Cada vez hay más senadoras y diputadas en los congresos, pero las mujeres que votan siguen sin sentir que están representadas.
En México, donde la violencia política va en aumento y la paridad de género no se cumple, candidatear mujeres es una obligación que los partidos presumen como logro, mientras ellas siguen opinando que no se les escucha.
La violencia política es aquella que se da cuando una persona o partido político impide que una mujer goce de sus derechos políticos, (como votar y ser votada) pero también, cumplir con sus funciones una vez que asumen cargos.
En Baja California, este tipo de violencia se reconoce pero no se sanciona.
La violencia política es un concepto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, pero no es un delito.
Y a mayor número de espacios que las mujeres ocupan o se interesan en ocupar, mayor es la violencia que se genera en su contra, según la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La inclusión de mujeres importa porque ellas representan el 52% del padrón electoral a nivel nacional y ese porcentaje también debería verse reflejado en los espacios de toma de decisión, opina la consejera.
“El reclamo está en la integración de la vida pública, ¿qué ha pasado? Que no se había integrado así, que era un espacio público altamente masculino”, dice Zavala.
Aún lo es.
En las últimas dos legislaturas de Baja California las mujeres han ocupado el 36% de los espacios.
Este ha sido el porcentaje más alto en la historia de la entidad, pero aún con la ley de paridad, no se ha podido igualar al de los hombres.
“Hace falta más participación de las mujeres. Hay muchas muy capacitadas que podrían estar ahí”, dice Andrea Solano, de 58 años, un ama de casa que ejerce su derecho a votar.
Opina que algunas decisiones deberían ser tomadas por mujeres, pues les incumben directamente. “No me parece correcto que los hombres estén decidiendo por ellas”, dice.
Se refiere a temas como el aborto o la violencia doméstica.
Y Ana Gabriela Ávila, comunicóloga de 26 años, tiene la misma impresión que Andrea.
A ella le preocupan los feminicidios y la brecha salarial, temas que se han discutido y que no se resuelven, pues siguen siendo motivo de iniciativas.
Además, en febrero el gobierno federal anunció medidas como el retiro de subsidios a estancias infantiles y la posible suspensión de fondos para refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia.
Por eso Andrea y Ana Gabriela dicen que por encima de todo, desearían verse representadas en la práctica y no solo en números, aunque sí desean escuchar más voces femeninas.
En las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión, el 49% de los espacios son ocupados por mujeres, según un boletín del Senado de la República.
“Que las mujeres puedan representar y gobernar en los puestos de decisión genera tensión porque estábamos acostumbrados a otra cosa”, dice Beatriz Claudia Zavala sobre la resistencia de algunos partidos por apoyar a sus candidatas mujeres.
Localmente los partidos han encontrado formas de esquivar sus obligaciones paritarias y continuar privilegiando a los candidatos hombres, de acuerdo a Mónica Bedoya, presidenta del Instituto de la Mujer (INMUJER) en Baja California.
Dice que en las elecciones de 2016, los partidos cumplieron con la cantidad de candidaturas a diputaciones para mujeres, aunque a estas se les dieron los distritos donde tenían menor ventaja electoral.
“El resultado es el que conocemos ahorita, que no existió una legislatura paritaria a pesar que ya estaban las leyes”, dice.
En el estado hay 25 diputaciones de las cuales, 17 se eligen a través del voto, pero también hay 8 que son dadas por representación proporcional.
Es ahí donde los partidos tienen oportunidad de integrar mujeres.
Si no fuera por esta posibilidad, esta legislatura local no habría alcanzado ni el 36% de mujeres.
Como ejemplo está el caso de la diputada Blanca Patricia Ríos, quien tuvo que impugnar para poder ocupar su cargo.
Inicialmente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomó la decisión de colocar hombres en esos espacios, aunque no se cumplía con la paridad de género.
“Mi alegato fue que las listas de representación no estaban únicamente para equilibrar a los partidos dentro del congreso, sino también para equilibrar el género”, dice la priísta Blanca Patricia.
Amigos y familiares trataron de influir para que desistiera. Le advirtieron que en el futuro tendría problemas para ser considerada o promovida en su partido.
Aún así continuó con el proceso, y el mismo día en que se instalaba la XXII legislatura, la Sala Superior emitió sentencia a su favor.
Hoy dice que antes de abandonar su cargo, le interesa modificar la Constitución local para lograr que este tipo de violencia amerite una sanción.
Baja California en sí mismo es un caso.
Es una de las únicas 8 entidades que registraron violencia política de género en 2015, según la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).
Ese año, la FEPADE recibió 38 denuncias en total, entre esta península, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.
Para 2016 recibieron 103 más, y desde ese año hasta abril del 2018 ya superaban las 200.
Y no es que antes no existiera la violencia política de género. Es que “ahora está más visibilizada”, según Ana Claudia Coutigno, doctora en ciencias sociales con especialidad en demografía, democracia y representación.
Pero uno de los eventos de violencia política más documentados en México, ocurrió hace 10 años, en 2009.
Ocho mujeres que llegaron al Congreso de la Unión, pidieron licencia en su primera sesión para ser suplidas por hombres.
A este fenómeno se le conoce como las “Juanitas” en alusión al político Rafael Acosta Ángeles, a quien apodaban juanito, y quien prometió ese año que en caso de ganar la jefatura delegacional de Iztapalapa, pediría licencia a favor de la economista Clara Brugada.
En 2018, esto se repitió en Chiapas, donde más de 60 mujeres cedieron sus lugares a hombres.
A estas se les llamó “Manuelitas”, en referencia al entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pues eran mujeres que militaban en el Partido Verde Ecologista de México al igual que Velasco, aunque también desistieron legisladoras del partido Chiapas Unido.
En casos como éstos, los institutos electorales no pueden obligar a que alguien conserve un cargo en el que no quiere o no puede desempeñarse.
“Pero lo que sí podemos hacer es que esos espacios que corresponden a mujeres no sean ocupados por hombres”, dice Beatriz Claudia Zavala, Consejera del Instituto Nacional Electoral.
Es ahí donde la ley electoral entra en juego para garantizar esos espacios a las mujeres, dice Alejandra León, senadora en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, aunque es militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Ella es otra legisladora bajacaliforniana que ha denunciado violencia política en su contra, víctima de un video pornovenganza.
“Me inventaron un video pornográfico. No soy yo quien está en el video, sin embargo me etiquetan como que yo soy”.
Opina que la intención de este video fue demeritar su trabajo, además encontró que este tipo de recursos ha sido utilizado en contra de otras mujeres en la política para restarles credibilidad.
“El camino ha sido difícil y nos siguen poniendo trabas”, agrega.
Ana Gabriela Ávila, que también es electora, opina que las mujeres suelen tener una peor imagen que los hombres en la política.
“Conozco quizá 4 mujeres senadoras y por chismes. También hay machismo en los medios. Es en parte el morbo, el amarillismo y la falta de indagar sobre nuestro gobierno. Me incluyo un poco”, dice Ana.
Por eso, a la senadora le parece necesario legislar para impulsar a otras mujeres. Sin ese tipo de reformas piensa que no estaría donde está.
Y Nereida Fuentes, alcaldesa de Tecate, opina similar.
Dice que le debe su lugar a otras mujeres que en el pasado abrieron brecha.
“Después de estar en sus casas sin poder votar, mujeres lucharon por el derecho a la participación política”.
Es una de las primeras dos mujeres que llegan a una alcaldía en Baja California, junto con Mirna Rincón, en Rosarito.
Y sabiendo que sus logros son resultado del apoyo y trabajo de otras mujeres ¿qué pueden hacer, otras mujeres como Nereida o Alejandra León, para representar a las electoras?
Para la alcaldesa, no hay mejor forma que empoderando las causas femeninas, como aquellas que las electoras entrevistadas para este reportaje ya mencionaron.
Ana Claudia Coutigno, académica especializada en demografía, democracia y representación, dice que la perspectiva de género hace la diferencia, pues hay temas que para los hombres no son prioritarios.
Menciona que una mujer —Rosario Robles— fue quien impulsó la reforma que amplió las circunstancias en las que el aborto sería legal en el 2000 para el entonces Distrito Federal.
Y también, que fue una mujer —Amalia García— quien promovió reformas penales para proteger a víctimas de violación y acoso sexual.
Sin embargo, una crítica que salta a los oídos de Jacqueline Tirado se da en contra de las cuotas de género.
Ella estudia Relaciones Internacionales en Tijuana y tiene 21 años de edad.
Dice que un reclamo que escucha con frecuencia es la “injusticia” que algunas personas encuentran en la postulación de mujeres…, solo por ser mujeres.
Jacqueline discrepa.
Siendo mujer, el género importa cuando piensa en quién quiere que defienda los temas femeninos.
Del gabinete presidencial rescata la figura de Olga Sánchez Cordero, la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Gobernación, porque se ha pronunciado a favor del aborto.
“Muchos dicen que lo que importa son las propuestas, pero muchas de las propuestas sí dependen del género”.
Al final del día la integración de las mujeres influye en los temas que se discuten y en las decisiones que se toman, con un impacto en el resto de la población femenina, opina.
