Marisol Flores I Pachuca
Durante la sesión de ayer de la LXIV Legislatura fueron presentadas iniciativas de reforma al Código Penal de Hidalgo, para especificar cuándo un servidor público comete ilícitos en el ejercicio de la función pública, y a la Constitución Política, a fin de incluir la firma del secretario de Gobierno en la promulgación de reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones de carácter general.
La panista Claudia Lilia Luna Islas propuso la modificación de los artículos 298, 301, 302 y 307 del código, que contemplan tipificar el delito de incumplimiento de un deber legal e incluir como parte del tipo penal la reproducción, entrega, utilización o inutilización ilegal de información o documentación bajo custodia.
También sugirió castigar como ilícito el retraso u obstaculización de la prevención, investigación, sanción y reparación por los actos contra el derecho de los integrantes de una familia a vivir una vida libre de violencia.
“En el capítulo de abuso de autoridad se propone reformar la fracción II del artículo 301 para eliminar la posibilidad de que se interprete que existe causa legítima para que los servidores públicos puedan violentar, vejar o insultar a las personas”, leyó la diputada en la tribuna.
La iniciativa amplía los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El morenista Armando Quintanar Trejo propuso reformar el artículo 51 constitucional para que una vez aprobado un proyecto de ley o decreto por el Congreso se remita al gobernador para su promulgación y publicación.
Además, para su validez, los reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones de carácter general que expida el titular del Poder Ejecutivo requerirán la firma del secretario de Gobierno y los del ramo involucrado.
Según la propuesta, 10 días hábiles siguientes a que el Legislativo envíe el proyecto, el titular del Poder Ejecutivo podrá devolverlo con las observaciones que considere pertinentes
El Congreso deberá discutirlo nuevamente y, si fuese confirmado por dos tercios del total de diputado volverá al gobernador, quien lo promulgará
