El Consejo de la Judicatura dio a conocer la suspensión de sus funciones a seis jueces civiles y 12 secretarios de acuerdo y trámite a quienes la Fiscalía General de Coahuila les investiga por 100 mil créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los cuales fueron obtenidos aparentemente de forma fraudulenta.
En una rueda de prensa, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú, informó que después de que se revisaran expedientes, se hiciera diligencias y visitas extraordinarias, el Consejo determinó iniciar procedimientos en contra de los seis jueces y 12 secretarios de acuerdos de los municipios de Torreón, Parras y Sabinas.
Además, el abogado Mario Alberto Sánchez Zúñiga aseguró que tanto los jueces, como algunos funcionarios y empleados del Infonavit validaron contratos ilegales de compraventa de viviendas y despojaron a los derechohabientes que eran beneficiados.
“Les quitaron su vivienda sin aviso. No existe ningún juicio, ningún documento que avale el hecho de que se hayan escriturado las propiedades en favor del Infonavit. Todas esas viviendas se vendieron, la gran mayoría en megapaquetes” mencionó el abogado.
De acuerdo con el medio La Jornada, los jueces que fueron suspendidos de sus funciones por el Consejo de la Judicatura son Carlos Santiago Charles Lozoya, Juan Gallegos Márquez y Guillermo Martínez Galarza, titulares de los juzgados primero, segundo y cuarto Civil de Torreón. De igual manera fue suspendido Jaime Arturo Miramontes Perales, juez segundo letrado civil de Torreón; Édgar Arturo García Almanza, juez familiar de Parras y, Arturo Luna Pérez, juez civil del municipio de Sabinas.
La Magistrada Miriam Cárdenas Cantú informó que una vez que concluya el procedimiento las acciones pueden no ser solamente administrativas, sino que también se pueden convertir en penales. Además, mencionó que algunas personas lograron ampararse.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado indicó que a ella no le corresponde decir si las personas involucradas pueden ir a la cárcel o no, debido a que el Poder Judicial solo se encarga de la aplicación de sanciones administrativas y enviar los resultados del proceso a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía General.
“La Fiscalía es la encargada de las investigaciones de delitos, no el Consejo de la Judicatura. Eso es injerencia del Ministerio Público, yo no puedo aventurarme a dar alguna respuesta sobre esta situación”, concluyó Cárdenas Cantú.
A través de un comunicado, el Poder Judicial del Estado de Coahuila dijo que la información que arroje la investigación debe mantenerse bajo reserva con el fin de acreditar la probable comisión de irregularidades e iniciar las acciones legales y disciplinarias que correspondan.
Por último, en el documento, los consejeros de la Judicatura repudian cualquier práctica corrupta proveniente de un juzgador.
Puedes consultar aquí el comunicado completo.
Te sugerimos leer: Frente a la nueva austeridad de AMLO, ¿quiénes deberán ‘apretarse el cinturón’?
