En un hecho histórico, la justicia mexicana dictó una condena de 31 años de prisión contra el subteniente de infantería del Ejército Mexicano, Danny Hernández Sánchez, por la desaparición forzada de una persona en mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, quien hasta hoy permanece desaparecida.
La condena, representa la primera vez que un militar recibe una sentencia de ese tipo en la historia reciente de México, informó el martes el Consejo de la Judicatura.
La sentencia de un juez de Nuevo León se produjo después de que la fiscalía general logró acreditar la responsabilidad de un subteniente del Ejército mexicano “en la comisión del delito de desaparición forzada, cometido en agravio de una persona, la cual continúa en calidad de desaparecida”, precisó el Consejo, que regula los juzgados de México.
El militar perpetró la desaparición el 20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, y luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) acreditara la participación directa del elemento castrense, “se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o cargos públicos por 15 años y tres meses”.
La identidad de la víctima no fue revelada por el Consejo, así como tampoco el móvil de la desaparición forzada, un delito tipificado en 2011.
La sentencia fue basada en varios elementos, como “el sufrimiento que atraviesan (los familiares de la víctima) en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad”, añadió el Consejo de la Judicatura.
Se “ponderó el perjuicio causado al propio ejército mexicano, el cual desempeña una importante” labor en la estrategia “para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada” desde finales de 2006.
Organizaciones internacionales han denunciado que la militarización de la estrategia contra el narcotráfico exacerbó la violencia en el país, con un saldo de más de 80,000 muertos y unos 23,000 desaparecidos desde 2006, de acuerdo con cifras oficiales.
Otros cuatro militares enfrentan un proceso penal encarcelados por su probable responsabilidad en la desaparición de siete jóvenes el 7 de julio en el estado de Zacatecas, cuyos cuerpos fueron encontrados once días después en una localidad cercana.
(Con información de AFP y Sin Embargo)
