La respuesta es lapidaria y simple: en nuestro país existen 40 mil 180 casos de personas reconocidas por las autoridades como desaparecidas.

Los servicios, llámense centros o institutos forenses estatales y municipales, están rebasados en su capacidad para resguardar cadáveres no identificados, extraídos de fosas clandestinas o abandonados a la intemperie.

Estamos ante las estadísticas de la muerte. Víctimas de la violencia en espiral ascendente, cuyos casos deben ser esclarecidos porque detrás de las cifras existe un entramado de dolor de las familias que buscan durante años a sus personas más queridas.

El reporte de cada nuevo hecho de violencia cometido por el crimen organizado y la ineptitud de las autoridades supera nuestra capacidad de asombro. Ese es el caso de Jalisco.

El 15 de septiembre de 2018, nos horrorizó la noticia de que dos tráiler con 444 restos humanos sin identificar “deambulaban”, así, “deambulaban”, por las colonias populares.

La “morgue móvil” obligó al cese del Fiscal General y del Director del Instituto Forense, quienes apenas atinaban a argumentar que se contrató el servicio debido a la saturación de la morgue con cadáveres no identificados.

La ineptitud de autoridades incapaces de dar respuestas institucionales, apegadas a la ley y a los protocolos, aniquilan el ánimo de quienes buscan respuestas, certidumbre.

Como muestra otro botón: el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) informó al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) que de enero de 2006 octubre de octubre de 2018 fueron incinerados mil 560 cuerpos de personas no identificadas.

Aun cuando esta información no es congruente con las notas informativas de 2017, en las que el IJCF dio a conocer que de 2006 a 2015, en Jalisco se incineraron mil 571 cuerpos desconocidos. Hablamos de los periodos de los ex gobernadores Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval.

En el más reciente reporte de la CEPAD, denominado “Incineraciones de Cuerpos No Identificados en Jalisco. Crímenes Sin Justicia” se advierte que  “la deficiencia en los procesos de identificación, registro y conservación de cuerpos y evidencias, han provocado la incineración de cuerpos de personas desconocidas, obstruyendo así el acceso al derecho a la verdad y a la justicia”.

Nuevamente los derechos humanos de quienes buscan a personas desaparecidas son violentados, ya que no se aplican protocolos y la ley para garantizar el acceso y procuración de justicia para las víctimas directas e indirectas.

La CEPAD reveló que de las mil 560 personas incineradas, a mil 430 “no se les realizaron previamente las tomas de muestras de ADN, ni se efectuaron las confrontas genéticas para su posterior identificación”.

Este Centro, además, solicitó a la Fiscalía General de Jalisco el número de autorizaciones para incinerar esos cadáveres. La respuesta es que no “cuenta con bases de datos que aglutinen dicha información  o de la cual se desprenda dicha información”.

Solo para estar en contexto de la tragedia nacional, quien fuera titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación hasta los primeros días de enero, Roberto Cabrera, en su Informe 2018, advirtió el posible extravío de mil 574 cuerpos.

Nuevamente Jalisco se encuentra a la cabeza de las estadísticas con el recuento más extremó de “extravió o desconocimiento del destino final de cadáveres no identificados con 658 casos.

Le siguen el Servicio Médico Forense, con 466; estado de México, con 129; Sonora, con 85; Hidalgo, con 66, y Puebla, con 42. Habrá que sumar el que 20 estados de la República no han entregado información completa sobre la ubicación de cadáveres que previamente sus áreas forenses informaron a Plataforma México.

El banco de huellas dactilares del Instituto Nacional Electoral (INE) permitió hasta diciembre pasado identificar los cuerpos de 436 personas, una ínfima cantidad si se considera que las autoridades reconocen en el presente 40 mil 180 casos de personas desaparecidas y a ciencia cierta se desconoce la cantidad de cuerpos confinados en morgues o fosas comunes e incluso, como hoy se sabe, cremados sin previa identificación y autorización de las familias.

La CEPAD, luego de advertir los entramados de ilegalidad en el procesamiento de restos humanos en que incurrieron las autoridades de Jalisco y el sufrimiento de quienes buscan a sus personas desaparecidas, reitera la exigencia de que se aplique el Protocolo de Minnesota con el consecuente resguardo de las cadenas de custodia, bancos de ADN y pruebas de criminalística forense, entre otras, que coadyuven a la  identificación de las personas para que no sean crímenes sin justicia.

Aún está en la memoria el caso de la Fiscalía General de Morelos, durante el gobierno de Graco Ramírez. Caso aberrante en el cual la autoridad forense sepultó parte de sus “excedentes”. El resultado, en Tetelcingo, en una fosa común e ilegal y sin seguir protocolos, la autoridad confinó 117 cuerpos, algunos de ellos reclamados por las familias, 84 con signos de violencia criminal.

¿Qué deben hacer las autoridades para no reeditar casos que atengan contra la dignidad humana más allá de la vida?

El documento “La Desaparición Forzada en México: Una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas” contiene valiosas recomendaciones de especialistas internacionales, entre ellas: aplicar un Programa Nacional de Exhumaciones para que se garantice el resguardo y clasificación de los restos humanos conforme al Protocolo de Minnesota.

De esta forma, la ONU recomienda la creación de Panteones o Cementerios Ministeriales. Algunas de sus observaciones se encuentran plasmadas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda De Personas.

El Protocolo de Minnesota o Protocolo Modelo adoptado por la ONU en 1991 contribuye a la investigación de “Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias”.

En medio de la cadena de maldad que rodea a estos crímenes, la Antropología y Criminalística Forense tiene la bondad de ayudar a las familias a encontrar la verdad que reclaman con la identificación de la persona, la forma y la causa de su muerte.

Así, el cuerpo una víctima de muerte violenta no debe ser cremado porque es una prueba por sí misma; su preservación debe permitir alcanzar la verdad histórica y hacer justicia.

En los panteones o cementerios ministeriales, se resguardarían los cuerpos en gavetas y en condiciones de dignidad, siguiendo cadenas de custodia.

Chilpancingo, Guerrero, es el primer municipio, desde finales de 2016, en operar un cementerio forense con capacidad para poco menos de 500 cuerpos no identificados; pese a ello, hay familias inconformes.

En Veracruz, los 16 colectivos de búsqueda, entre ellos las históricas mujeres de “Solecito” y Desaparecidos Córdoba-Orizaba, exigen la creación de un cementerio de esta naturaleza. Lo propio ocurre en Tijuana, Baja California.

Los panteones o cementerios ministeriales son una necesidad. Y lo son porque quienes buscan también son víctimas, imposibilitadas para encontrar respuestas, verdad y justicia entre las cenizas. 

@CoronelJmm