La Auditoría Superior del Estado de Coahuila presentó el pasado 27 de agosto del 2018, una querella ante la Fiscalía Anticorrupción de la Entidad, por actos que podrían configurar conductas delictivas, de la cual Newsweek Coahuila tiene una copia fotostática.
Lo documentado por la Auditoría Superior, (que habrá de resumirse en la siguiente entrega sobre este caso), muestra un importante cúmulo de irregularidades que en la Fiscalía Anticorrupción deberán determinar si son o no probables actos delictivos, y en ese mismo sentido, habrá de tomarse la decisión o no de judicializar el proceso.
Se trata sin duda de un caso de enorme notoriedad pública, pues de quien era Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, no se tiene noticia -hasta ahora- que haya sido citado a declarar siquiera como testigo en el caso, cuando los señalamientos que hace el Auditor Superior del Estado, le involucran directamente, así como a otros funcionarios de alto nivel del TSJ, como el entonces Oficial Mayor así como otros integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes eran responsables de la aprobación de las inversiones y en general, del manejo de los recursos de la institución.
Para Reyes Flores, Delegado de Programas Federales en la entidad, el caso de FICREA es a todas luces un acto que muestra los niveles de corrupción de Coahuila, y señala que se trató de uno, entre otros, orquestado en contubernio por el entonces gobernador de la entidad. Desde su perspectiva, existe la posibilidad de que el Congreso del Estado retome el caso, y señala que incluso debe revisarse la integración y funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado.
Por su parte, el Diputado José Benito Ramírez, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso estatal, acusa que han sido bloqueados por una alianza formada principalmente por el PRI y el PAN en el Congreso, a fin de proteger a quienes han incurrido en actos de corrupción, y evitar que prosperen sus iniciativas para que haya una revisión exhaustiva de este caso, y eventualmente, fincar las responsabilidades que corresponda.
Contactados por separado, y en exclusiva para Newsweek en Español, se presentan a continuación las entrevistas en las que abordan éstos y otros temas polémicos de la entidad.
Parte 1: Ficrea a casi cinco años del escándalo
«Coahuila necesita servidores públicos con mayor credibilidad»
Saúl Arellano (Newsweek Coahuila): Todas las irregularidades del caso Ficrea fueron atendidas de manera muy laxa por parte de la Auditoría estatal, por lo que quería conocer su posición para saber si el Congreso va a actuar, no va a actuar o va a dejarlo pasar; sobre todo ante la actitud del presidente de confrontar la corrupción y no permitir que se sigan dando estos casos…
José Benito Ramírez: La Auditoría Superior del estado ya no tiene credibilidad en el pueblo de Coahuila. Incluso los legisladores locales de Morena presentamos un punto de acuerdo para que una comisión mixta vigilara a la Auditoría estatal, pero, como aquí somos minoría, no pudimos hacer nada.
Mientras siga existiendo la Auditoría Superior estatal con ese actuar, y mientras sigan existiendo el INAI, el IFAI y el Consejo de la Judicatura del Estado, con esos servidores públicos, quienes no tienen valores éticos, no vamos a lograr mucho, incluso si estamos en la disposición de que se reabra el caso.
El presidente ha dicho que “se va a barrer la corrupción de arriba hacia abajo”, entonces me parece que todavía no es el momento. Se necesitarían primero otros cambios y que realmente Coahuila esté lista para hacerlo. Necesitamos tener otros servidores públicos con más credibilidad y que realmente funcionen para que haya resultados.
Parte 2: El TSJ de Coahuila perderá 90 millones por Ficrea
«Nos dan cifras que no coinciden con la realidad»
SA: ¿Ustedes como fracción podrían llamar a comparecer a quien hoy es presidenta del Tribunal? Porque, finalmente ella era magistrada en el momento en que todo esto se dio. Se autorizaron las inversiones, pero el litigio sigue; es decir, no es un caso que se haya muerto hace cinco años.
Pareciera que de pronto hay un pacto de impunidad entre partidos en el Congreso, sobre todo de los que tienen mayoría; finalmente es un poder autónomo frente a otro poder autónomo, que es el Poder Judicial, y tal vez sí habría manera de llamara a comparecer a la actual presidenta.
JBR: Realmente hemos presentado varios puntos de acuerdo en relación con las comparecencias y en ninguna hemos tenido éxito; hemos perdido. Aquí los votos son 13 contra dos, y no hemos logrado las comparecencias. Si acaso hemos logrado una, el año pasado, y no nos ha ayudado mucho, porque han comparecido a presentar sus informes y nos dan cifras que no coinciden con la realidad.
Viene el secretario de Salud, viene la secretaria de Medio Ambiente, viene el de Seguridad Pública y se los hemos dicho públicamente ante los medios de comunicación e incluso directamente a ellos: “lo que ustedes dicen no coincide; no coincide lo que ustedes dicen con la realidad, ustedes nos están hablando de otro mundo”.
Estaría más satisfecho si fuéramos mayoría y atacáramos directamente todas esas mentiras que nos están diciendo. Como en este caso, que también ya el Senado de la República ya aprobó, o agregó al Código Penal otros nuevos delitos que no existían; eso ya nos está dando un poquito más de garantías también a nosotros aquí en los estados. Todo viene ya de acuerdo con el proyecto de nuestro presidente, viene hacia abajo, a los estados, y sí tengo la esperanza de que eso si se va a ir logrando poco a poco.
«Aquí hay demasiada corrupción»
SA: Además del costo administrativo-judicial al que pueda llevar a un caso, también la ciudadanía espera costos políticos; es decir, si no se les puede llevar ante un Tribunal y ni van a recibir una sanción administrativa, que al menos la gente esté enterada de las tropelías que se cometen. ¿Podríamos pensar que el caso no está cerrado?
JBR: No, y no solamente ese, sino otros casos de transparencia; que la gente vea realmente esa Cuarta Transformación de la que tanto habla nuestro presidente, y que nosotros lo apoyamos.
La mala administración pública y los malos servidores se tienen que ir quitando poco a poco conforme se vayan descubriendo ciertas cosas, pero ahorita yo lo veo un poco difícil.
SA: Si pudiéramos calificar, en términos del 1 al 10, como lo hace el INEGI, el estado de la corrupción que hay en Coahuila, ¿usted qué número le pondría?
JBR: Aquí hay demasiada corrupción. En cualquier institución pública se da la corrupción; le daría un nueve.
SA: ¿Entonces sí hay un problema muy grave de corrupción?
JBR: Es demasiada. Yo no he encontrado una institución pública que sí esté funcionando bien. Estamos trabajando mucho en campo; desde el 12 de diciembre empezamos a hacer nuestros informes de manera itinerante, recorrimos varios ayuntamientos y lo presentamos en nueve municipios de la entidad.
Llevamos cerca de 150 peticiones ciudadanas; así es como nosotros nos damos cuenta de cómo está la situación. Por ejemplo, hay muchas obras sin terminar y terracería que se “entregaron” como supuestamente terminadas, y ya tenemos videos y fotos que prueban que no. Ya tenemos evidencia de que realmente la corrupción está a un grado máximo.
SA: Tanto la anterior como la actual presidencia del Tribunal han sido muy cercanas al exgobernador Moreira, hoy legislador federal; de algún modo, ¿tanta corrupción y tanta mala administración percibidas en el estado se deben a esta relación tan cercana de muchos funcionarios que se supone deben ser autónomos?, ¿usted compartiría esta percepción?
JBR: Así es, la comparto.
SA: Todos los caminos parecen llevar a Moreira, ¿no?
JBR: Sí.
«Un negocio redondo y muy jugoso»
Saúl Arellano (Newsweek Coahuila): La quiebra de Ficrea cumple cinco años en noviembre de este año, y es un tema que en Coahuila ha tenido una repercusión muy grande debido a que el Tribunal Superior de Justicia está involucrado como defraudado.
La evidencia muestra que en el caso hubo una serie de errores sobre el tipo de fondos en que estaba invertido el recurso y las alertas que hizo la CNBV en términos del riesgo que implicaba esta inversión para una institución pública.
Van a iniciar una serie de juicios en Estados Unidos, en Miami, y en España, para ver si se logra tener una recuperación mayor del dinero, porque hasta el momento se han recuperado 26 millones de pesos de aproximadamente 150 que tiene reconocidos el Tribunal. Es decir: hay una afectación real de 90 millones de pesos que al parecer no va a recuperar el Tribunal…
Reyes Flores: El tema de Ficrea va más allá de la “simpleza” de la inversión del Tribunal en una, prácticamente, “caja popular”. Hay un antecedente de una compañía que se denomina Leadman Trade, que es del mismo grupo.
No me parece raro que le hayan metido dinero a Ficrea, porque es una compañía filial de otra que celebró contratos millonarios, fantasmas, con el gobierno de Coahuila en ese mismo periodo, y que recibió varios miles de millones de pesos en contratos.
También estuvo el tema de los arrendamientos financieros de vehículos chatarra y de aviones fantasma, que en su momento se denunció, que suman más de mil millones de pesos y que resulta que el dueño es el mismo: Olvera Amezcua, el mismo dueño de Leadman Trade y de Ficrea.
Este mismo esquema de Leadman Trade lo utilizaron en varias partes del país para sacar recursos de manera fácil; y bueno, Ficrea era otro de sus brazos financieros.
Por eso no me pareció extraño que hubieran operado con Ficrea de esa manera: fue un esquema de corrupción que caracterizó ese periodo de gobierno en Coahuila; un esquema de corrupción muy claro en el que fue favorecido el señor Olvera Amezcua, no solo a través de Leadman Trade, sino también de Ficrea.
Resultaba un negocio muy jugoso y redondo: por un lado le daban dinero a Ficrea, que era el principal brazo financiero de Leadman Trade, y por otro lado, Leadman Trade celebraba contratos de arrendamiento millonarios con el estado.
Era un círculo de corrupción y de negocios muy claro, a pesar de que estaba prohibido que Leadman Trade se convirtiera en un brazo financiero de compañías de otros socios. Pero así fue: el historial de Leadman Trade pone a Ficrea como uno de sus principales brazos financieros.
Fue un círculo de corrupción muy bien definido en el que, finalmente, el Poder Judicial del estado se prestó para invertir ese recurso en Ficrea, en una clara colusión. Para mí fue algo deliberado: estaba bien definido favorecer a esta compañía.
«Es gente muy cercana al entonces gobernador»
SA: El contrato del Tribunal con Ficrea duró, cuando menos, cinco años, desde 2009 hasta 2014; parece que todos los caminos llevan al apellido Moreira, ¿no? Los poderes son independientes y autónomos, pero en este caso parece que no hubo esta autonomía…
RF: No, yo creo que fue una orquesta del grupo que comandaba en ese momento y tiene que ver con Moreira y con hacerle favores a esta compañía; no sé con qué fin o qué tipo de negocios podrían tener ahí en común, pero me queda claro que tenían la intención de favorecerlo.
Tampoco olvidemos que el presidente entonces del Tribunal Superior de Justicia del Estado fue el responsable de contratar y, como representante del Tribunal, no necesitaba la autorización del Pleno, por lo que contrataba directo. Es gente muy cercana al entonces gobernador, y lo pusieron ahí como parte de la junta de control que ejercieron.
«La actitud que ha asumido el auditor es lamentable»
SA: Hubo una auditoría de parte de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en donde prácticamente exonera al presidente del Tribunal, y en cuyo dictamen prácticamente dice que no puede fincar responsabilidades porque el proceso sigue en curso.
El informe de la Auditoría presenta un oficio donde dice que contrató a un despacho de abogados para litigar el tema y que, en tanto que el tema sigue en litigio, no puede haber sanción hasta que se establezca qué pasó definitivamente con este fraude. También dice que, si acaso, puede haber sanción a una funcionaria y sería una sanción administrativa, pero que ya no puede darse porque esta persona ya no está en su cargo.
Llama mucho la atención la laxitud de este dictamen; ¿habría alguna posibilidad de que el Congreso o alguna otra instancia retome el tema para establecer alguna sanción de tipo político-administrativa?
RF: Existe la posibilidad de que el Congreso retome el tema, y no solo para sancionar, sino que también está el tema de la responsabilidad de los contrarios que intervinieron en el caso. Es evidente un quebranto patrimonial en perjuicio del fuero judicial del estado y tiene que intervenir el Congreso para “apretarle tuercas” al auditor, porque es una realidad que parte de su función parece ser “cubrirle las espaldas” a esa generación que defraudó en muchos sentidos al estado de Coahuila.
Me parece lamentable la actitud que ha asumido el auditor, porque, dentro de los escándalos de corrupción de esa época no hay nadie sancionado y toda la actitud ha sido “lavarles las manos”, y en este caso del Poder Judicial resulta ser lo mismo.
Yo creo que el Congreso debe asumir la responsabilidad de retomar para buscar que se finquen responsabilidades y hacer los cambios en la Auditoría, porque no está funcionando como órgano revisor de la legalidad en el ejercicio de recursos públicos en los distintos órganos de gobierno.
«No vamos a tolerar la corrupción»
SA: El presidente de la república ha encabezado una cruzada muy fuerte en el país, quizás la más importante que hayamos tenido en la historia reciente de México, respecto de combatir la frontalmente la corrupción, y ha mandado un mensaje muy claro a todos los niveles de gobierno de que no se va a tolerar.
¿Cómo garantizar que ya no haya fugas de dinero público para beneficiar a grupos particulares? ¿Cuál sería el mensaje de la delegación de Coahuila a la población sobre cuál va a ser su papel en el control de la corrupción?
RF: Nosotros hemos sido claros en el respaldo al presidente en esta brigada contra la corrupción. En Coahuila vamos a ser muy cuidadosos; vamos a estarles “cuidando las manos” a todos los funcionarios públicos federales que ejercen recursos para evitar cualquier acto de corrupción y, en caso de detectarlo, vamos a proceder en consecuencia de inmediato, solicitando las sanciones correspondientes.
En el tema de los estados y municipios, que nos toca revisar parte del recurso público, también federal, vamos a ser también muy cuidadosos de la correcta inversión de los recursos.
Los programas sociales, que se venían manipulando para fines electorales en actos de corrupción muy severos, aprovechando la necesidad de la gente, hemos sido muy claros: el que el presidente haya universalizado los programas nos da la oportunidad de evitar la discrecionalidad en el destino de los recursos que representa un desvío de recursos y son actos de corrupción grave.
No vamos a tolerar la utilización de programas sociales para fines electorales en ningún sentido. He sido muy claro con el equipo de trabajo en el estado; si detectamos a alguien manipulando y desviando recursos para favorecer a alguna asociación política o partido, no solo lo vamos a despedir, también lo vamos a denunciar para que lo sancionen las áreas correspondientes.
El llamado del presidente es muy claro: tenemos que ser tajantes y tenemos que ser contundentes en el cuidado de los recursos públicos. En la revisión de recursos para los programas sociales tendremos un papel importante que nos da la propia reforma a la ley orgánica para evitar que los funcionarios adscritos al gobierno federal incurran en algún acto de corrupción.
No hay medias tintas. La responsabilidad del gobierno y la decisión que ha tomado el presidente, y que respaldamos en los estados, es tolerancia cero a la corrupción.
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