A partir de enero bajarán impuestos a la mitad en la franja norte del país. Además se duplicará el salario mínimo. Los teóricos calculan que estas medidas detonarán la economía nacional basados en el éxito de China, pero algunos empresarios no parecen convencidos.

 

Cuando el Programa Bracero terminó en la década de los sesenta y los mexicanos que trabajaron en EUA regresaron a este país, una opción para emplearlos fue desarrollar la industria maquiladora que hoy existe en la frontera norte.

Así la mano de obra que suplió a los norteamericanos enviados a la guerra cambió de los campos agrícolas a las líneas de producción, y esto ayudó a fomentar la economía local.

Por esos años fue fundada Switch Luz S.A., empresa productora de apagadores principalmente para el sector aeroespacial. Su gerente general, David Berruecos, dice que son la maquiladora más antigua del país y conocen los vaivenes de la política fiscal mexicana.

“Hemos pasado desde ábranse las maquiladoras en los sesenta, no paguen impuestos, pero abran. Al punto de ahorita: pueden abrirlas pero con ciertas limitaciones”, platica.  

En los últimos 18 años pasaron de un decreto presidencial que redujo casi un 40 por ciento el Impuesto Sobre la Renta (ISR), a comprobar origen y destino de materia prima para no pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Ahora hay la promesa de una Zona Económica del  Norte (ZEN), reduciendo esos impuestos y aumentando el salario mínimo a partir de enero del 2019, el segundo mes de funciones del siguiente gobierno federal.

Autoridades estatales y economistas aplauden los cambios confiando en que son un impulso para la región. Pero los primeros todavía no saben cómo se implementarán, y los segundos admiten que también hay riesgos.

La teoría dice que con más dinero en la bolsa, la población aumentará su gasto, y esto la oferta de bienes y servicios. Del otro lado está la posibilidad de un incremento en los precios y menos recursos para los estados por una baja en la recaudación de impuestos.

“Es como un experimento. Vamos a experimentar en la franja fronteriza a ver qué ocurre y ver si esas políticas luego se pueden implementar. Que es exactamente lo que hizo China”, dice Ismael Plascencia, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Ese país, explica, tomó el modelo que México usó para desarrollar la industria maquiladora en los sesenta pero lo revolucionó de una política laboral a una económica.

Llevó los beneficios a su zona costa para exportar sus productos y así tratar de sacar de la pobreza al resto de ese enorme territorio.

La diferencia es que las fábricas debían comprar sus insumos a productores chinos y eso alimentó el ciclo de crecimiento, destaca. 

 

 

El investigador de la Facultad de Contaduría y Administración es uno de los especialistas en la propuesta que el empresario local Pedro Romero Torres-Torrija, entregó a todos los candidatos de la pasada contienda presidencial.  

Pero la medida que recuerda a la antigua “Zona Libre” en esta frontera tiene un largo recorrido. El ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) no les prestó atención, y el actual gobierno federal llevó la idea al sur del país.

El problema de esto, considera Ismael Plascencia, es que el beneficio se reduce porque allá no hay una industria tan desarrollada, ni condiciones geográficas o infraestructura como aquí.

“Está bien que ayuden al sur, ya nosotros no queremos que nos ayuden. Lo que queremos es que no nos estorben”, subraya.

Esto porque mientras llegan connacionales buscando trabajo para mejorar sus condiciones de vida y necesitan servicios, la redistribución de recursos desde la federación no es equitativa con lo que el estado aporta.

Aquí Ismael Plascencia le da la razón al gobierno del estado, pero advierte que la llegada de migrantes es un argumento perfecto para solicitar más dinero.

“Se quejan pero no hacen nada al respecto. Son unos incompetentes para negociar participaciones”, dice.

La respuesta recurrente de distintas autoridades a la falta de solución de problemas es que “el dinero nunca alcanza”, aunque algo de esto parece estar más en la administración.

Baja California tiene un presupuesto anual que rebasa los 50,000 millones de pesos, pero entre el 60 por ciento y 70 por ciento se va en pago de nómina.

El Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, afirma que un 90 por ciento del presupuesto local es dinero recaudado en los estados y redistribuido por la federación.

“¿Qué sucede cuando le decimos eso a la federación o a las instancias federales? Nos dice: eleven sus impuestos”, menciona.

El dinero es asignado por una fórmula con variantes como el tamaño de la población, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, el aumento en la recaudación de impuestos y derechos locales, entre otros.   

En el total de las llamadas Participaciones Federales para estados y municipios están por supuesto el IVA y el ISR.

Anualmente la Aduana de Tijuana recauda alrededor de 13,500 millones de pesos, y un 86.4 por ciento es por concepto de IVA, de acuerdo con el administrador Enrique Orantes González.

El funcionario federal que nunca admite entrevistas dijo esto en un foro público donde el tema era la imposición de aranceles en el comercio mundial. Allí mismo consideró que disminuir el IVA sería un golpe a la recaudación.

“Tiene que meterse la gente de hacienda a hacer cálculos, pero en principio no nos va a tocar la disminución de toda la fórmula nada más a la franja fronteriza. Nos va a bajar a todo el país”, asiente el secretario Bladimiro Hernández.

De cualquier manera los consultados creen que teniendo Baja California un 3 por ciento de la población que aporta un porcentaje similar a las participaciones federales, esa baja se difumina.

Y el gobernador Francisco Vega piensa que cualquier impacto negativo será compensado con un mayor dinamismo económico, aunque desconoce detalles de la medida y si complicará las finanzas estatales en lo inmediato.

“Esos estudios no los tengo como estado, los debe de tener la administración federal y la próxima administración (…) yo siento que eso ya lo tienen resuelto”, dice.

Pero los especialistas de Cetys Universidad, Colegio de la Frontera Norte (Colef), y UABC que elaboraron la propuesta, no esperan problemas.

Una baja en la cantidad de recursos  federales que recibe el estado no traerá un gran daño tomando en cuenta la disparidad entre gasto e inversión en el presupuesto anual.

Empresarios e investigadores sostienen que el estado tiene mucho sin desarrollar obras de infraestructura trascendentales para empujar  el crecimiento económico.

Esto lo documenta el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Esa asociación afirma incluso que la repartición de recursos a los estados es inequitativa para todo el país.

“La región norte tiene ingresos intermedios de participaciones y aportaciones. Además, tiene los menores niveles de inversión pública y de recursos para sus municipios”, dice en su reporte Presupuesto de los estados por región 2018.

Y esa deuda tendrá que esperar otro programa gubernamental porque la ZEN se concreta al renglón económico, dice el investigador de UABC.

Es más, la propuesta entregada a los candidatos presidenciales no es la misma que ofreció López Obrador a los fronterizos cuando estaba en campaña.

Se trataba de reducir el IVA, esa batalla que inició en 2014 con el aumento del 11 por ciento al 16 por ciento, pero el presidente electo agregó el ISR y el aumento del salario mínimo al doble.

Esto como un intento de detener la migración al norte, algo en lo que el presidente norteamericano Donald Trump y el próximo presidente mexicano coinciden.

“Se está creando un muro de contención de 30 kilómetros en la franja fronteriza, que es donde se van a aplicar estas políticas”, afirma el académico.

Otro de los cambios a la idea original son los estados incluidos, porque la iniciativa era para la zona costa de toda la península bajacaliforniana, imitando el modelo de China.

La modificación para llevarlo a la zona limítrofe norte quizá obedece a razones políticas, pero es estratégico incluir a Ensenada porque es el puerto para exportar al mundo, añade Ismael Plascencia.

 

 

Así la incertidumbre de esa ciudad costera a dos meses de que inicie este modelo económico se suma a otra como las consecuencias de doblar el salario mínimo que hoy es de 88 pesos diarios.

Las cúpulas empresariales argumentan principalmente un riesgo de inflación, y aunque los economistas lo consideran, no lo respaldan.

Rubén Roa, presidente de la comisión del Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (Cemdi), dice que el aumento de precios en Tijuana y Mexicali obedece más al tipo de cambio peso-dólar.

No importa tanto la variación cuando sigue siendo más viable cruzar a Estados Unidos por gasolina y de compras, que traer los productos del centro del país.

Sin embargo un reto que podría presentarse es satisfacer las necesidades de la industria y las personas que lleguen atraídas por las nuevas condiciones.

“No observo ninguna amenaza de inflación, en lo absoluto, todo lo contrario”, opina el presidente de la comisión de Cemdi en Tijuana.

En lo que todos dicen estar de acuerdo, aunque igual desconocen los verdaderos alcances en la práctica, es la urgencia de aumentar el salario de la clase trabajadora.

Falta conocer por ejemplo cuánto dinero representará para los empresarios, así como el porcentaje de trabajadores beneficiados y en qué medida, porque hay quienes ganan casi los dos salarios mínimos o poco más.  

“La iniciativa privada participa si le conviene, si se ven afectados sus intereses”, considera el investigador de la Facultad de Contaduría y Administración.

Entonces para que todo funcione parece que cada elemento debe tener un margen de error tan bajo como el que llevan los técnicos en los apagadores de Switch Luz S.A. para las aeronaves de vuelan por todo el mundo.

Eso no es tan sencillo en este caso porque hay cosas que las leyes, reglamentos y decretos no controlan.

David Berruecos cuenta que los beneficios fiscales a la industria maquiladora se condicionaron cuando algunas empresas se aprovecharon y defraudaron al fisco.

Al parecer por esa historia no descarta que algunas empresas se vean tentadas a subir precios para aumentar utilidades.

“Que esas empresas lo distribuyan de manera correcta en su organización, estamos ante unos temas de ética y de responsabilidad social”, comenta.