El caso de Venezuela ilustra la muerte de una democracia a través de la instauración de un sistema de monopolio político. Proyecta un modelo autoritario que suspendió los procesos democráticos con frecuentes interrupciones constitucionales y que sometió a la disidencia a persecuciones de todo tipo. Es un gobierno alejado de la legalidad que se sustenta en elecciones fraudulentas y manipuladas convirtiéndolas en un simple formalismo para imponer a los candidatos del régimen. Son recurrentes las “inhabilitaciones electorales selectivas” que afectan especialmente a los dirigentes de la oposición limitando el derecho político de elegir y ser elegido. Representan un instrumento del poder para neutralizar a los que piensan diferente. Por ello, los procesos electorales bajo el gobierno de Nicolás Maduro carecen de credibilidad y legitimidad.
Un régimen es democrático cuando los ciudadanos pueden formular sus preferencias libremente, asociarse, expresarse y sufragar sin limitaciones. Cuando votan expresan su voluntad respecto a las diferentes alternativas que compiten por el apoyo popular. Sin contrapesos, la democracia se degrada. Incluso, el proceso que sigue un sistema político para reconocer a la oposición es uno de los indicadores para distinguir entre un gobierno democrático y otro autoritario. El pueblo venezolano vive uno de los momentos más difíciles de su historia. Llegó hasta aquí conducido por un liderazgo que se define de izquierda y que estableció un modelo económico ineficiente que generó una crisis humanitaria sin precedentes. El “socialismo del siglo XXI” que se impuso en ese país se caracteriza por la ausencia de pluralismo político, por una posición subordinada de la sociedad civil y por la justificación ideológica de toda acción gubernamental.
El jurista alemán Carl Schmitt distingue entre la dictadura comisaria que “protege” el ordenamiento legal existente y la dictadura soberana que “crea” un nuevo orden legal. Ambos tipos de dictadura manifiestan una clara centralidad del jefe supremo: una favorecida por la ley y los poderes constituidos; y la otra, avalada por el poder constituyente —teóricamente el pueblo soberano— por un periodo determinado y el propósito específico de proteger o crear la ley. Actualmente, los dictadores buscan perpetuarse en situaciones de crisis para permanecer el mayor tiempo posible en el poder, trascendiendo el carácter temporal que las caracterizó en sus orígenes. Ellas producen un Estado burocrático-autoritario que favorece la arbitrariedad, la violencia y la vulneración del Estado de Derecho. Las dictaduras siempre se han caracterizado por sus intentos de establecer y consolidar monopolios políticos bajo la hegemonía de un líder absoluto.
Es difícil que la tiranía en Venezuela abandone el poder a través de elecciones porque no existen libertades ciudadanas, ni un sistema de justicia independiente. Se requiere, en primer lugar, del cese de la represión y del impulso de elecciones auténticamente democráticas que cumplan con las exigencias de certeza, legalidad, universalidad y objetividad, y en segundo lugar, del respaldo de observadores internacionales que otorguen garantías al proceso. Sólo así será posible refundar la democracia en ese país hermano. Por lo que respecta a México, mal hacemos como nación que promueve la democracia si nuestra diplomacia se mantiene indiferente, omisa y cómplice de las dictaduras. La tesis de que “la mejor política exterior es la política interior”, prende las alarmas por un mayor aislamiento de los esfuerzos por construir un nuevo orden internacional basado en la justicia y la protección de los derechos humanos.
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