactivar proyectos de desalinizadoras e incluso continuar con el contrato a Fisamex, son posibilidades planteadas por los candidatos punteros de la contienda electoral del próximo 6 de junio.

Para solucionar el déficit, las dos últimas administraciones bajacalifornianas han optado por aplicar tandeos durante el verano de los dos últimos años, particularmente en Tijuana, municipio que concentra 1.9 millones de los 3.7 millones de los habitantes del estado, de acuerdo al último censo de Inegi.

Con el argumento de hacer frente al déficit de agua, en 2018 el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid aprobó a la empresa Aguas de Rosarito instalar en Playas de Rosarito una planta desalinizadora para la generación de agua dulce, a cambio de pagar durante 37 años un monto anual de 173 millones de pesos.

El contrato se asignó mediante el esquema de Asociación Público Privado, pero a mediados de 2020 el gobierno de Jaime Bonilla lo rescindió por inviabilidad financiera del proyecto, costo del financiamiento y operación, y el tipo de cambio peso-dólar, según explicó.

La candidata a gobernadora Lupita Jones, indicó que reactivará proyectos de plantas desalinizadoras que sean sustentables ambiental y financieramente, aún aquellos que fueron cancelados.

En cambio, municipalizar los organismos operadores de agua, representaría un problema financiero a los municipios, opinó la candidata Marina del Pilar Ávila.

El contrato adjudicado en 2020 por la administración de Jaime Bonilla a Romafam SA de CV, conocida comercialmente como Fisamex y operada por Manuel García Soto, para fiscalizar los consumos de agua de usuarios comerciales e industriales, dividió la opinión de los candidatos entrevistados.

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Para Jorge Ramos Hernández los cobros efectuados por auditorías de Fisamex representan un robo para los usuarios.

De acuerdo a un reporte de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, a través de Fisamex, la actual administración estatal logró recuperar en 2020 alrededor de mil 500 millones de pesos, de pagos requeridos a 3 mil empresas con rezagos de hasta 5 años en el pago del servicio de agua potable y alcantarillado.

Por esa intervención, el gobierno de Jaime Bonilla pagó a Fisamex 278 millones de pesos, por concepto del 20% de pagos recuperados.

Alrededor de 600 empresas han presentado denuncias e impugnaciones contra los cobros aplicados por los organismos operadores del servicio de agua en el estado,  derivados de las auditorías de Fisamex.

El pasado 3 de mayo Lupita Jones Garay denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador Jaime Bonilla Valdez por los delitos de lavado de dinero, peculado y concusión, supuestamente realizados a través de la empresa Fisamex.

Acusó a Manuel García y a funcionarios del gobierno de Bonilla de triangular recursos e intentar ocultar 278 millones de pesos captados a través de Fisamex para ser depositados a Fiscales del Agua S.A. de C.V. y Salhec Grupo Consultor, compañías de las que Manuel García es socio mayoritario.

 

Marina del Pilar: no ha pensado si renovará o no contrato a Fisamex

Para Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Baja California, la municipalización de los organismos operadores del agua sí es una alternativa, siempre y cuando primero resuelvan las problemáticas financieras que tienen.

“No podemos pasarles a los municipios más problemas financieros, ya tienen suficientes, sí es una fuente de financiamiento importante, ciertamente los organismos proveedores del agua sí le generarían recursos a los municipios, pero también le estarían generando deudas, hay que analizar muy bien el esquema y el momento idóneo para poderlos municipalizar”.

Respecto a la deuda que podría generar los amparos contra los cobros de Fisamex, la aspirante dijo que hasta que lleguen las resoluciones, revisará cómo solventará financieramente la devolución de los recursos reclamados.

Tampoco ha determinado si renovará o no el contrato con Fisamex.

“Por el momento no hemos pensado en esa situación, ya llegado el momento en que estemos ahí podemos revisar cual es la mecánica que tiene para este tipo de cobros, los que deban agua se les va a cobrar, siempre y cuando deban agua, lo justo”.

 

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 Lupita Jones: Reactivará desalinizadores que considere viables

La candidata a gobernadora de Baja California, Lupita Jones Garay, expuso que contar con abasto suficiente de agua será una prioridad para su gobierno, lo que implica el reactivar los proyectos de plantas desalinizadoras incluidos aquellos que fueron cancelados, siempre y cuando sean viables.

“Tenemos que ver porqué se cancelaron, también tengo entendido que ha habido mucha corrupción detrás de todos esos proyectos, tengo que revisar que haya claridad en el manejo de todo y, sobre todo, en el fondeo de cada una de estas plantas desaladoras”, asentó.

Agregó que también buscará realizar convenios con agricultores de la Zona Costa que tienen sus propias plantas desaladoras para que, a cambio de un subsidio, apoyen en darle agua potable a los residentes del Valle de San Quintín.

De los amparos contra Fisamex, Lupita Jones se comprometió a revisar caso por caso para ver si es posible llegar a algún acuerdo conciliatorio.

 

Jorge Hank Rhon: Ve desfavorable municipalizar la CESPT

El candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon, consideró desfavorable poner en manos de los municipios los organismos operadores de agua.

“Es una bomba de tiempo, ahorita está pésima mal operada, esos recibos y cobros locos a algo deben de obedecer, a lo mejor poniéndola bien, poniéndola a marchar lo veremos y lo veríamos con mucho gusto”, dijo respecto a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Hank calificó como un asalto los cobros realizados por Fisamex, cuyas auditorías han afectado a Grupo Caliente, consorcio del que es propietario.

“Vamos a revisar todas, por supuesto y vamos a actuar conforme a la ley, ¿no? Y conforme a la ley también con sensibilidad política, no se vale asaltar que eso es lo que están haciendo”.

 

Montserrat Caballero: Sin definir municipalización de servicios de agua

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Tijuana, Monserrat Caballero, no tiene definido si los organismos operadores del servicio de agua deben o no pasar a manos de los municipios, o deben mantenerse como paraestatales.

“Para mí será lo que funcione mejor, si hasta ahora ha funcionado que este en el estado no hay porque hacer un cambio”.

Antes de hablar de municipalización, consideró primero determinar el mayor beneficio para los ciudadanos.

“Si determinamos que el mayor beneficio se da teniéndolo el municipio, pues vamos a pelear, mejor dicho, vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno del estado que va hacer de Morena, entonces somos familia”, concluyó.

 

Jorge Ramos Hernández: a favor de municipalizar la CESPT

El candidato a la presidencia municipal de Tijuana por la coalición Va x Baja California, Jorge Ramos Hernández, plantea municipalizar la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), en los primeros seis meses de su gobierno.

“En el primer semestre de mi administración vamos a estar en control de la dependencia, es una facultad exclusiva que tienen los municipios de México, según la constitución en el 115. Ya está muy estudiado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a ser prácticamente un trámite”, asentó.

Una vez que el organismo esté en manos del municipio, anotó que procederá a cancelar el convenio signado con Fisamex.

La empresa “está robando a los usuarios de Tijuana, están extorsionando a grandes empresarios con cuentas inexistentes, y se están llevando el 20% de comisión, imagínate, es un robo legalizado por parte del gobierno”, acotó.

Con información de Eduardo Jaramillo y Adelina Dayebi Pazos

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