Tras el anuncio de recortes al presupuesto por parte del ejecutivo federal para los refugios de mujeres víctimas de violencia y el retiro del subsidio a las estancias infantiles, la Comisión Estatal de los derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH-SLP), exigió que se respeten los presupuestos para los programas que contribuyen a la equidad de género.
La Comisión señaló que la inclusión de las mujeres en el trabajo es un proceso que les trae muchas dificultades, indicando que su inserción en el mercado laboral también conlleva prácticas de discriminación, vulnerando sus derechos humanos. Agregó que el programa de estancias infantiles proporciona la certeza a las madres y padres de familia de que sus hijos estarán bien atendidos mientras se encuentran en sus labores, además de contribuir al desarrollo de niños y niñas y cumplir con compromisos adquiridos por el país a nivel internacional.
En el comunicado, la Comisión recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con Unicef, cuando era candidato, cinco compromisos para el desarrollo infantil, con el propósito de consolidar el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizando el desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia.
El órgano reiteró también la necesidad de que la federación atienda oportunamente, de manera especializada y progresiva, el problema de la violencia de género, ya que también es un compromiso internacional adquirido por México el suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia.
En el comunicado también se señaló que el estado de San Luis Potosí mantiene la Alerta de Genero contra las Mujeres en seis de sus municipios, la cual demanda una oportuna acción de emergencia por parte del gobierno.
Los integrantes expresaron su preocupación debido a la “ligereza” con la que ha informado la suspensión y el restablecimiento de los subsidios para los refugios de mujeres víctimas de violencia. El comunicado exhorta al ejecutivo a garantizar la continuidad de estos programas, señalando que deberían contar con mecanismos tanto de monitoreo y evaluación claros y transparentes.
