Aunque el gobierno estatal proporcionó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la información solicitada sobre la mayoría de los temas, sus respuestas escuetas y las referencias a otras leyes limitaron el contenido sobre la entidad.
La CNDH presentó ayer el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guarda los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas del país”, documento que contiene la información recabada por la Comisión desde 2016 sobre cómo los estados y sus habitantes conviven y apoyan a las personas con discapacidad que habitan en su territorio.
La CNDH informó, en 25 apartados diferentes y 450 páginas, cómo los gobiernos estatales desarrollan tanto sus obligaciones como la aplicación de los derechos a este grupo etario.
En el caso de Nuevo León, la comisión informó que el gobierno estatal presentó 20 de las 24 solicitudes de información realizadas. No obstante, las solicitudes no atendidas son de temas de relevancia como el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad o el derecho a la rehabilitación.
El informe detalla de manera breve cual es la situación de cada estado. Por lo que respecta a Nuevo León, en el tema de Armonización Legislativa, el gobierno estatal indicó que se ha puesto en marcha la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, además de reformar varias leyes.
Se agregó que se han implementado estrategias para las personas con discapacidad en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, además de realizar reformas a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable para apoyar a este grupo social.
El gobierno estatal también detalló el presupuesto estimado, tanto del ámbito público como privado, para la inclusión y el desarrollo social, además del presupuesto federal desde 2011 hasta 2016, lo cual suma un total de 407,316,015.04 pesos de presupuesto enfocado en las personas con discapacidad.
De este presupuesto, Nuevo León enfocó 128,652,420 pesos para instituciones privadas enfocadas en el desarrollo de personas con discapacidad.
En el estado también se ha desarrollado la inclusión de las personas con discapacidad por medio del ejercicio de sus derechos ciudadanos mediante el Consejo para las Personas con Discapacidad, con el cual consulta y asesoran a los ciudadanos con discapacidad para que tengan inclusión social.
La Secretaría de Desarrollo Social del estado es la encargada de recopilar los datos necesarios para que las personas con discapacidad sean incluidas en el Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad.
Los derechos de las personas con alguna discapacidad son tomados en cuenta en un punto aparte por la CNDH, ya que, a pesar de todos los programas gubernamentales que puedan ser aplicados, lo que realmente influye en su vida diaria es la aplicación (o no) de las medidas instauradas.
El gobierno estatal respondió que la Ley para la igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad respaldan las políticas públicas de las mujeres con discapacidad, mientras que, en el caso de las niñas y niños, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes refleja la obligación de las autoridades estatales para su protección especial.
También se informó que, con la implementación del Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de Vulnerabilidad se busca dar oportunidades de acceso a servicios y experiencias en favor de este grupo, además de brindar un apoyo de 700 pesos para su sustento y realizar el Programa Laboral de las Personas con Discapacidad.
En lo relativo a accesibilidad, Nuevo León no salió muy bien parado, ya que solo se limitó a enunciar sus obligaciones establecidas en la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado y a señalar la creación de una ruta de transporte especial para este grupo etario. Agregaron que la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable garantizan la movilidad en el transporte de las personas con discapacidad.
Nuevo León no cuenta con algún sistema de apoyo para garantizar que las personas que cuenten con alguna discapacidad física o mental que no les permita gobernarse a sí mismas puedan ser reconocidos como individuos, esto a pesar de que el Código Civil establece que pueden ser reconocidas mediante algún representante.
En lo que respecta al acceso a la justicia, Nuevo León cuenta con peritos especializados en personas con alguna discapacidad, además de que la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad apoya directamente a este grupo.
El gobierno estatal no detalló en varios aspectos, como la protección contra la explotación, el abuso o la violencia, o al derecho a tener un nombre y nacionalidad, limitándose a referir documentos como el Código Civil o leyes ya establecidas anteriormente.
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