La expresión más extrema de la inseguridad alimentaria es el hambre. En 2018 afectaba a 42.5 millones de personas en Latinoamérica y El Caribe. A esta cifra se debe añadir a quienes enfrentan incertidumbre en cuanto a su capacidad para obtener alimentos y que se han visto obligados a reducir la calidad o cantidad de comida que consumen, que en ese mismo año sumaron 188 millones de personas, es decir, una tercera parte de la población de la región se encontraba en inseguridad alimentaria antes de la aparición de los primeros casos de COVID-19.

La pandemia causada por el coronavirus repercutirá en un incremento del hambre y la pobreza en los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Aunque las medidas sanitarias se han implementado para evitar que el número de contagios crezca, estas tendrán consecuencias en el funcionamiento de los sistemas alimentarios.

La CELAC enfrenta esta nueva amenaza a su seguridad alimentaria desde distintos contextos. A escala regional, la subalimentación ha venido aumentando en los últimos años hasta alcanzar una prevalencia de 6.5 por ciento en 2018 (indicador para monitorear las metas de hambre incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible), luego de lograr una importante reducción entre 2000 (62.6 millones de personas, u 11.9 por ciento de la población) y 2014 (38 millones de personas, o 6.1 por ciento de la población), según un nuevo informe de la FAO.

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Esa era la situación cuando, en 2015, la III Cumbre de Presidentes de la CELAC aprobó el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 (Plan SAN CELAC).

“En Mesoamérica se observó una reducción de la subalimentación en los últimos años, en tanto que El Caribe experimentó un estancamiento. El aumento de la subalimentación en la región, por tanto, se explicó por el incremento en Sudamérica, que entre 2014 y 2018 pasó de 19 millones a 23.7 millones de personas, o de 4.6 por ciento a 5.5 por ciento de la población. De las tres subregiones, Sudamérica concentra el 55 por ciento de los subalimentados en la región”.

Los países con mayor prevalencia de personas que sufren hambre en 2018 fueron Haití (49.3 por ciento), Guatemala (15.2), Nicaragua (17), Bolivia (17) y la República Bolivariana de Venezuela (21.2). En relación con el número de personas con hambre (millones), la República Bolivariana de Venezuela (6.8), Haití (5.4), México (4.7), Perú (3.1) y Guatemala (2.6) concentraban más de la mitad de los subalimentados de la región.

En estos territorios, el retraso de crecimiento infantil o desnutrición crónica caracteriza la seguridad alimentaria de los menores de cinco años de edad o menos, aunque los países de la CELAC han tenido avances importantes en los últimos 30 años, al reducir la prevalencia de desnutrición crónica a menos de la mitad entre 1990 y 2018, lo que significó pasar de 22.8 por ciento a 9 por ciento de la población.

COVID-19, PAÍSES DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN

De acuerdo con la FAO, hay países y territorios donde los impactos del COVID-19 pueden ser especialmente graves. Esta manifestación severa e incluso súbita de hambre puede ser monitoreada por medio del indicador de inseguridad alimentaria aguda.

En 2019, la región registró 18.5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda a causa de factores económicos y climáticos. Este conjunto de población se concentró en ocho países.

Más de la mitad estuvo asociada con el deterioro de la seguridad alimentaria dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela: se estima que 9.3 millones de venezolanos padecían inseguridad alimentaria aguda en el país, al igual que 1.2 millones de venezolanos migrantes a Colombia y Ecuador. El resto de la población regional en inseguridad alimentaria aguda se concentraba en los países de Centroamérica, especialmente en la zona comprendida por el Corredor Seco (4.4 millones en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), y Haití (3.7 millones).

La manifestación del hambre y las distintas formas de malnutrición puede ser particularmente severas en algunos territorios en el interior de los países, explica el documento. Por ejemplo, en Belice, Colombia, Guyana, Honduras, México, Panamá y Perú existen territorios donde la desnutrición infantil es de más del doble que el promedio nacional. 

Y en las zonas rurales las cifras de retraso en el crecimiento son considerablemente mayores que en las zonas urbanas, incluso llegan a alcanzar diferencias mayores al 50 por ciento en Belice, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam.

IMPACTOS DE COVID-19 EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los efectos de la pandemia por COVID-19 sobre los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria en los países de la CELAC variarán, en primer lugar, según las estrategias sanitarias desarrolladas en cada uno de los países, y serán más profundos según se extienda su aplicación en el tiempo, en ausencia de políticas complementarias. 

Adicionalmente, “los impactos sobre la oferta y demanda de alimentos dependerán de las estructuras productivas y comerciales de los países, de sus niveles y grado de desigualdad de los ingresos, y de factores externos relacionados con los mercados energéticos y crediticios, o los tipos de cambio”.

La actual crisis sanitaria compromete la sostenibilidad de las empresas, el nivel de empleo, y con ello los ingresos familiares y la seguridad alimentaria. De acuerdo con la información, estos efectos crecerán en magnitud a medida que los periodos de inactividad económica se prolonguen.

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La CEPAL ha pronosticado una contracción de la economía regional de 5.3 por ciento en 2020, con caídas de 5.2 por ciento para Sudamérica, 5.5 por ciento en Mesoamérica, y 2.5 por ciento para El Caribe. A escala de países se proyecta que Argentina decrecerá un 6.5 por ciento, Brasil un 5.2 por ciento y México un 6.5 por ciento. Estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional apuntan en el mismo sentido.

La reducción en la actividad económica conducirá a un aumento en el desempleo (actualmente ubicado en 8.1 por ciento a nivel regional) que, según estima la CEPAL, podría llegar a una tasa de 11.5 por ciento, lo que significa un aumento de 11.6 millones respecto al 2019.

“Esto afectará de manera generalizada a la población cuyos ingresos diarios son clave para adquirir bienes y servicios básicos de forma cotidiana. Esto es relevante porque muchos de los sectores más expuestos a esta crisis representan el 64 por ciento del empleo formal”.

Un obstáculo más son los empleos precarios, los cuales incrementan la vulnerabilidad de los hogares para enfrentar una crisis como la actual, porque las personas no cuentan con seguridad social o ahorros suficientes para mitigar los efectos negativos independientemente de la duración de la crisis, apunta la FAO.

EN 2020 EL NÚMERO DE POBRES SUBIRÁ DE 186 A 214 MILLONES 

Estos datos hacen prever que se acentuarán los problemas de pobreza en estas regiones. La CEPAL estima que en 2020 el número de pobres en la región subirá de 186 a 214 millones de personas, en tanto que el número de las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,5 a 83,4 millones. Esto significaría que entre 2019 y 2020 la tasa de pobreza regional pasé de 30,3 por ciento a 34,7 por ciento y la tasa de pobreza extrema de 11,0 por ciento a 13,5 por ciento.

El documento hace énfasis en que la pobreza y la desigualdad limitan el acceso a bienes y servicios esenciales, tales como los alimentos y servicios de salud. Se espera que los efectos negativos de la crisis sanitaria, tales como la disminución del consumo o la calidad de los alimentos, serán mayores en la población de los primeros quintiles de ingreso de países con alto grado de desigualdad, altos niveles de pobreza o un elevado número de contagios por el nuevo coronavirus.

La FAO recomienda que la región defina lo antes posible estrategias para el periodo post-COVID-19, que permitan retomar la senda de crecimiento sostenible e inclusivo.

MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS

Para enfrentar la reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a los alimentos, la FAO recomienda reforzar los programas de apoyo nutricional para madres en edad fértil y niños menores de cinco años de edad, asegurar la alimentación escolar, expandir los programas de protección social y promover hábitos de consumo saludable.

Para garantizar la oferta de alimentos, recomienda facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes) y a maquinaria e infraestructura.

Para mantener la disponibilidad de alimentos básicos “es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, pero sin excluir las de mayor tamaño.

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“Apoyar el transporte, procesamiento y envasado de productos agropecuarios y pesqueros, resolver problemas logísticos de las cadenas de valor alimentarias y garantizar la operación de los puntos de venta al por menor, mercados y supermercados, son medidas clave para mantener vivo el sistema alimentario regional”.

El informe destaca la importancia de que los países desarrollen políticas comerciales y fiscales que mantengan abierto el comercio mundial, para evitar alteraciones en los precios domésticos o reducciones en la oferta de alimentos.