(Primera de tres partes)
De acuerdo con la información proporcionada por la “Sindicatura Ficrea en Quiebra”, el próximo día 19 de julio dará inicio el proceso judicial en los Estados Unidos de América, por el fraude de la empresa Ficrea, Sociedad Financiera Popular, la cual fue suspendida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 7 de noviembre de 2014.
El escándalo fue mayor en todo el país, pues los afectados fueron casi 6 mil ahorradores, entre personas físicas, pequeños negocios y entidades públicas, como es el caso del gobierno del estado de Coahuila, encabezado en el momento del fraude por Rubén Moreira Valdez, así como el Poder Judicial del estado, presidido en aquel momento por Gregorio Pérez Mata, quien hoy se dedica al litigio privado.
De acuerdo con la CNBV, la intervención a Ficrea se llevó a cabo debido a un faltante de al menos 2,700 millones de pesos en las cuentas de esta sociedad financiera. En el año 2015, la Procuraduría General de la República detuvo por orden judicial a Rafael Antonio “N”, dueño de FICREA, por los delitos de fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada. También le fueron fincados cargos por haber transferido ilegalmente dinero a otras empresas de su propiedad, en Estados Unidos de América y en España, agrupadas bajo la denominación de Grupo Trade: Leadman Trade S.A. de C.V. y Baus & Jackman y Monka, S.A. de C.V.
Las investigaciones realizadas pudieron identificar al menos 100 empresas “de papel” a través de las cuales se llevaban a cabo operaciones como compra de inmuebles, compra de vehículos, así como transferencias de grandes sumas de dinero, lo que llevó al desfalco que se comenta.
El tema de Rubén Moreira
De acuerdo con los datos oficiales, el gobierno de Coahuila afirmó en su momento, bajo el mandato de Rubén Moreira Valdez -quien es hoy diputado federal-, que efectivamente había destinado 150 millones de pesos para ser invertidos en FICREA. Sin embargo, hasta la fecha no se han dado a conocer públicamente los comprobantes oficiales de las transferencias de dinero hechas a Ficrea ni los contratos mediante los cuales se establecían los mecanismos de inversión.
A pesar de que aparentemente se enviaron oficios a Ficrea y a la “Sindicatura FICREA en Quiebra”, firmados supuestamente por quien entonces era Secretario de Finanzas del estado, para solocitar el reembolso del dinero invertido, en Ficrea se dio como respuesta que no existen comprobantes de tales depósitos ni tampoco de los contratos de inversión.
Al respecto, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila nunca llevó a cabo ninguna investigación exhaustiva, y hoy en día, a casi cinco años de la quiebra de FICREA, no se han emitido dictámenes concluyentes respecto de los 150 millones de pesos que aún siguen constituyendo un desfalco al erario público, en tanto que no se ha acreditado su destino legal.
Gregorio Pérez Mata, la otra incógnita
Gregorio Pérez Mata era el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando esta instancia decidió invertir en Ficrea. Los montos nunca han sido claros, pero se habla de 126 millones de pesos, de los cuales, por declaraciones públicas de la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, que le sucedió en la presidencia del Tribunal, se ha logrado la recuperación 12 millones de pesos, sin que haya registro de nuevas noticias al respecto.
Pérez Mata, quien fue señalado recientemente por el portal de noticias Digital News de ser propietario de una mansión millonaria, que no corresponde necesariamente al monto de sus ingresos reportados vía sus declaraciones patrimoniales, nunca fue investigado formalmente por la inversión irregular del Poder Judicial en una institución como Ficrea, pues, a pesar de que era una entidad legalmente constituida y regulada por la CNBV, en realidad la categoría para la que tenía autorización (Nivel I) no era la adecuada para llevar a cabo inversiones de una entidad pública como el Poder Judicial.
Foto: espacionoticias.com
Sombras y más sombras
El tema de Ficrea cobra relevancia no solo por las audiencias judiciales que habrán de comenzar el próximo mes de julio en los Estados Unidos de América, sino porque hay la sospecha de que tanto el gobierno del estado de Coahuila como el Poder Judicial del estado invirtieron sumas mayores a las públicamente reconocidas por quienes estuvieron al frente del Ejecutivo y del Judicial cuando se dio el fraude.
Peor aún, al revisar exhaustivamente la lista definitiva presentada por el síndico de FICREA en quiebra, relativa a los créditos que se propone reconocer y que son a final de cuentas los que podrían llegar a recuperar sus inversiones, por ningún lado aparecen ni el gobierno estatal, aunque sí el Poder Judicial de Coahuila, con el registro 14.4537.
Sobre este punto, en el Informe 2014 de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se establece que se giró oficio a Gregorio Pérez Mata, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila, fechado el 22 de octubre del 2015. El citado informe dice a la letra:
“Esta Auditoría Superior envió oficio al Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se le da a conocer que una vez revisada la lista de acreedores del Concurso Mercantil 746/2015-P.C., decretado en contra de Ficrea S.A. de C.V. S.P.F., emitida por el Lic. Guillermo Campos Osorio, Juez Décimo Cuarto del Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, observando que no se encuentran reflejadas las inversiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, solicitando copia fotostática de las acciones legales que se hayan realizado ante las instancias correspondientes para la recuperación de dichas inversiones”.
A este oficio, aunque parezca increíble, el entonces presidente del Tribunal de Justicia, Gregorio Pérez Mata, en lugar de enviar las copias fotostáticas de los depósitos y contratos, respondió, por oficio, que había contratado a un despacho de abogados para reclamar el dinero ante Ficrea. Dicho bufete era Olea y Asociados, S.C., a cargo de los abogados Víctor Olea Peláez y Ricardo Cervantes Sánchez.
Adicionalmente, la Auditoría Superior informó que había emprendido las siguientes acciones, que se reproducen textuales de su informe:
“Las acciones realizadas son las siguientes:
- El día 12 de mayo de 2015, se presentó denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República.
- Se presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
- El día 17 de junio de 2015, se presentó Demanda Ordinaria Mercantil.
- Se prevén además las acciones correspondientes para comparecer al Concurso Mercantil decretado por el Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal”.
Qué resultó de tales denuncias es una incógnita, pues no se tiene aún conocimiento público en torno a si la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero, inició alguna averiguación previa, ni si aún hoy tiene abierta alguna carpeta de investigación respecto de estas acciones.
De manera sorprendente también, a pesar de lo hasta aquí narrado, la Auditoría determinó que no había nada que hacer. A la letra su informe establece:
“En sesión celebrada en fecha 25 de noviembre de 2015, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila, analizó y resolvió respecto de las responsabilidades de los funcionarios públicos dependientes de la Administración de Justicia, con motivo de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, en el Informe de la Gestión Financiera que llevó a cabo el Poder Judicial en el Fondo de la Sociedad Financiera Ficrea, S.A. de C.V. S.F.P., y acordó:
- Que no existe nexo de conductas de funcionarios públicos dependientes de la Administración de Justicia, con el estado actual en el que se encuentran los recursos invertidos en Ficrea.
- Que existieron hechos que resultan ser constitutivos de probables faltas, en lo que pudiera haber incurrido la Directora de Recursos Financieros, dependiente de la Oficialía Mayor. Sin embargo, no es factible turnar el asunto a la instancia con facultad disciplinaria para que determine en el ámbito de sus facultades de esta índole, lo concerniente al caso, en virtud de que la Directora de Recursos Financieros ha dejado definitivamente el cargo que venía desempeñando dentro del Poder Judicial del Estado y de acuerdo al artículo 200, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, se establece que cuando a quien se atribuya la comisión de una falta, por cualquier motivo deje definitivamente el cargo, el procedimiento se declarará sin materia, cualquiera que sea el estado en que se encuentre”.
Debe destacarse además que el día 15 de septiembre de 2015, la propia Auditoría negó el acceso a la información a la solicitud número 568,715, relativa al “análisis que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila realizó al Informe presentado por el Tribunal Superior de Justicia sobre los fondos invertidos por el Poder Judicial del Estado en FICREA [sic]”.
La negativa es que se trata de “información reservada”, lo cual debería ser revisado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI), presidido hoy por el doctor Francisco Acuña. Lo anterior bajo la pregunta de por qué debería considerarse como reservada una información relativa a un fraude cometido en contra de un Poder de una de las entidades de la República.
Es decir, bajo el principio de la máxima publicidad, hoy el Congreso del Estado debería solicitar a la Auditoría Superior del Estado que dé a conocer dicho informe, por tratarse evidente y eminentemente de un asunto de pleno interés público.
Como puede verse, se trata de una historia con muchas aristas y ramificaciones que mueven a la suspicacia. Por supuesto, esta historia continuará…
