Este documento se enfoca principalmente en dos crímenes cometidos en la entidad: la masacre de Allende, en 2011, en donde más de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas, y el caso de la prisión del CERESO en Piedras Negras, lugar que se consideraba la sede del cártel, en donde 150 personas fueron asesinadas de 2009 a 2012.
De acuerdo con el reporte, en ambos casos existió la participación de la policía estatal y local, así como también funcionarios de niveles más elevados. Algunos elementos de la policía testificaron que a mediados de 2009 el Departamento de Policía Municipal de Allende estaba involucrado con el crimen organizado, y confirmaron que los elementos recibían de 500 pesos hasta 20 mil pesos mensuales por el cartel.
Lo mismo ocurrió en el CERESO de Piedras Negras, en donde los sobornos a los custodios eran de mil pesos mensuales, mientras que el director recibía 10 mil pesos al mes.
De acuerdo con la fundación, la CNDH acusa a la policía estatal de involucrarse en secuestros, extorsiones y brindar protección al crimen organizado. Por tanto, ha pedido a las autoridades del estado a investigar la probable responsabilidad de los funcionarios en estas masacres.
En México, la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción, conformada por diferentes organizaciones de derechos humanos, ha sugerido la creación de un mecanismo facultado para la investigación independiente de crímenes atroces y casos de corrupción. Sin embargo, el gobierno mexicano ha rechazado la propuesta.
