El día de hoy se dio a conocer mediante filtraciones a medios de comunicación, que dos de los aspirantes a candidatos independientes no estarán en la boleta electoral para la elección del próximo presidente de la República: Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez (El Bronco).
Desde el inicio de este proceso, han sido múltiples las manifestaciones de inconformidad de varias y varios de los aspirantes a contender como candidatos independientes, y en el camino, se ha perdido la oportunidad de conocer propuestas que, en un país fracturado por la desigualdad como el nuestro, hubiese sido sano y éticamente encomiable que tuvieran voz y representación, como el proyecto que encabezaba María de Jesús Vicente (Marichuy), en tanto representante de varios pueblos indígenas.
Peor aún, lo que se está poniendo de manifiesto es la deficitaria legislación electoral que nos rige, y que resulta un contrasentido al supuesto espíritu democrático con que fue elaborada; pues en los hechos, el resultado que hoy tenemos es la prácticamente nula existencia de candidaturas independientes a la presidencia pues, de acuerdo con las filtraciones a los medios, la única aspirante que tendría la posibilidad de ser candidata sería Margarita Zavala, quien representa poderes fácticos que defienden intereses aún vigentes del calderonato.
Desde esta perspectiva, es importante preguntarse: ¿quién en el Instituto Nacional Electoral filtró la información? ¿Por qué lo hizo, es decir, con qué intención lo hizo, si el instituto había fijado como fecha el 29 de marzo para hacer pública su posición respecto de las candidaturas independientes? Y, sobre todo, ¿cómo hará el Instituto, frente a este tipo de eventos, para garantizarnos que efectivamente está actuando con imparcialidad y en representación auténtica de la ciudadanía?
La percepción que queda frente a éste y otras filtraciones que se han dado desde el INE, es que en realidad lo que está en juego es su autonomía. Y que hay un embate de los poderes fácticos precisamente para minar su credibilidad y en ese sentido, vulnerar la legitimidad de sus actuaciones y posiciones.
Si algo urge en nuestro país, el que menos respaldo ciudadano le da a la democracia, a decir del Latinobarómetro, es precisamente fortalecer y robustecer a las instituciones democráticas. Pero ello exige que las y los responsables de su conducción actúen con absoluta probidad ética y siempre en defensa de la ciudadanía.
El INE nació con una enorme credibilidad, misma que se potenció al momento de la alternancia en el año 2000. Sin embargo, a lo largo de los ya 20 años de su vida autónoma, el Instituto ha tenido momentos bochornosos, provocados en su inmensa mayoría por la estructura jurídica y la perversa actuación del sistema de partidos, que ha atentado una y otra vez en contra de las decisiones que deberían ser en todo momento, independientes de las presiones e intereses específicos de cada uno de ellos.
El INE es el principal árbitro y garante de la imparcialidad de nuestro sistema electoral. Vulnerarlo implica darle la espalda a la ciudadanía; implica negar el derecho de quienes aspiran a ser votados y someterse al escrutinio de la voluntad popular, en el ánimo de abrir el abanico de opciones en un país en el que, de acuerdo con los datos del INEGI, los partidos políticos son percibidos como corruptos por al menos el 75% de la población mayor de 18 años.
Al momento de escribir estas líneas, el pronunciamiento más firme ha sido emitido por Armando Ríos Piter; quien ha mencionado que Benito Nacif, Consejero del INE, se había comprometido a entregar a cada uno de los aspirantes el análisis de la información respecto de las firmas presentadas; sin embargo, como se sabe, en lugar de enviarla a los aspirantes, la información fue filtrada, por lo que nuevamente la pregunta es: ¿quién lo hizo, con qué intención y para beneficiar a quién lo hizo?
Urgen respuestas: ¿El INE está blindado suficientemente ante los embates de los poderes fácticos? En la respuesta, no declarativa, sino de acciones que nos den, se juega el futuro de nuestra todavía incipiente democracia.
