Este domingo los cinco candidatos presidenciales debatieron sobre los temas de seguridad y violencia; corrupción y combate a la impunidad y pluralismo, democracia y grupos vulnerables.
Durante el encuentro hubo acusaciones, cifras y promesas.
Estas son algunas de las frases de los candidatos que el equipo de Verificado 2018 revisó. ¿Serán verdades o mentiras?
Seguridad y violencia
Frase
“Es muy grave la situación de violencia en el país, y no ha funcionado la estrategia que han aplicado tanto el PRI como el PAN (…) hay más de un millón de víctimas de la violencia. Tenemos que hacer todo para conseguir la paz”: López Obrador
“Van ya un millón de víctimas acumuladas solamente en los últimos dos sexenios, no está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar”: Ricardo Anaya.
Ninguno de los dos candidatos mencionó el origen de los datos ni a qué se refieren con “víctimas”, pero el equipo de Verificado 2018 revisó las fuentes para medir victimización en México y encontró que la cifra dada por ambos candidatos es falsa.
Los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran que, tan solo en los años 2015, 2016 y 2017, hubo 839 mil 621 víctimas. Los delitos de Lesiones y homicidio lideran la estadística.
Esto significa que, en un periodo de casi tres años, el número de víctimas está cerca del millón. Los dos candidatos hablaron de dos sexenios.
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Frase
“Del 2011 al 2014 bajó mucho la delincuencia para después volver a subir”: José Antonio Meade
Verificado 2018 revisó la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) sobre los índices de incidencia delictiva en todo el país en los años citados por Meade y lo que encontró es que el dicho del candidato es verdadero.
Del 2011 al 2014 se muestra una disminución en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, que continúa en disminución en 2015 y que comienza a subir en 2016 y repunta en 2017.
La tasa en 2011 fue de 1,505 delitos por cada cien mil habitantes, en 2012 se mantiene la misma tasa que el año anterior, en 2013 la tasa disminuye a 1,440 y en 2014 es de 1,355, de acuerdo con las cifras del SESNSP, hasta alcanzar una tasa de 1,463 delitos en 2017.
Frase
“¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades federativas, prácticamente en todo el país”: Ricardo Anaya
El equipo de Verificado 2018 corroboró, con cifras actualizadas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los datos del candidato son correctos, su frase es verdadera.
Primero se revisaron los números absolutos de carpetas de investigación/averiguaciones previas de homicidios dolosos de 2014 y 2017 y se comprobó que Anaya tiene razón e incluso se quedó corto: son 30 los estados con un aumento de homicidios.
El estado que no contabilizó Anaya con aumento de homicidios fue Yucatán que pasó de 42 casos en 2014 a 46 casos en 2017. Los únicos estados donde hubo un descenso fueron Coahuila y Durango.
Verificado 2018 también revisó el dato de violencia por tasa de homicidios dolosos y el escenario es aún peor: en 30 de los 31 estados del país la tasa anual de homicidios creció en los últimos tres años. La única excepción es Durango.
LEE: Esto dijeron los candidatos sobre seguridad y violencia en el primer debate
Corrupción y combate a la impunidad
Frase
“Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público, eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos… hay que presentar una iniciativa para que aprueben esta sanción”: Jaime Rodríguez Calderón
El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, propuso “mocharle la mano” a los funcionarios públicos que roben, como una sanción viable y ejemplar, y afirmó que, de ser electo, presentaría la iniciativa. Sin embargo, este castigo está prohibido por la Constitución y es incompatible con tratados internacionales de los que México forma parte. La frase es ridícula.
La sanción propuesta por el candidato presidencial contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual prohibe en su artículo 22 “las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.
Al mismo tiempo, actos como la mutilación están prohibidos por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, mismos que el Estado mexicano está obligado a cumplir; esto se reforzó a partir de 2011, con la reforma constitucional en la materia.
La prohibición de utilizar la mutilación, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes se ha reconocido desde hace décadas. Esto se encuentra señalado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que México se sumó en 1981.
En el mismo sentido está la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU), del cual México forma parte desde 1986. Esta convención obliga a los Estados participantes prohibir “actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
También, la Organización de los Estados Americanos (OEA) entiende en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, firmada por el gobierno mexicano en 1987, que las torturas también son “métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física”.
“Mochar las manos”, como sugirió el quinto y último candidato en sumarse a la contienda por la presidencia de México, requeriría no sólo una reforma legal, sino que implicaría realizar reformas constitucionales, además de desconocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México es parte.
Frase
“La corrupción es el principal problema de México”: Andrés Manuel López Obrador
El candidato de Morena a la presidencia ha insistido que, para los mexicanos, el principal problema es la corrupción. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que se ha levantado cada dos años desde 2011, en realidad son la inseguridad y la delincuencia que los mexicanos ubican en primer lugar. Su frase es falsa.
En las encuestas de 2015 y 2017, la corrupción está en segundo lugar, luego de desplazar al “desempleo”, que estaba en esa posición en 2011 y 2013.
El objetivo de la ENCIG es recabar información sobre la percepción de la población respecto de los trámites y servicios públicos de todo tipo, y reporta resultados cada dos años.
Frase
“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad, y el que la haga la pague”: Margarita Zavala
En realidad, en ningún país del mundo se ha terminado con la impunidad. Ni siquiera están cerca. Lo que promete Zavala es imposible.
El Índice Global de Impunidad 2017 muestra que los 10 países mejor calificados del mundo tienen índices de impunidad “baja” o “muy baja”, pero no están cerca del cero. En dicho índice México se ubica hasta la posición 66 de 69 países que fueron medidos.
En el que es considerado el delito que más afecta a la sociedad, el homicidio doloso, la tasa global de condenas es de 43 criminales por cada 100 víctimas de homicidio, de acuerdo con el Estudio Mundial sobre el Homicidio (2013).En Europa, el continente con la mejor tasa de condenas, es de 81.
Y si nos limitamos a México la viabilidad de dicha promesa también queda en entredicho por una razón importante: la inmensa mayoría de los delitos ni siquiera se denuncian y por lo tanto quedan en la impunidad.
En 2016, en más de nueve de cada diez delitos cometidos (93.6%) no hubo denuncia o no se inició averiguación previa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)de INEGI.
De los delitos por los que sí se inició averiguación previa, en casi la mitad de los casos (49%) “no pasó nada o no se continuó con la investigación”, de acuerdo con el INEGI.
LEE: ¿Qué dijeron los candidatos sobre corrupción y combate a la impunidad?
Democracia y grupos vulnerables
Frase
“IMSS para trabajadoras del hogar”: José Antonio Meade
El candidato del PRI ofreció incluir a dos millones de trabajadoras del hogar al Seguro Social. Pero habría que anotar que desde el arranque del actual sexenio existe la misma promesa, que no se ha cumplido.
Más aún, el grupo parlamentario del PRI, partido que lo postula, no ha ratificado en el Senado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, primer paso para implementar esta propuesta.
Como Secretario de Hacienda, Meade sostuvo durante 2017 una serie de reuniones con CONAPRED y organizaciones de la sociedad civil (entre ellas el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Hogar Justo Hogar, Nosotrxs y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir), en las cuales propuso hacer deducible de impuestos el pago de cuotas al IMSS a aquellos empleadores que registraran a las trabajadoras que tuvieran un solo patrón, beneficio que recibiría 10% del total de trabajadoras. Sin embargo, nunca se concretó.
A lo anterior se suma que el pasado 31 de marzo, Día Internacional de los Trabajadores del Hogar, Meade propuso que las aportaciones voluntarias de patrones para la seguridad social sea deducible del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Las organizaciones de la sociedad civil que conforman el colectivo a favor de la ratificación del Convenio 189 han señalado que esta propuesta no garantiza la seguridad social para los trabajadores del hogar, toda vez que mantiene el esquema voluntario que existe actualmente y la demanda es que sea obligatorio.
“Se roban, los políticos corruptos y los traficantes de influencia, alrededor de 500 mil millones de pesos al año de presupuesto”: Andrés Manuel López Obrador
“500 mil millones de pesos es lo que gasta todo el Gobierno Federal con la excepción de la Secretaría de Educación y el Ejército”: José Antonio Meade
Dos candidatos presidenciales manejaron la cifra de 500 mil millones de pesos. Uno, Andrés Manuel López Obrador, para referirse a lo que se “roban” los políticos y el otro, José Antonio Meade, para dimensionar esa cifra, en relación al gasto total del gobierno.
En el caso de López Obrador, la frase no se puede probar, porque no existe un estudio oficial ni independiente que permita afirmar que la estimación del costo de los actos de corrupción de los políticos y gobernantes ascienda a 500 millones de pesos anuales, mucho menos del presupuesto.
Una forma de estimar cuánto dinero del erario no ha sido comprobado y, por tanto, puede considerarse “perdido” puede calcularse si retomamos la cifra de 276 mil millones de pesos del rubro “por recuperar o aclarar” (suma nominal de auditorías realizadas en periodo 2000-2016) que señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su página de datos enhttp://www.asfdatos.gob.mx. Pero la cifra se refiere a 16 años completos.
Por otro lado, AMLO ha mencionado varias veces públicamente que, según el Banco Mundial, “los políticos corruptos del país” se roban alrededor del 20% del presupuesto nacional, es decir, el equivalente al 9% del PIB.
Si bien Verificado.mx reporta que el Banco Mundial no cuenta con un estudio que sustente los dichos de AMLO, existen estimaciones que ubican el costo entre el 0.4% y el 10% del PIB.
Por ejemplo, “el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4% del PIB”, según la nota de Verificado.mx.
Hay especialistas que mencionan que la corrupción podría costar 5% del PIB e incluso se habla de 900 mil millones de pesos y hay cálculos del Fondo Monetario Internacional que estiman un costo del 2%, reporta la nota de Verificado.mx.
¿Y cuánto gasta el gobierno?
Sobre lo que dice José Antonio Meade, la cifra no es exacta. El gasto total del Gobierno Federal en 2017 fue de 4 billones de pesos y, si a ese gasto le quitamos el gasto realizado en las Secretarías de Marina, Defensa y Educación Pública, el gasto es de 3 billones 658 mil millones de pesos.
El gasto total de las secretarías de Marina, Defensa y Educación pública representan 363 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos, sobre un total de 3 mil 789 millones, por lo que el dato mencionado por el candidato del PRI es incorrecto.