La fundación Open Society Justice Initiative, en colaboración con algunas organizaciones mexicanas, elaboró el reporte Corruption that Kills (Corrupción que mata), el cual ofrece un análisis de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el cartel de los Zetas en Coahuila, en los cuales también se han detectado casos de corrupción por parte de elementos de seguridad local.
Este documento se enfoca principalmente en dos crímenes cometidos en la entidad: la masacre de Allende, en 2011, en donde más de 300 personas fueron desaparecidas y asesinadas, y el caso de la prisión del CERESO en Piedras Negras, lugar que se consideraba la sede del cártel, en donde 150 personas fueron asesinadas de 2009 a 2012.
De acuerdo con el reporte, en ambos casos existió la participación de la policía estatal y local, así como también funcionarios de niveles más elevados. Algunos elementos de la policía testificaron que a mediados de 2009 el Departamento de Policía Municipal de Allende estaba involucrado con el crimen organizado, y confirmaron que los elementos recibían de 500 pesos hasta 20 mil pesos mensuales por el cartel.
Lo mismo ocurrió en el CERESO de Piedras Negras, en donde los sobornos a los custodios eran de mil pesos mensuales, mientras que el director recibía 10 mil pesos al mes.
De acuerdo con la fundación, la CNDH acusa a la policía estatal de involucrarse en secuestros, extorsiones y brindar protección al crimen organizado. Por tanto, ha pedido a las autoridades del estado a investigar la probable responsabilidad de los funcionarios en estas masacres.
En México, la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción, conformada por diferentes organizaciones de derechos humanos, ha sugerido la creación de un mecanismo facultado para la investigación independiente de crímenes atroces y casos de corrupción. Sin embargo, el gobierno mexicano ha rechazado la propuesta.
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