La Asamblea Legislativa saliente de Bolivia aprobó este jueves recomendar un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina Jeanine Áñez y sus ministros por los conflictos sociales del año pasado que dejaron una treintena de muertos.
Los cargos contra Áñez incluyen resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, por los hechos ocurridos Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, según informa el diario local ‘El Deber‘.
La comisión especial del Parlamento de Bolivia recomendaba en su informe final iniciar dos juicios de responsabilidades contra Áñez y miembros de su gabinete por las masacres de manifestantes durante los primeros días de su gestión en 2019.
🔴 #ÚLTIMO
La #ALP aprueba informe final sobre las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, que recomienda un juicio de responsabilidades a Jeanine Añez por genocidio y otros delitos; y procesos penales contra 11 ministros y exministros por la vulneración de derechos y garantías. pic.twitter.com/Gb6m0MulcQ— Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) October 30, 2020
Dicho informe detallaba que por el caso de los sucesos en Sacaba, en El Alto, donde murieron al menos 36 personas, “se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictiva”.
Mientras que, por otra parte, la segunda causa está relacionada con la firma del decreto 4078 el 14 de noviembre de 2019, un día después de que Áñez jurara el cargo, cuando los conflictos y protestas se sucedían a lo largo de todo el país.
En concreto, el artículo 3 de esta medida eximía de responsabilidad a los militares, por lo que se acusa a Áñez de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Por esta causa, además, se enjuiciará a todos los ministros que firmaron el decreto, once en total.
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Con la aprobación del informe, la Asamblea, controlada por el Movimiento a Socialismo (MAS), ha dado luz verde a iniciar un juicio ordinario contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por los delitos de genocidio y asesinato, entre otros, así como contra el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante del Ejercito Williams Kaliman por los mismos delitos.
Los casos han sido derivados a la Fiscalía General del Estado (FGE), La Procuraduría General del Estado (PGE) y la Contraloría, que seguirán con las investigaciones y abrirán los procesos finalmente.
Añez dice ser “inocente”
Áñez ha culpado al partido de su predecesor, Evo Morales, y del que será su sucesor, Luis Arce, del inicio de este proceso. “Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial”, ha declarado en Twitter, en un mensaje que ha compartido también en sus redes Arturo Murillo, entre otros dirigentes.
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“Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos, controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara”, ha dicho, en aparente alusión a la huída de Morales tras las controvertidas elecciones generales de octubre de 2019.
Los incidentes
Tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 -que luego fueron anuladas-, se desataron protestas opositoras en todo el país con denuncias de fraude a favor del entonces presidente Morales, quien aspiraba a ser reelegido hasta 2025.
Primero se registraron choques entre civiles y luego de manifestantes y fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas en varias regiones. Morales renunció el 10 de noviembre y salió al exilio, primero a México y luego Argentina.
Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que durante esos incidentes se registraron unos 35 muertos y los incidentes más graves se dieron en el poblado de Sacaba, en la región central de Cochabamba, y en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
Con información de AFP y Europa Press.
