El Tribunal Supremo abrió este martes el histórico juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, justo cuando la cuestión catalana tiene la política española patas arriba y amenaza con precipitar las elecciones.
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Los acusados aparecieron sentados en cuatro banquetas ante los siete jueces, en una primera sesión en la que sus abogados presentaron el juicio como un proceso políticamente sesgado.
“La causa atenta contra la disidencia política”, afirmó Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, para el cual la fiscalía pide 25 años de cárcel.
El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy. La sentencia no se conocerá antes de julio.
Además de Junqueras, están acusados la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ex ministros regionales y los responsables de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.
Para ellos la fiscalía reclama entre 7 y 17 años de cárcel. Nueve de ellos están acusados de rebelión y, como Junqueras, llevan meses en prisión preventiva.
Independentistas catalanes protestan contra el juicio
Miles de personas se congregaron en Barcelona para protestar contra el juicio iniciado en el Tribunal Supremo a doce dirigentes independentistas catalanes por el intento de secesión en octubre de 2017.
Con decenas de banderas independentistas y carteles con el lema “Libertad presos políticos”, los manifestantes coparon a partir de las 19:00 horas locales en la céntrica plaza Cataluña al grito de “No es un juicio, es una farsa”.
Según la policía municipal, 6.000 personas se congregaron en esta protesta, lejos de los decenas y cientos de miles convocados antaño por el movimiento independentista que vive horas bajas tras el fracaso del intento de secesión de 2017.
“Decidir no es un delito y ni un referéndum ni la autodeterminación se pueden juzgar, ni mucho menos condenar”, lanzó desde el escenario el vicepresidente del gobierno independentista regional, Pere Aragonés.
La concentración, que tuvo réplicas en otras ciudades catalanas como Girona y Tarragona, es la primera de un ciclo de protestas convocadas por partidos y asociaciones independentistas a raíz del juicio contra los exdirigentes de la región por el intento de secesión de octubre de 2017.
Entonces, el gobierno regional dirigido por Carles Puigdemont impulsó un referéndum considerado ilegal de autodeterminación con el que el Parlamento catalán justificó posteriormente una infructífera declaración de independencia.
Se esperan más protestas para el sábado con una gran marcha en Barcelona bajo el lema “La autodeterminación no es un delito”. El 21 de febrero está prevista una huelga general y el 16 de marzo una protesta en Madrid.
(Con información de AFP).
