“El maestro, luchando, también está enseñando”. Es una de las consignas que la profesora Marisol Bustamante y sus compañeros repiten a gritos estos días en sus manifestaciones realizadas en Oaxaca, donde el domingo pasado murieron 10 personas tras los enfrentamientos entre policías e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Como ella, a miles de profesores de los estados más humildes de México no les ha temblado el pulso a la hora de protestar y negarse a ser evaluados bajo un nuevo sistema, que aseguran que busca acabar con sus derechos laborales e incluso despedirlos y que no contempla las particularidades de sus regiones.

“Esto no es una reforma educativa, es una reforma laboral”, asegura el profesor Óscar de la Cruz, quien no se pierde una manifestación desde hace tres años, a la AFP. Él ahora permanece sentado en una de las tiendas de campaña que cientos de docentes instalaron la semana pasada en el centro de la ciudad de Oaxaca.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha asegurado que la reforma que promulgó en 2013 busca elevar los bajos estándares educativos del país y acabar con algunos privilegios gremiales. Sin embargo, en la implementación de esta ley la CNTE, se ha convertido en una piedra en el zapato especialmente en Oaxaca, pero también en Chiapas, Guerrero o Michoacán.

Ante la molestia de empresarios y algunos ciudadanos por las protestas que, dicen, lastiman la economía local, a veces quedan eclipsadas las razones que motivan las protestas de cientos de maestros de a pie.

Precisamente en una de estas protestas, ocurrida el domingo pasado en el poblado Nochixtlán una decena de personas perdió la vida durante un desalojo policial en el que ha sido evidenciado el uso de armas de fuego por parte de los agentes de seguridad y que ha llevado al repudio internacional y al gobierno de México a establecer un diálogo con los profesores disidentes.

“Carecemos de muchas cosas. Nos hablan de tecnologías y de internet y hay lugares donde no hay ni energía eléctrica”, dice Clara Revilla a la AFP. La mujer que durante 27 de sus 50 años ha dado clases, asegura que tiene que poner dinero de su bolsillo para material escolar o para ver cómo consigue internet para mandar por mail documentos que le pide la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Como la mayoría de los profesores disidentes, Clara y Oscar no tuvieron elección y, durante largas temporadas, tuvieron que vivir lejos de su casa para dar clases a niños ubicados hasta a 6 horas en carro de sus municipios.

Ser maestro es el camino más económico y común para salir del campo en las zonas más rezagadas de México. Muchos jóvenes deciden entrar a una escuela Normal para obtener su credencial avalada por la secretaría de Educación, que ahora debe ser de nuevo ratificada con la polémica evaluación gubernamental.

El gobierno ha anunciado el despido de más de 3000 maestros que no se presentaron a esta prueba.

Para José Juan Cruz, la razón de la evaluación es otra. “Está muy claro lo que pasa. El gobierno y su sistema neoliberal no quieren hacerse responsables de la jubilación de miles de maestros y dice: le evalúo y, como no pasó, usted pierde sus derechos laborales y sindicales”, confiesa este profesor de 58 años que espera retirarse pronto a la AFP.

Aunque el salario no es muy alto el prestigio del cargo, una plaza permanente y prestaciones como el pago de aguinaldo, vacaciones o un seguro médico, atraen a muchos mexicanos humildes, que aseguran que esto se acabará con la nueva reforma.

El gobierno ha prometido terminar con prácticas no escritas como la herencia o venta de plazas.

Pero, además de estar preocupados por sus precarias condiciones laborales, los maestros aseguran que la reforma educativa no contempla planes con contenido pedagógico respetuosos con las costumbres y tradiciones de regiones de Oaxaca, donde se hablan lenguas indígenas.

“La evaluación no hace mejor al maestro. Nosotros conocemos la teoría pero en la práctica las cosas cambian”, concluye la profesora Marisol Bustamante, manifestante en una de las carpas instaladas en el Zócalo de Oaxaca.

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Con información de Carola Solé de AFP