Tras publicarse las listas de beneficiados para recibir apoyo económico durante la contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19, 36 funcionarios de 17 ayuntamientos fueron sancionados por diferentes irregularidades, al intentar quedarse con dinero del programa de desempleo.
Las quejas y señalamientos en redes sociales dieron pie a una investigación en 44 ayuntamientos por parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), contra servidores públicos quienes pretendieron acceder a los apoyos del Programa de Desempleo del Gobierno de Yucatán, realizado con motivo de la emergencia sanitaria.
Las sanciones fueron de acuerdo a su gravedad, desde el apercibimiento, suspensiones y hasta el cese definitivo.
A ocho personas aún no se determinan las sanciones, a otras dos con base a los códigos de ética se les realizó un procedimiento administrativo, a 16 más se les abrieron expedientes y recibieron amonestaciones y cuatro fueron retirados de sus cargos.
62 ayuntamientos faltan por dar respuesta al SEAY, así como otras dependencias de la administración pública yucateca.