Entidades de salud pública absorben el costo de la violencia que se dispara en Tijuana. Casi nadie paga por la atención a baleados y eso impacta en el servicio que reciben otros pacientes.
Salvar a heridos de bala en Tijuana, una de las ciudades más violentas del mundo, tiene un costo que los hospitales públicos y de beneficencia se han resignado a absorber.
Más del 90% de las personas baleadas no pagan por los servicios médicos porque están presuntamente involucradas en actos delictivos, y cuando se estabilizan, son detenidas.
Eso está provocando una hemorragia en los presupuestos públicos y en la salud de personas enfermas y accidentadas.
“Es real, los balaceados sí nos quitan muchos recursos”, dice el director del Hospital General de Tijuana, Alberto Reyes Escamilla, la institución que atiende a más baleados en la ciudad donde grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, matan por dominar el territorio.
También afecta a las personas que esperan un turno para ser atendidas en quirófano.
Pacientes que estaban a punto de ser anestesiados han tenido que ser reprogramados cuando ingresa un herido de bala, según Reyes Escamilla.
La Cruz Roja estima que al año podrían comprar una ambulancia nueva totalmente equipada y dejar una reserva para adquirir otra con el dinero que gastan en atender esos casos, aunque no hay cifras oficiales que revelen el impacto financiero de la violencia en las instituciones de salud.
Cuando hay un reporte de personas heridas de bala, los paramédicos de Cruz Roja son quienes acuden al lugar.
Si el incidente ocurrió en el este de Tijuana, las instalaciones de Cruz Roja se convierten en la primera opción para llevar al paciente.
Pero en la mayoría de los casos, son trasladados al Hospital General, que cubre la parte noroeste de la ciudad con equipamiento y personal experimentado.
Aquí atendieron al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta cuando en 1994 fue baleado durante su campaña electoral, aunque finalmente murió.
“Es el mejor lugar para llegar herido de bala”, dice el subdirector médico del Hospital General, Alfredo Ornelas Ábrego.
El año pasado se registraron dos mil 185 homicidios dolosos en Tijuana, lo que tuvo un impacto financiero en las áreas de urgencias.
“Tenemos más de 20 años funcionando en esta situación. El hospital tiene la capacidad y el personal capacitado para eso”, comenta.
Ornelas calcula que cada semana ingresan 10 heridos de bala, pero hay ocasiones en que se desata la violencia y hasta cinco ingresos han registrado por día.
La cifra pudiera ser mayor, pero en los ataques armados relacionados con crimen organizado hay un alto grado de letalidad.
En la mayoría de los casos, los paramédicos llegan solo para confirmar que fallecieron y otros apenas ingresan a urgencias a dar su último aliento.
En 2019, paramédicos de la Cruz Roja brindaron 2 mil 071 atenciones relacionadas con balaceras, es decir, entre cinco y seis reportes diarios en promedio.
Mientras que al hospital de esa institución llegaron 124 personas con lesiones por arma de fuego ese mismo año.
Además, en los dos primeros meses de 2020 sumaron 270 atenciones a heridos de bala por parte de paramédicos en campo y 25 en sus instalaciones.
Pero ni con esas cifras el gasto por atender la violencia es claro.
“A nosotros los presupuestos se nos otorgan a través de insumos, medicamentos, personal. No nos ponemos a hacer cuentas, llenamos el expediente médico y ya”, precisa Ornelas Ábrego, del Hospital General de Tijuana.
La oficina de trabajo social en esa institución, hace estudios socioeconómicos para fijar una cuota de recuperación, pero Ornelas dice que son contados los casos en que familiares de un baleado se hacen responsables del paciente.
No llegan ni al 10% y mucho tiene que ver con que no quieren ser interrogados por las autoridades.
Según la explicación de quienes dirigen el Hospital General y Cruz Roja, esto se debe a que los heridos de bala suelen estar presuntamente involucrados en una actividad delictiva.
Cuando estaba vigente el Seguro Popular si la persona contaba con una póliza, la atención de heridas por proyectil de armas de fuego estaba dentro de la cobertura; se catalogaba en el rubro de lesiones.
Pero cuando no se tenía ese beneficio y se trataba de un presunto delincuente, el director del Hospital General reconoce que era hasta innecesario hacer cálculos.
En cuanto el paciente se restableciera, sería llevado a la penitenciaría y el hospital no volvería a saber de él, ni de sus familiares.
Este año, que entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se hizo gratuito el servicio de urgencias en hospitales adheridos y si el paciente es mexicano, bastará con presentar una identificación oficial para que no pague un peso.
La federación prometió enviar 1,986 millones de pesos para el INSABI en Baja California, según datos de la Secretaría de Salud del Estado.
Esto es más que el doble de lo que tenía el Seguro Popular, que en 2019 ejerció un presupuesto de 960 millones 912 mil pesos. Lo cierto es que médicos en la entidad reconocen que se han visto obligados a trabajar con carencias y limitaciones.
La seguridad de los hospitales cuando ingresa un herido de bala es otro tema que no deja de preocupar a su personal.
Cuando un herido en calidad de sospechoso llega al área de urgencias, médicos y enfermeras prefieren no preguntar quién es, ni qué tan poderoso pudiera ser dentro de alguna organización criminal.
“Sí ha habido comentarios, sobre a quién se está atendiendo, pero se establece un protocolo, se cuenta con elementos de seguridad pública”, dice Ornelas.
Se estima que en el Hospital General la supervivencia en estos casos es del 80%.
Por lo general son hombres jóvenes de entre 25 y 40 años de edad.
La mayoría de las veces llegan con lesiones en tórax, abdomen y extremidades.
En Cruz Roja Tijuana, donde vigilan el uso de cada peso que ingresa a la institución, comentan que el costo por cada paciente es muy variable.
Su director general, Alberto Quintanar, dice que no hay una cifra exacta, pero se atreve a dar un estimado de 16 mil pesos en promedio por cada baleado.
Si ese monto fuera tomado como referencia, el gasto rondaría los 2 millones de pesos anuales, un poco más de lo que cuesta una ambulancia equipada, cuyo valor asciende a un millón 760 mil pesos.
Y a esta cifra hay que sumar los servicios de ambulancia: 1.7 millones de pesos a la atención prehospitalaria para heridos por arma de fuego.
“Lo que se recauda por predial, placas y colecta es para el servicio de ambulancias, lo que nos dan es lo que gastamos. No tenemos ningún sobrante”, dice Alberto Quintanar.
Recuerda el caso de un paciente hace tres años, cuya atención costó más de 600 mil pesos, dinero que no recuperaron.
“Un 10, 15% cuando mucho sí pagan. El año pasado nosotros dejamos de cobrar 13 millones de pesos por atenciones de todo tipo. La gente no pudo pagar o pagó parcialmente”, detalla.
De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, en 2019 se abrieron 421 carpetas de investigación por el delito de lesiones por disparo de arma de fuego.
Se trata de sobrevivientes.
En las carpetas únicamente se investigan los hechos, pero no se imponen sanciones económicas, ni se obliga a hacer un pago al hospital donde fueron atendidos.
Hasta el 31 de enero de este año, sumaban 31 lesionados por arma de fuego, es decir, uno por día.
Pero no todos los que llegan con una herida de bala son presuntos delincuentes.
Hay otro lado en esta historia. La atención a víctimas de la violencia, que también cuesta.
Una de esas carpetas corresponde a Josué Adán Huizar. Él resultó herido de bala el pasado 25 de enero cuando asaltaron la tienda de abarrotes de la cual iba saliendo.
Un balazo en el rostro le costó la pérdida del ojo derecho y un segundo impacto lesionó su pierna derecha.
Pasó 15 días en el Hospital General de Tijuana, donde fue sometido a dos cirugías para extirpar su ojo.
El Seguro Popular cubrió los gastos que su familia no supo a cuánto ascendían, ya que no aplicaba algún cobro.
Pero al ser dado de alta se enfrentó a otro problema.
“Él requiere una placa porque por dentro quedó como un rompecabezas. Le dañaron pómulos, nariz, dentadura, paladar. Nos han dicho que la placa cuesta cien mil pesos”, relata su hermana, Adriana Huizar.
De la pierna tampoco fue operado porque le dijeron que debía anotarse en la lista de espera.
Le dieron cita con un especialista para abril y será entonces cuando se valorará su cirugía, pero mientras el tiempo transcurre y existe el riesgo de que su pierna no se recupere en un 100%.
Su familia busca la forma de que también se le practique la cirugía en otro lugar, porque el Hospital General no terminó de darle la atención que como víctima de la violencia merecía.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió en 2019 cuatro quejas en contra del Hospital General de Tijuana, debido a que se negó la atención o tardaron en prestar los servicios médicos a heridos de bala.
Su titular reitera que las leyes y tratados otorgan el derecho a la salud, sin importar el origen de la lesión o si presuntamente se desprendió de un acto ilícito.
Mora Marrufo, presidente de la CEDH en Baja California, agrega que Baja California, y en particular Tijuana, atraviesan una situación extraordinaria en materia de homicidios y lesionados, que ha ido en aumento en los últimos años.
Esto representa un reto para las instituciones de salud, que además deben atender todas las enfermedades y accidentes que sufre la población.
A nivel nacional recuerda que no es distinto.
Con 30 mil homicidios en México, 2019 se posicionó como el año más violento del que se tenga registro, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“A partir de esa realidad se deben construir realidades institucionales”, dice Mora Marrufo.
De acuerdo al profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Andrés Sumano, los presupuestos públicos, y entre ellos el del sector salud, se basan en las cantidades que recibieron en años anteriores y en cuánto gastaron. Luego se les agrega un aumento por la inflación.
“Pero no se han considerado las cifras de aumento en los heridos y homicidios para subirle el presupuesto al sector salud”, comenta.
Arturo González Cruz, Presidente Municipal de Tijuana presentó en enero pasado cifras que celebran una disminución del 27% en homicidios en los primeros 100 días de su administración.
Pero otros delitos, como el robo con violencia, aumentaron y en esos también puede haber heridos de bala, como Josué.
Este es el desafío que enfrentan las entidades de salud pública en Tijuana, para brindar atención a baleados sin descuidar las enfermedades más comunes de la población.
