ESTE JUEVES, los congresistas estadounidenses Alan Lowenthal (California), Albio Sires (Nueva Jersey), Raúl Grijalva (Arizona) y Joaquín Castro (Texas), pidieron al Secretario de Estado Antony Blinken priorizar la protección a personas migrantes, la seguridad ciudadana, el estado de derecho y los derechos humanos en la agenda bilateral entre Estados Unidos y México.
Quince congresistas más se sumaron a la petición hecha por medio de un carta, donde se expresa que con el cambio de rumbo marcado anteriormente por Donald Trump, se deben establecer las áreas de cooperación fundamentales para construir una relación bilateral centrada en los derechos humanos.
Si bien el presidente Biden ha suspendido la política de “Permanecer en México” y el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado recientemente que comenzará a procesar a las personas con casos abiertos bajo esta política, decenas de miles de personas todavía esperan en México para continuar con su inmigración a los Estados Unidos, señala la carta.
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“A medida que la administración desarrolla una estrategia para el ingreso de estos solicitantes de asilo, alentamos la coordinación con el gobierno mexicano y las organizaciones internacionales y la consulta con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que durante cualquier espera continua en México, los solicitantes de asilo tengan acceso a agua, alimentos y atención médica, refugio y protección contra el crimen”.
La urgencia de este último tema es clara a la luz de la actual violencia contra los migrantes en México.
“El 22 de febrero de 2021, las autoridades mexicanas descubrieron los restos carbonizados de 19 personas, la mayoría guatemaltecas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
Además, Human Rights First ha recopilado 1.314 casos de asesinato, violación, secuestro y otros ataques contra solicitantes de asilo en el marco del programa “Permanecer en México”.
“Lo instamos a que apoye al gobierno mexicano en su trabajo para combatir la impunidad por estos crímenes a través del fortalecimiento de las investigaciones, la asistencia forense y el intercambio de información”.
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El sistema de asilo de México también merece atención prioritaria. Si bien la agencia de refugiados de México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ha mejorado su capacidad de procesamiento, los solicitantes de asilo continúan enfrentándose a una detección inadecuada de problemas de protección por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de migración, las malas condiciones en los centros de detención y los largos tiempos de procesamiento, indican los congresistas.
“Estos desafíos se vieron exacerbados por la pandemia, que hizo que aumentara la acumulación de solicitudes de asilo, mientras que la COMAR carecía de la capacidad de personal para procesar estos casos. La cooperación México-Estados Unidos debe buscar mejorar el acceso a la protección en México, en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las organizaciones de la sociedad civil, aumentando la presencia de COMAR en todo el país, apoyando alternativas a la detención para los solicitantes de asilo, y más mejorando la capacidad de COMAR”.
Los últimos dos años han sido testigos de una violencia récord en México, con aproximadamente 35,000 homicidios anuales, se añade en el documento. “Aproximadamente 30 defensores de derechos humanos y periodistas fueron asesinados en 2020. Más de 80,000 personas han desaparecido desde 2006. En este contexto, lo alentamos a trabajar con el gobierno mexicano para abordar los niveles casi totales de impunidad que permiten a los grupos criminales y agentes estatales perpetrar delitos graves y abusos contra los derechos humanos.
“Creemos que la creación de instituciones civiles y el fortalecimiento del estado de derecho y los derechos humanos son los componentes básicos de una solución sostenible a la violencia, y lo alentamos a explorar formas de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y México para mejorar las investigaciones y aumentar el porcentaje de casos procesados con éxito, incluidos los delitos de corrupción y la colusión entre actores estatales y grupos criminales”.
Por último, indican, creen que es fundamental apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos que trabajan para fortalecer el estado de derecho.
“Nos preocupan las declaraciones del presidente López Obrador dirigidas a defensores de los derechos humanos y periodistas, y lo alentamos a plantear constantemente estas preocupaciones a las autoridades mexicanas.
“Es necesario fortalecer el Sistema de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de México y la Fiscalía Especial designada para investigar los delitos cometidos contra ellos. Lo alentamos a reunirse con defensores de los derechos humanos y periodistas para escuchar sus inquietudes y conocer su importante labor”.
También solicitaron prestar atención a colectivos de familias de desaparecidos de México que han tomado la iniciativa de búsqueda y, junto con el Sistema Nacional de Búsqueda de México, han ayudado a descubrir miles de fosas clandestinas y restos humanos.
“Además de fortalecer la capacidad forense de México para identificar a las víctimas encontradas por familiares y autoridades, alentamos el apoyo a las investigaciones de desapariciones forzadas para sancionar a los responsables y prevenir la repetición de estos delitos”.
Finalmente los congresistas expresan su confianza en que se trabajará para garantizar que los derechos humanos estén en el centro de la política de nuestro país hacia México. N
