La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Agencia Estatal del Transporte (AET) de Nuevo León, sacaron de circulación 15 taxis piratas y siete vehículos de alquiler que operaban con taxímetro alterado o no mostraron la autorización para ofrecer el servicio.
El pasado 25 de abril cientos de taxistas del estado exigieron la regularización y aplicación de operativos contra unidades pirata y la renuncia del titular de la AET, Jorge Longoria.
Arturo Rodríguez, líder de los inconformes, aseguró que la presencia 70 mil taxis pirata en circulación -entre ellos unidades de Uber, Easy y Cabufy- redujo 50 por ciento sus ingresos, y advirtió que actualmente existen 32 mil taxis regulados y cada vez son menos.
Longoria Treviño acusó el pasado 7 de mayo a los taxistas de informar de los operativos contra taxis pirata a través de mensajería instantánea y calificó de incongruente la exigencia de los transportistas de retirar a unidades pirata, pero les informan de los operativos.
En septiembre del 2017 el Congreso de Nuevo León intentó lanzar un predictamen de la “Ley Uber”, para prohibir el pago en efectivo para empresas como Cabify, Easy Taxo, Bla Bla Car y Uber y pedirles el pago de 1.5 por ciento de sus ingresos para apoyar la infraestructura y movilidad del estado.
Sin embargo, Uber acusó que tal ley es ilegal porque el Legislativo local no es autoridad monetaria para determinar cómo debe pagarse un servicio.
