Los vecinos de una mina de oro canadiense Guerrero encontraron la hasta ahora última fosa clandestina entre arbustos y árboles cerca de un camino de terracería, aunque probablemente más cuerpos sigan encontrándose bajo la tierra en el estado más violento de México.
El macabro descubrimiento de la semana pasada en Carrizalillo estaba conformado por un hueso de cadera y los restos de un brazo y dedos que estaban envueltos en plástico y una tela morada, en lo que es la quinta fosa clandestina y los octavos restos que se han encontrado en la zona desde finales de octubre, abonando la sensación de inseguridad de los vecinos, que creen que el dinero que ganan en la mina ha atraído al crimen organizado.
“Donde hay miel, se acercan las abejas”, resume Ricardo López, el líder cooperativo de 59 años elegido por los vecinos para gestionar las tierras de Carrizalillo.
La montaña tallada por la mina a cielo abierto de la empresa canadiense Goldcorp se puede ver desde esta población de poco más de 1 000 habitantes, aunque su entrada está resguardada por la policía.
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En funcionamiento desde 2007, la mina emplea a 2 600 personas de las comunidades aledañas y produce 258 700 onzas de oro al año, pero si bien los pobladores están agradecidos por el trabajo, en Carrizalillo aseguran que esta nueva riqueza ha venido acompañada de tiroteos, secuestros y extorsiones.
Sin embargo, Carrizalillo no es el único municipio de Guerrero que ha sufrido episodios violentos después de que una compañía llegara a explotar minas de oro, ya que a pocas horas de automóvil, en la ciudad costera de Nuevo Balsas, los vecinos aseguran que los tiroteos y los secuestros empezaron desde que otra compañía canadiense, Torex, descubrió oro en 2012.
Violencia cuesta vidas y dinero para minera
La última fosa clandestina en Carrizalillo fue descubierta por un campesino el pasado 17 de noviembre, hecho que obligó a Nelson Figueroa, alcalde de Carrizalillo y trabajador de la mina de 34 años, dice que lo reportó a la PGR al día siguiente, pero la respuesta fue que estaban cortos de personal, desinterés que se confirmó luego de que una semana más tarde la zona no estuviera acordonada ni los investigadores fueran al lugar del crimen.
Los vecinos de Carrizalillo se sentían seguros cuando los militares estuvieron patrullando la comunidad durante dos semanas este mes pero, ahora que se han ido la gente teme que retorne la violencia y vengan “a matar personas”, confiesa Figueroa.
El hijo de Ricardo López, un exlíder sindical minero de 39 años, fue asesinado a tiros a sólo 50 metros de la entrada de la mina, cuando regresaba a su casa el pasado 2 de agosto.
Desde entonces, López no se cansa de pedir a Golcorp que pague escoltas para que los empleados salgan y vuelvan tranquilamente de la mina Los Filos a sus casas, pero asegura que la firma se negó.
Contrariamente, un carro de la policía de Guerrero escoltó recientemente un convoy de la compañía a un complejo cerrado para ingenieros.
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“Goldcorp está muy preocupada con el nivel de violencia en las comunidades que rodean la mina Los Filos. Seguimos animando a las autoridades mexicanas a que hagan todo lo posible para combatir esa violencia”, dijo a la AFP el director regional de seguridad de Goldcorp, Michael Harvey, a través de un correo electrónico.
La violencia conlleva un “coste financiero para Goldcorp ya que estamos obligados a invertir en seguridad adicional para nuestras operaciones y personal”, señaló Harvey sin dar más detalles.
“Prácticamente estamos en una guerra”
El alcalde Figueroa recuerda como en junio de 2014 miembros de Guerreros Unidos llegaron disparando ráfagas y tocando las campanas del pueblo para reunirse con los vecinos y prometerles “limpiar” la plaza de Los Rojos. Seis personas fueron asesinadas ese día.
Los narcos obligaron a los pobladores a comprarles comida, gasolina para sus carros y tarjetas de teléfono. Un minero de 25 años explica que les entregaba unos 1 000 pesos semanales (60 dólares), casi la mitad de su salario.
Además, nadie podía abandonar el pueblo sin permiso.
“Nos tuvieron secuestrados”, afirma Juan, un operador de máquinas de la mina de 27 años que, como muchos, no quiso dar su nombre completo por razones de seguridad.
En marzo, hombres armados balearon la casa de Figueroa y sus vecinos. Dos mujeres y un joven fueron asesinados ese mismo día.
“Prácticamente estamos en una guerra”, denuncia Figueroa.
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Con información de Laurent Thomet / AFP
