La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este jueves en apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Afganistán que habrían sido cometidos por soldados estadounidenses.
La investigación que quiere la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, apunta, entre otras cosas, a las atrocidades presuntamente cometidas por soldados estadounidenses en ese país, donde Estados Unidos ha estado librando la guerra más larga en su historia desde 2001. Asimismo, han sido presentadas denuncias sobre torturas contra la CIA estadounidense.
Por su parte, el secretario de Estado del país norteamericano, Mike Pompeo, se manifestó de inmediato ofuscado por una “decisión irreflexiva que tiene lugar pocos días después de que Estados Unidos firmara un histórico acuerdo de paz concerniente a Afganistán”.
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La decisión de la CPI de autorizar la apertura de una investigación “es una acción increíble por parte de una institución política que no tiene que rendir cuentas y se disfraza de organismo jurídico”, martilló Pompeo.
Washington y los talibanes afganos firmaron el 29 de febrero un acuerdo histórico que abre la vía a una retirada total de las tropas estadounidenses de Afganistán.
El conflicto afgano ha provocado más de 100,000 víctimas civiles, muertas o heridas, sólo en el periodo 2009-2019, según la ONU.
Autorización a investigar
“La fiscal está autorizada a comenzar una investigación por presuntos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán después del 1 de mayo de 2003 “, declaró el juez Piotr Hofmanski, anulando la decisión en primera instancia.
Los jueces de la CPI, con sede en La Haya, se habían negado a autorizar, en abril, la apertura de una investigación sobre los mencionados crímenes en ese país devastado por la guerra, al considerar que eso “no serviría a los intereses de la justicia”.
La decisión se produjo una semana después de que Washington, que aplaudió una “gran victoria”, revocara un visado a la fiscal Bensouda.
Imagen del 12 de septiembre de 2011 donde un soldado estadounidense asegura una calle en la provincia de Paktika, Afganistán. (Foto: Johannes EISELE / AFP)
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se había opuesto firmemente a que la CPI, un tribunal fundado en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, abriera cualquier investigación sobre Afganistán.
Estados Unidos, que no es miembro de la Corte, anunció a mediados de marzo unas sanciones sin precedente contra ese tribunal internacional, con restricciones de visado a cualquier persona “directamente responsable” en una eventual investigación “contra militares estadounidenses”.
Bensouda había recurrido en septiembre el veredicto de los jueces, que fue muy criticado por diferentes grupos de defensa de los derechos humanos, alegando un duro golpe para “miles de víctimas” del conflicto afgano.
“Contra los intereses estadounidenses”
Según Naciones Unidas, cerca de 3,500 civiles murieron y otros 7,000 resultaron heridos a causa de la guerra en Afganistán sólo el año pasado.
Bensouda desea examinar no sólo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses.
La oficina de la fiscal -que había abierto una investigación preliminar en 2006 sobre la situación en Afganistán- y representantes de las víctimas del conflicto afgano reclamaron de nuevo en diciembre, en el marco de unas audiencias, que se abra una investigación.
Con el rechazo de la apertura de esa investigación, “se priva a las víctimas de todo”, había dicho Fergal Gaynor, abogada que defiende la causa de 82 víctimas.
Pero, la sala de apelaciones de la CPI concluyó este jueves que los jueces de la vista preliminar “cometieron un error” al considerar que en la situación actual una investigación no serviría a los intereses de la justicia.
Tras la decisión de este jueves, otra abogada de las víctimas, Katherine Gallagher, se lamentó: “Hemos perdido dos años (…) por ese error”.
Añadiendo ante la AFP, “la sentencia en apelación no sólo es un golpe contra las administraciones estadounidenses que no quieren vincularse al Estado de derecho, sino también una victoria para quienes creen que los detenidos deben ser tratados humanamente y los civiles protegidos”.
La CPI envía de esta manera “una señal (…) a los potenciales autores de atrocidades, y es algún día la justicia los va a alcanzar”, señaló en un comunicado Param-Preet Singh de la oenegé Human Rights Watch (HRW).
Por su parte, el abogado personal de Donald Trump, Jay Sekulw, denunció “una acción de la fiscal que va directamente en contra de los intereses estadounidenses”.
