Pese a la desaparición del Consejo de la Judicatura de Oaxaca por decreto de la LXIII Legislatura, los mecanismos legales a los que recurrieron los integrantes del órgano –entre ellos el amparo y la controversia constitucional– lo mantuvieron con vida presupuestal para 2019.
El Paquete fiscal 2019 presentado por la Secretaría de Finanzas (Sefin) a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura en días pasados, contempla la asignación de recursos para el ente y además le otorga un aumento.
Mientras en 2018 el Congreso de Oaxaca aprobó recursos por 660 millones 58 mil 906 pesos al Consejo de la Judicatura, para 2019 la Sefin le presupuestó 704 millones 157 mil 111 pesos, lo que representa un incremento del seis por ciento.
El órgano creado en 2011 para administrar la carrera judicial, así como establecer la configuración territorial de salas y juzgados concentra el 80 por ciento del recurso calculado para el Poder Judicial de Oaxaca en 2019 que suma 819 millones 339 mil 886 pesos, en tanto que en 2018 representaba el 76 por ciento.
*La desaparición
A propuesta de la entonces diputada por el Partido Verde en la LXIII Legislatura, Nayelli Hernández, los representantes populares aprobaron las reformas a los artículos 79, fracción vigésima cuarta; 99, párrafo segundo; 100, 101, fracción segunda y párrafo once, 102, párrafos dos y tres, 103, 111, fracciones tercera, cuarta y quinta, y 120, fracción uno, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Con lo que el Congreso desapareció el Consejo de la Judicatura. El hecho fue calificado por el presidente del órgano, Alfredo Lagunas Rivera como un retroceso de por lo menos 20 años en el andamiaje jurídico.
Un día después de la reforma constitucional, el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial del Estado el decreto y el 3 de agosto fueron nombrados como integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina –misma que sustituyó al Consejo de la Judicatura– Crescencio Martínez Geminiano y César Cervantes Hernández.
Sin embargo, los integrantes de la Judicatura recurrieron al amparo ante los tribunales federales y en un primer momento lograron la suspensión provisional, para después obtener la suspensión definitiva.
Con la medida se promovió que el órgano continuara en funciones, ya que entre los actos reclamados se encontró “la falta del debido proceso deliberativo de naturaleza democrática que dieron a la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tendiente a desaparecer el Consejo de la Judicatura y en consecuencia sin respetar la previa designación efectuada y por ende la violación de terminar anticipadamente la temporalidad de la designación de consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado”.
Mientras tanto, en agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional presentada por integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, contra la desaparición del Consejo de la Judicatura, por considerar que la medida tomada por el Congreso del Estado vulnera la esfera entre los poderes.
Ante los recursos legales interpuestos por los propios integrantes del Consejo de la Judicatura, el ente se mantiene en el presupuesto de egresos de Oaxaca en 2019.
