La idea de convertir las procuradurías de justicia del país y los estados en fiscalías generales autónomas buscaba sobre todo elevar el nivel de las instituciones encargadas de perseguir los delitos y atacar de raíz el crecimiento del fenómeno criminal y su violencia asociada.

La nueva institución estaba destinada a modernizar una función que fue rebasada por la complejidad del fenómeno criminal, a la que se le acumularon rezagos en todos sus niveles generando un aumento monstruoso de la impunidad y su consecuencia: el incentivo a las conductas ilegales al ser una realidad la falta de castigo.

Desatarla de compromisos políticos, dotarla de profesionalismo y eficacia, modernizarla y allegarle la tecnología necesaria para perseguir las conductas criminales y procurar justicia, eran los fines; la autonomía sería el medio.

Sin embargo, los políticos se están encargando, fieles a su ADN, de sabotear desde el poder esas intenciones y por lo tanto nos están condenando a sufrir los altos niveles de violencia y su origen, el incontenible crecimiento de la industria criminal.

En Guanajuato, por ejemplo, nada va a cambiar. Carlos Zamarripa no tiene un proyecto claro para reconvertir la PGJE en una nueva institución. Como en muchos otros estados, aquí la reforma a la procuración de justicia consistirá solo en el cambio de nombre y en el reforzamiento de los mismos vicios que nos han llevado a la grave situación que hoy vivimos.

Sin embargo, hay cosas que pueden empeorar. Sujeto al mando de un gobernador, el procurador Carlos Zamarripa debía entregar cuentas y hacerse cargo de que el deterioro de la seguridad traía consecuencias políticas para el gobierno en su conjunto.

Hoy, con plena autonomía y con la capacidad de definir sus propias estrategias y su planeación, nada impide que la actuación de Zamarripa se dirija a consolidar un poder propio, cada vez más despótico, ajeno y hasta por encima de los políticos que ya le garantizaron nueve años en el cargo, tres años y medio más que el periodo de Diego Sinhue Rodríguez.

El diseño de la nueva fiscalía es, además, sumamente defectuoso. El nuevo fiscal designará a todos sus colaboradores, salvo el fiscal especializado en combate a la corrupción, ya designado por el Congreso y quien, sin embargo, es un incondicional del propio Zamarripa, surgido en su propio esquema de meritocracia.

La designación de fiscales especializados en derechos humanos, en delitos de tortura, en crímenes de alto impacto y en delitos electorales, correrá a cargo de Carlos Zamarripa sin necesidad de acuerdos previos con el gobernador, ni de la intervención del Congreso.

¿Con qué margen de maniobra podría un fiscal de derechos humanos actuar, por ejemplo, contra los agentes de investigación criminal y los cuerpos de élite consentidos del propio procurador? ¿Podría un fiscal anti tortura perseguir a sus compañeros de la fiscalía o a los policías estatales, si no lo quiere el fiscal general?

Ya vimos con los policías que asesinaron al migrante Leonardo Reyes Cayente, como ni siquiera fueron sometidos a una investigación interna y exonerados solo en base a su propio parte informativo. No solo eso, sino que además criminalizaron a la víctima, contando con la complicidad de todo el aparato propagandístico del gobierno y la omisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El informe al Congreso al que la ley de la fiscalía le obliga cada año, en un sistema político como el que vivimos, se convertirá en “el día del fiscal”, como ya tenemos el día del gobernador, propiciando un besamanos que acrecentará el perfil político del poderoso funcionario.

La fiscalía de delitos electorales bajo un fiscal general activo políticamente y comprometido con el PAN, se podría convertir en una verdadera pesadilla en los próximos comicios de 2021. Ya hay muestras de la actuación de Zamarripa, todavía como procurador: contra del PRI en 2012 en el episodio de la CTM donde se irrumpió en una reunión de activistas electorales; contra el PVEM en 2015, al asaltar una bodega de propaganda en León; y contra Morena en 2018, al criminalizar al asesinado candidato a la alcaldía de Apaseo el Alto, con base en unos mensajes de su celular.

Sin embargo, más allá del activismo del Fiscal General en busca de afianzar una base de poder que hoy por hoy lo hace ya el funcionario más prominente de la estructura gubernamental, el problema que se observa en el escenario es que la continuidad de estilos, formas y estrategias en la persecución del delito, las mismas que no ha arrojado resultados hasta ahora, podría retrasar por décadas la modernización de la lucha contra la impunidad.

Hasta hoy, Carlos Zamarripa no se ha preocupado por dar resultados, sino por quedar bien y servir a estructuras de poder político y económico en Guanajuato. En Guanajuato hay una procuración de justicia selectiva, se es efectivo cuando se quiere serlo y se giran instrucciones para ello, pero en la generalidad de los casos hay lentitud, ineficacia, burocratismo, vicios y corrupción.

Como hoy Zamarripa es el rey de esa estructura, ya sin intervención de nadie, esa lógica no solo continuará, sino que se afianzará. Si a ello se le agrega su poder extendido a la Secretaría de Seguridad y a las principales secretarías de seguridad municipales, estamos asistiendo al surgimiento de una anomalía en la estructura política de Guanajuato que terminará por contaminar todo el sistema.

Control político, espionaje a opositores, favores al PAN, persecución de opositores, crisis de derechos humanos, control de prensa, falta de coordinación con el gobierno federal y justicia selectiva, serán algunas de las características del nuevo periodo al que ingresa Guanajuato.

Si bien, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez cree que se ha librado de la engorrosa tarea de dar la cara por la seguridad al haber impuesto a un auténtico condotiero como Carlos Zamarripa, incluso si tuviera posibilidades de éxito, a la larga funcionará la reflexión de Maquiavelo: “No es victoria la que se obtiene con armas ajenas”.

Sin embargo, lo más probable es que esa victoria esté lejana, sobre todo porque de fondo no existe ningún cambio en la estrategia que ha venido fracasando hasta ahora, por más que el gobernador repita como mantra lo de su “golpe de timón”, que de frase hecha pasó a ser frase vacía.

Por lo pronto, esta mañana en la zona Laja Bajío volvió a ponerse en evidencia que hay territorios perdidos a manos de la delincuencia, los cuales se encuentran en el corazón del diamante industrial que tanto enorgullece a la clase gobernante panista: un operativo de fuerzas de seguridad federales y estatales en la zona de Santa Rosa de Lima volvió a provocar incendios de vehículos en carreteras de la región, motivando bloqueos y hasta la suspensión de clases en varios planteles.

Guanajuato no era eso cuando inició el mandato de Carlos Zamarripa en la Procuraduría de Justicia. Con el enorme aparato de vigilancia del que se le ha dotado a costos millonarios, no puede alegar que nunca se dio cuenta o que no era su función evitarlo, por que si lo era por lo menos el dar parte al gobierno federal.

El nuevo fiscal, como aseguraba cuando era procurador, insiste que no es su trabajo combatir cárteles. Sin embargo, si lo es perseguir homicidas, delito del fuero común más allá de la motivación que lo produzca.

Pese a esa falta de voluntad de cambio, a la persistencia en mantener el mismo discurso, la misma visión y los mismos métodos que hasta hoy no han dado resultados, el PAN y Diego Sinhue creen que darle más poder es un golpe de timón.

Quizá sí, pero no sabemos para qué ni hacia donde.