Debido a los múltiples casos de violaciones a derechos humanos en el estado de Coahuila y a la nula efectividad de las autoridades, tanto federales como estatales, en la investigación y aplicación de justicia en casos de desaparición forzada, corrupción y tortura, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) ha iniciado un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre hechos ocurridos entre 2009 y 2016, periodo que comprende los gobiernos de Humberto Moreira, Jorge Juan Torres López y Rubén Moreira .
Esta petición fue acompañada por la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras e IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quienes respaldaron a los familiares de las víctimas involucradas, los cuales presentaron un compilado de 20 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el estado.
La FIDH y @FamUnidasORG presentan una denuncia ante la @CIDH contra el Estado de #México por corrupción, desapariciones forzadas y torturas cometidas en el estado de Coahuila. Mírala aquí: https://t.co/DEISZglx5H pic.twitter.com/xlI0CNVZTW
— FIDH (@fidh_es) February 20, 2019
El proceso fue iniciado en el marco de la posible extradición de Jorge Juan Torres López, exgobernador interino de Coahuila tras la renuncia de Humberto Moreira al cargo, cuando buscaba la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La FIDH y otras organizaciones civiles habían solicitado anteriormente a la Fiscalía General de la República (FGR) juzgar a Jorge Juan Torres López en México por los delitos de desaparición forzada, tortura y asesinato, ya que pudo estar involucrado en dichos delitos durante su paso por el gobierno estatal.
La Federación consideró como posibles delitos de lesa humanidad las acciones cometidas por Torres López, ya que éste pudo estar coludido con integrantes del Cártel de Los Zetas cuando ocurrió la Masacre de Allende, donde se estima la desaparición de entre 60 y 300 personas el viernes 18 de diciembre de 2011.
Algunas investigaciones han señalado la posible colusión del gobierno local y el Cártel de Los Zetas, esto debido a la inacción de las autoridades tanto estatales como federales al momento de la masacre, así como el hecho de que los cuerpos de seguridad ignoraron varias llamadas de auxilio realizadas desde el lugar de los hechos
