Stephen Miller, un alto asesor de Trump, quería impedir que los niños inmigrantes sin papeles fueran capaces de asistir a escuelas públicas. En 1982, la Suprema Corte dictaminó que era ilegal impedir que los niños acudan a escuelas públicas con base en su condición migratoria.
Según un nuevo informe en Bloomberg, Miller y otros funcionarios de Trump habían trabajado desde 2017 para hallar una manera de no acatar el dictamen de la Suprema Corte. La administración quería emitir un memorándum guía para el Departamento de Educación diciéndoles a los estados que podían negarse a permitir que los niños asistiesen a escuelas públicas.
“El memorándum no fue emitido porque el secretario nunca lo consideraría”, dijo a Bloomberg Liz Hill, portavoz del Departamento de Educación.
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Un alto funcionario de la administración, solicitando el anonimato, dijo a Bloomberg que las afirmaciones eran meros rumores. Sin embargo, el funcionario no identificó algo específico que fuera inexacto.
En mayo, Trump dijo que matricular niños indocumentados “colma nuestros sistemas de escuelas públicas”, usando fondos que deberían ir a los ciudadanos documentados.
“Estamos usando los fondos que deberían ser para ellos”, dijo Trump. “Y eso no debería suceder. Y no va a suceder en un período de tiempo muy breve”.
Aun cuando la administración de Trump trató de mantener a los niños indocumentados fuera de las escuelas públicas, a los funcionarios se les dijo en varias ocasiones que sus planes estaban en conflicto con el fallo de la Suprema Corte en Plyler v. Doe.
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La Suprema Corte dictaminó en 1982 que los estados no podían prohibirle a la gente el matricularse en escuelas públicas con base en su condición migratoria. El dictamen anuló un estatuto del estado de Texas que negaba financiamiento para educar a niños indocumentados. El estatuto también cobraba una cuota anual de 1,000 dólares por cada niño indocumentado en escuelas públicas para compensar el financiamiento perdido.
La Corte dictaminó en una decisión de 5-4 que esta política violaba la Decimocuarta Enmienda, la cual dice que los estados no pueden “privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso ante la ley; tampoco negarle a cualquier persona dentro de su jurisdicción la protección equitativa de la ley”.
En la decisión, el juez William Brennan escribió: “Los niños que son demandantes en estos casos son miembros especiales de esta clase marginal. … Quienes eligen entrar a nuestro territorio de forma clandestina y en violación de nuestra ley deberían estar preparados para asumir las consecuencias, incluida, pero no limitada a, la deportación. Pero los niños de esos entrantes ilegales no tienen una situación comparable”.
“Incluso si el Estado hallase conveniente el controlar la conducta de los adultos mediante actuar contra sus hijos, la legislación que dirige la carga de la prueba de una mala conducta de un padre contra sus hijos no coincide con las concepciones fundamentales de justicia”, añadió el juez Brennan.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
