TEPIC, NAY.— Ese martes, 21 de febrero de 2017, Enrique Peña Nieto presumió con orgullo a Nayarit. La inauguración de la autopista San Blas-Tepic fue el escenario que le permitió vanagloriarse de lo que pasaba en tierras nayaritas. En el estrado, a su lado derecho, ataviado con sombrero y morral, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda sonreía discreto al escuchar cada una de las palabras del presidente: “Nayarit es una evidencia de los buenos logros y resultados que hemos tenido en materia de seguridad”.
El presidente mencionó cifras para dar sustento a su evidencia. En 2012, dijo, había 25 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para 2015, esta cifra fue de 11 homicidios. “Una disminución —remarcó— de más del 50 % del nivel de inseguridad que se vivía aquí, en Nayarit”.
Los datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colocan a Nayarit como una de las entidades con la menor incidencia delictiva, tal y como lo presumió Peña Nieto y lo repite desde hace tiempo Roberto Sandoval. Pero esas cifras no concuerdan con lo que viven y cuentan los ciudadanos nayaritas. En los cafés de Tepic, en las calles de San Blas, en las reuniones familiares, en los encuentros con amigos, en los poblados de Compostela, en las playas de Bahía de Banderas, en las pequeñas comunidades de la sierra del Nayar y en las redes sociales se habla de amenazas, extorsiones, secuestros, despojos y desaparecidos. Las voces que comienzan a contar lo que se vive son cautelosas debido al miedo. Algunas, muy pocas, se atrevieron a hacerlo desde 2013. Desde hace unos meses, sobre todo a partir del 27 de marzo de 2017, ese coro ciudadano se escucha cada vez más fuerte.
Ese día, el 27 de marzo de 2017, Edgar Veytia Cambero, entonces fiscal general de Nayarit, fue detenido por agentes federales estadounidenses en San Diego, Estados Unidos. Hoy, este exfuncionario estatal, conocido también como el Diablo, es protagonista de un juicio en Nueva York, acusado de conspiración internacional para la manufactura e importación ilegal y distribución de heroína, metanfetaminas, marihuana y cocaína.
Roberto Sandoval presumía que en “el ambiente de tranquilidad” del estado el artífice era el fiscal Edgar Veytia. FOTO: ESPECIAL
LA “MONTAÑA RUSA” DE LAS CIFRAS
Si algo recuerdan los nayaritas del gobierno del priista Ney González Sánchez (2005-2011) es cómo aumentó la violencia: secuestros, balaceras en lugares públicos, extorsiones, cuerpos que aparecían en las calles… “El último periodo de gobierno de Ney González se caracterizó por la visibilización de la violencia, producida por los enfrentamientos entre los cárteles del narcotráfico en el estado”, comenta el doctor Carlos Rea Rodríguez, sociólogo y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit.
La seguridad fue una de las promesas de campaña del también priista Roberto Sandoval Castañeda, quien después de ser presidente municipal de Tepic (2008-2011) llegó a la gubernatura el 11 de septiembre de 2011, acompañado de quien había sido su director de Tránsito y Vialidad en el municipio: Edgar Veytia Cambero.
Ya en el gobierno estatal, Roberto Sandoval nombró a Edgar Veytia subprocurador de justicia. Después lo ascendió a fiscal general del estado, en febrero de 2013 y, dos meses después, estrecharon aún más su amistad al ser compadres: Roberto Sandoval y su esposa son padrinos de 15 años de Olimpia Veytia Cambero, hija del hoy exfiscal, como lo mostró la periodista Ana Lilia Pérez en su reportaje “La caída del diablo”, publicado el pasado 7 de abril en Newsweek en Español.
Desde que Roberto Sandoval comenzó su historia como gobernador de Nayarit, el clima de inseguridad se transformó: “Se dio un cambio dramático en la cuestión de seguridad” —resalta Fernando Sánchez Zatarain, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Nayarit—. Y agrega: “Vivimos una mejoría absoluta en comparación con el gobierno de Ney González. Los secuestros disminuyeron. Se fueron al cien por ciento para abajo los secuestros, los robos, las extorsiones”.
En la percepción de muchos ciudadanos, explica el doctor Carlos Rea, se instaló la idea de que existía un pacto entre el gobierno entrante con los cárteles del narcotráfico. En Nayarit se instaló lo que especialistas en temas de narcotráfico llaman la “paz narca”.
Esta atmósfera de paz comenzó a reflejarse en las cifras. La tasa de homicidios en Nayarit bajó 92 % entre 2011 y 2016; la tasa de delitos cometidos con arma de fuego se redujo 94 %. Los robos, asaltos y violaciones disminuyeron 72 %, 55 % y 19 %, respectivamente, de acuerdo con los datos oficiales que se analizaron para realizar el Índice de Paz México 2017, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. En este Índice, Nayarit se distinguió por ser el segundo estado más pacífico, después de Yucatán.
En ese mismo informe se señala que el estado presentó notorias reducciones en las tasas de extorsiones, secuestros y delitos relacionados con narcóticos. Sin embargo, subraya que “hay dudas respecto a la precisión y la exhaustividad de los datos oficiales sobre extorsiones en años recientes”. También destaca que hay “inconsistencias” en las cifras oficiales. Por ejemplo, menciona el caso de los homicidios. Los expertos que realizaron el informe encontraron que el sistema judicial de Nayarit solo registró 67 % del total de víctimas identificadas por el sector salud.
Además, se destaca que la entidad no registró denuncias por extorsión en 2015, pero en 2016 corrigió la cifra y señaló que había un caso. “Quizá sea cierto que únicamente hubo un caso de extorsión que llevara una investigación en Nayarit en 2015… Sin embargo, se puede dar que hubiese muchos más casos de extorsión y que solo uno fuese registrado… Esto es común en México”, se escribe en el informe.
Cuando se analizan las cifras sobre seguridad en Nayarit y, al mismo tiempo se observa el mapa de México, crece la duda de cómo un estado de más de un millón de habitantes, que mira al Pacífico y tiene zonas de difícil acceso como la sierra del Nayar, tiene un ambiente tan diferente al que viven sus vecinos como Jalisco, Sinaloa y Durango, entidades en donde se han escrito varios de los capítulos de la historia del narcotráfico en México.
El doctor Guillermo Zepeda Lecuona, director de Jurimetría: Iniciativas para el Estado de Derecho, A. C., fue parte del panel de expertos que asesoró y orientó a quienes realizaron el Índice de Paz México (2017). Para este investigador del Colegio de Jalisco, Nayarit es un caso que ejemplifica la paz narca: “Los estados en donde las gráficas de la inseguridad parecen una montaña rusa —se llega a un punto alto y abruptamente se baja— lo que muestran no es que tengan altos niveles de seguridad, sino que nadie le disputa la hegemonía al grupo del crimen organizado dominante”.
El investigador Zepeda resalta que los ojos de muchos solo se instalan en observar lo que sucede en estados con cifras de alta conflictividad delincuencial, “pero no hay que dejar de investigar la aparente tranquilidad de otros lugares como Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Sabemos que son zonas donde el narcotráfico opera intensamente y nadie les está disputando el territorio”.
Registro de candidatos del PRI a las presidencias municipales de Nayarit. Varios de ellos son del círculo cercano del gobernador. FOTO: ESPECIAL
LOS OPERADORES DE LA “PAZ”
Desde los primeros meses de su administración, el gobernador Roberto Sandoval presumió “el ambiente de tranquilidad” en el estado. También señalaba que el artífice de esa paz era Edgar Veytia. Tanto que, incluso, en septiembre de 2012, el gobernador le otorgó un reconocimiento como “funcionario del año”.
En febrero de 2016, la Universidad Álica —escuela privada que solo tiene sedes en Nayarit— le otorgó al entonces fiscal el doctorado Honoris Causa por “sus trabajos realizados a favor de la seguridad de la entidad”. Meses después, en junio de 2016, Canacintra-Nayarit reconoció al gobernador Roberto Sandoval y le entregó el “Águila Canacintra” por disminuir la inseguridad en el estado. Y en enero de 2017, Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, y la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México dieron un reconocimiento a Edgar Veytia por “su compromiso con la justicia, la seguridad pública y haber logrado bajar el índice de delitos en el estado”.
Como fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia participó en encuentros nacionales de procuración e impartición de justicia y en reuniones en donde se dictaban las políticas públicas de seguridad. Así que tuvo acceso a información de seguridad nacional.
Una de las primeras acciones que realizó Edgar Veytia, al ser nombrado subprocurador de Justicia en 2011, fue crear la Policía Nayarit. Un cuerpo policiaco formado por poco más de mil hombres que, hasta ahora, recorren el estado con el rostro cubierto y en vehículos sin placas. “La gente —recuerda el doctor Carlos Rea— comenzó a llamarlos ‘polizetas’”.
La mayoría de las quejas (alrededor del 70 %) que recibió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit (CDDHEN), entre 2012 y 2016, fue en contra de elementos de esa corporación.
“Al estar encapuchados, al no dar la cara, no sabes quiénes son. Esa no es una paz, es una forma de infundir miedo en la población”, señala Juan Francisco García Rodríguez, presidente del Grupo Ecológico Manglar, asociación civil que realiza trabajo en varias de las comunidades rurales de Nayarit. Es justo en poblaciones fuera de Tepic en donde más se identifica a la Policía Nayarit como responsable de varios delitos, entre ellos el tráfico de drogas.
“Con el paso del tiempo —comenta el doctor Carlos Rea— se fue profundizando en la población una sensación de vulnerabilidad, sobre todo a partir de que se iba conociendo cómo estos cuerpos de seguridad del estado estaban relacionados con la comisión de múltiples delitos… Poco a poco fue creciendo la sensación de temor ante el empoderamiento de la Policía Nayarit… Fue creciendo el sentimiento de temor y vulnerabilidad. Eso llevó a que la población asumiera una actitud de sigilo, de silencio”.
Para una parte de la ciudadanía nayarita, la paz que se reconocía con diplomas solo era artificial. “En los hechos, la población sabía que había lugares en donde no era posible transitar de manera segura”, resalta la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Justo fue en su salón de clases el lugar donde la doctora identificó a víctimas de la paz narca de Nayarit. Eran alumnos, hijos de pequeños empresarios, que tuvieron que salir de Tepic cuando elementos de la Policía Nayarit los comenzó a amenazar y a extorsionar.
En diciembre de 2013, la periodista Patricia Dávila publicó en la revista Proceso el reportaje “El fiscal sicario”, en donde documenta las primeras denuncias de ciudadanos que acusaban al entonces fiscal de proteger a narcotraficantes y de estar detrás de las extorsiones y los despojos de propiedades.
Las historias de amenazas, torturas, desapariciones, extorsiones, despojos y detenciones arbitrarias comenzaron a sonar como un susurro entre la población nayarita.
Fernando Sánchez Zatarain, el presidente de Canacintra-Nayarit, asegura que a su organización empresarial también llegaron lo que él señala como “rumores”, pero “no tuvimos pruebas fehacientes sobre esto. Sí escuchábamos que pasaba esto (extorsiones y despojos), pero no teníamos pruebas”.
Esas pruebas comienzan a salir con mucho sigilo. En Tepic, por ejemplo, algunos abogados ya trabajan en demandas en contra del fiscal, las cuales presentarán ante la Procuraduría General de la República (PGR), por casos de tortura y privación ilegal de la libertad. Otras personas comienzan a dar sus testimonios, en forma anónima, para documentar cómo fueron víctimas de extorsiones, despojos y detenciones arbitrarias.
Uno de ellos es un hombre que pide a esta reportera guardar su identidad y que muestra pruebas de lo que declara. Fue acusado de “fraccionamiento ilegal de inmuebles” y estuvo preso, durante casi un año, en el Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” de Tepic, pese a que tenía derecho a salir con fianza. Desde la fiscalía fue amenazado e intentaron despojarlo de un terreno; la acción no se concretó porque él no era el único dueño de las tierras. Él es abogado, por lo que junto con su familia logró llevar su caso y salir libre. En la cárcel, este hombre fue testigo de cómo el lugar se llenaba de presos. A muchos de ellos se les detenía y acusaba, primero, del delito de “desobediencia y resistencia de particulares”. Después se les fabricaban otros delitos, se les amenazaba y extorsionaba.
En el Índice de Paz México 2017 se destaca que en Nayarit aumentó 52 % la población carcelaria, entre 2011 y 2014. “Los presos sin condena ocupan casi toda la capacidad de los penales en el estado de Nayarit. A julio de 2016, tenía un total de 1,392 espacios en las cárceles, con 3,119 presos, 1,301 de los cuales no habían sido condenados”.
Rodrigo González Barrios, expresidente del Comité directivo estatal del PRD (1989-1992 y 2008-2011) y exdiputado federal (2003-2006), señala que el Estado de derecho y la paz no implica solo terminar con las balaceras, “significa también el derecho a la propiedad y el respeto a los derechos humanos”. El perredista confía en que después del 4 de junio próximo —cuando en el estado se elija gobernador, presidentes municipales y diputados locales— saldrán a la luz toda la serie de violaciones a los derechos humanos y a la ley que se cometieron en Nayarit durante el gobierno de Sandoval. Se verá, señala, que en Nayarit el Poder Judicial no existía: “El fiscal era juez y parte. Él procuraba y administraba la justicia, obviamente con el visto bueno del actual gobernador”.
Para muchos, sin embargo, la detención del exfiscal Edgar Veytia no significó una transformación de la paz narca que vive Nayarit. “Todavía no termina esto… Aunque hayan detenido al fiscal, no hay un impacto importante a toda la estructura”, destaca García Rodríguez, del Grupo Ecológico Manglar. No es la única persona que lo asegura. “Siguen operando de igual manera en la fiscalía —señala González Barrios—, porque siguen los mismos personajes”.
Dos días después de la detención de Edgar Veytia en Estados Unidos, el gobernador Roberto Sandoval nombró como encargado de la fiscalía a quien fue secretario particular de Veytia: Carlos Alberto Rodríguez, quien es conocido en Nayarit como el Willy.
El exfiscal no actuó solo, señala el doctor Zepeda Lecuona, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. “Hay toda una red de control, de contubernio, y esa sigue intacta… Lo terrible es que no se tenga una investigación sobre esto en México”.
En el Índice de Paz México 2017 se destaca que en Nayarit aumentó 52 % la población carcelaria entre 2011 y 2014. “Los presos sin condena ocupan casi toda la capacidad de los penales en el estado de Nayarit”. FOTO: HUGO
CERVANTES/NW NOTICIAS
“PAZ”, ¿A COSTA DE QUÉ?
El 19 de mayo de 2017, a 15 días de las elecciones en Nayarit, el gobernador Roberto Sandoval escribió en su página de Facebook el siguiente mensaje: “Trabajando duro para mantener un estado en paz y tranquilo para que disfrutemos con nuestra familia”. Lo acompañó con un video en el que dice: “Casi seis años de gobierno hemos mantenido una paz y tranquilidad… Trabajando y Transparentando los esfuerzos que hacemos diario, en conjunto en esta cooperación del gobierno federal, las fuerzas armadas, nosotros, para que Nayarit esté en paz y esté en calma. Y hoy que tenemos elecciones, que sean unas elecciones en paz y en calma, no como las que vivimos hace seis años. Hoy Nayarit está de pie, está firme… nosotros estamos comprometidos con la seguridad hasta el último día de mi gobierno”.
En la larga lista de comentarios que desató su publicación en Facebook, muchos de ellos felicitándolo por esa seguridad, hay algunos ciudadanos que le reclaman:
“No creo que sea muy transparente, gobernador, porque puso al Willy de fiscal, sabiendo que es una méndiga rata; dígales que regresen todo lo que nos robaron…”.
“… Nayarit no olvida, la investigación de la fiscalía ¿cómo va?”
“…Yo no olvido que nuestra seguridad estuvo en manos de un narcofiscal. Y eso de que no estabas enterado solo tú te lo crees”.
“Gobernador, habla de tranquilidad y seguridad, pero aquí, en Jala, los narcos siguen paseándose con total impunidad. No creo que ignore eso, tome cartas en el asunto. Aquí es la casa de campo de la mafia”.
El doctor Zepeda Lecuona explica que el crimen organizado descansa en, por lo menos, cuatro pilares. Uno es la diversificación de los delitos. Otro es su gran capacidad de violencia. El tercero es la red de contubernio político, “porque para que opere como industria el crimen organizado, no se explica sino con altas dosis de impunidad y contubernio con la autoridad”. Y el cuarto pilar es su aparato de lavado de dinero. “En Nayarit estos dos últimos pilares siguen intactos”.
Para este investigador, las consecuencias sociales de la paz narca son que normaliza la corrupción, democratiza la impunidad y erosiona el capital social. “La sociedad vive en una arquitectura del miedo”.
Para la doctora Lourdes Pacheco, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, otra de las consecuencias de la paz narca es que en Nayarit “se vivió un gobierno de apariencia, de boletines de prensa que magnifican todo lo que hace el gobernador y sus funcionarios. Se acalló cualquier otra voz que pudiera hacer contrapeso”.
El perredista González Barrios menciona que hasta que termine el gobierno de Roberto Sandoval, en septiembre de 2017, se podrá tener más claridad de hasta dónde llegó la paz narca. Y mientras eso llega, un grupo de ciudadanos nayaritas presentaron, el pasado 17 de abril, una denuncia ante la PGR contra el gobernador por enriquecimiento ilícito.
Otros ciudadanos más esperan contar su historia como víctimas de la paz narca, cuando se conozcan los resultados de las próximas elecciones en Nayarit. Y, sobre todo, esperan conocer qué rumbo toma el caso que la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York tiene en contra de Edgar Veytia, el hombre que era la mano derecha y compadre del gobernador.
* * * *
BAJO LA
SOMBRA DEL GOBERNADOR
En la próxima justa electoral competirán por las alcaldías 20 candidatos del PRI, ocho de los cuales formaron parte de la administración de Roberto Sandoval; mientras que 10 de los 18 candidatos tricolores a diputados locales están vinculados a la trayectoria política del actual Ejecutivo estatal.
EN NAYARIT, en especial en Tepic, se habla de los “nuevos ricos”. Los que conforman este grupo tienen varias características en común: ocuparon algún cargo como funcionarios durante la administración del actual gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Varios de ellos, incluso, comenzaron su carrera política cuando Sandoval Castañeda fue presidente municipal de Tepic, entre 2008 y 20011. Ahora varios de ellos son candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a presidencias municipales y diputaciones locales.
De los veinte candidatos del PRI a presidencias municipales, por lo menos ocho fueron funcionarios públicos durante el gobierno de Roberto Sandoval. Mientras que, de los 18 candidatos del PRI a diputados locales, diez están ligados a la trayectoria política del actual gobernador.
El candidato del PRI al municipio de Bahía de Banderas, por ejemplo, es Héctor Javier Santana García, quien fue director de egresos de Tepic cuando Sandoval Castañeda estaba al frente del municipio.
Cuando Sandoval Castañeda llegó a la gubernatura de Nayarit, en 2011, Santana García recibió nombramiento como director de administración de los Servicios de Salud del estado. En 2014 fue electo diputado local. Ahora busca ganar para el PRI la presidencia municipal de Bahía de Banderas, uno de los cinco municipios de Nayarit que cuentan con playas.
Es justo en este municipio de Bahía de Banderas en donde, en enero del 2016, el gobernador Roberto Sandoval otorgó notarías a su exsecretario particular, Raymundo García Chávez —hoy senador suplente—, y al entonces fiscal Edgar Veytia.
Para los otros municipios de Nayarit que también miran al Pacífico (Compostela, San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala), los candidatos del PRI a presidentes municipales también tienen cercanía con Roberto Sandoval e, incluso, con Edgar Veytia.
En Compostela, por ejemplo, la hoy presidenta municipal es la priista Alicia Monroy, suegra del exfiscal Edgar Veytia. Ahí, el candidato del PRI es Francisco Javier Monroy Ibarra, sobrino de la actual alcaldesa y quien fue diputado local.
En Santiago Ixcuintla, el candidato del PRI es Benigno Ramírez Espinosa, un médico cirujano que, desde 2003, ha ocupado cargos públicos en el gobierno estatal. En 2008 se integró al equipo de Roberto Sandoval en el ayuntamiento de Tepic, al ser nombrado subsecretario de salud integral del municipio. Cuando Sandoval Castañeda llegó al gobierno estatal, Benigno Ramírez fue nombrado director de servicios de salud de Nayarit. Y en 2014 fue electo como diputado local.
Para el municipio de San Blas, el PRI tiene como candidata a una joven que se estrenó en el servicio público en 2013, cuando Roberto Sandoval la nombró directora de Pesca de Nayarit. Un año después fue diputada local. Y ahora busca la presidencia del mismo municipio que gobernó Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como Layín, quien se hizo famoso por decir que como alcalde “robo poquito”. Ahora Layín es candidato independiente a la gubernatura del estado.
En Tecuala, el candidato del PRI es el líder estatal de los productores de Sorgo, Heriberto López Rojas.
En el municipio de Jala, el candidato del PRI también construyó su carrera política bajo la sombra de Roberto Sandoval. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez fue director de supervisión y seguimiento en el ayuntamiento de Tepic, entre 2008 y 2010. Y en el gobierno estatal fue director de infraestructura rural y de infraestructura educativa.
Uno de los candidatos del PRI que no ocupó puestos públicos durante el gobierno de Sandoval Castañeda, pero que se le ubica como cercano al gobernador y al exfiscal, es Carlos Saldate Castillón, quien busca gobernar Tepic. Él fue diputado local entre 2011 y 2014. Además de que es líder del transporte público.
Entre los candidatos del PRI a diputados locales que llegaron al servicio público gracias a Roberto Sandoval están Margarita Flores Sánchez, quien fue directora del DIF en Tepic, cuando Sandoval era presidente municipal. Después fue directora del DIF estatal y en 2012 fue senadora, aunque en su currículum señala que su último grado de estudios es “preparatoria”.
Elías Salas Ayón es otro de los hoy candidatos a diputados locales que recibió nombramientos de Roberto Sandoval. Fue subsecretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. Y director del Centro de Rendimiento de Excelencia Agrícola en Nayarit.
Roy Argel Gómez Olguín, quien fue secretario de desarrollo social de Tepic, cuando Roberto Sandoval era presidente municipal, y titular de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto de Nayarit, ahora busca ser diputado.
También busca ganar una diputación local, representando al PRI, Gerardo Hernán Aguirre Barrón, quien fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como director del Instituto Promotor de Vivienda durante el gobierno de Sandoval.
Otros candidatos del PRI a diputados, y que llegaron a la política de la mano de Roberto Sandoval, son Alicia Villaseñor Ruvalcaba (quien primero fue secretaria privada de la Secretaría General de gobierno y después subsecretaria), Rosa Guillermina Dueñas Joya (exprocuradora estatal de Protección al Ambiente), Karina Esperanza García (exdelegada estatal del Infonavit), Daniela Rafaela Gurrola Gómez (trabajó como enlace de información de la Contraloría General), Hugo Villagrán Bernal (exdirector del Instituto Nayarita de Infraestructura Física Educativa y exdelegado estatal de la Conagua) y Mónica Saldaña Tapia (Delegada estatal de Condusef en Nayarit).
Para el perredista Rodrigo González Barrios, la designación de estos candidatos “no es un pago político. Más bien ellos le deben al actual gobernador. Roberto Sandoval busca ganar terreno en el Congreso para que, desde esa tribuna, puedan defenderlo y bloquear cualquier posibilidad de que sea investigado”.
De acuerdo con encuestas realizadas en Nayarit, entre ellas las de organismos empresariales como Canacintra, el candidato a gobernador a Nayarit que lleva ventaja en los sondeos es el empresario Antonio Echeverría García, quien representa a la Coalición Juntos por Ti, la cual integra al PAN, PRD, PT y PRS.
Echeverría García es hijo del también empresario Antonio Echeverría Domínguez, quien fue gobernador de Nayarit entre 1999 y 2005; el único gobernador de la entidad, hasta ahora, que no ha sido priista.
