ARRIAGA, Chis.— Es mediodía. Las fuertes ráfagas de viento de principios de año levantan la tierra en la soledad del patio de maniobras del ferrocarril Chiapas-Mayab. Los ventarrones, capaces incluso de provocar volcaduras de vehículos, aligeran los implacables rayos del sol de más de 30 grados, y sacuden las cortinas de decenas de negocios que permanecen cerrados.

Arriaga está enclavado en la costa sudoeste de Chiapas, unos 230 kilómetros al norte del río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. El Inegi establece como eje de la economía formal la ganadería, la pesca y el comercio. Pero la ciudad es hoy la viva imagen de la desolación ante la ausencia de migrantes, el motor real de sus operaciones cotidianas.

Es el corredor que popularizó mundialmente el municipio desde 2005, cuando la terminal de “la bestia”, el tren carguero, fue transferida de Tapachula a Arriaga. La máquina, que recorre el territorio mexicano de sur a norte transportando maíz, sorgo, fierro o cemento, dejó de ser desde hace un año el vehículo principal para miles de centroamericanos en su travesía hacia Estados Unidos, no por una cuestión de humanidad, sino por fuertes intereses capitales y políticos dictados desde Washington.

Las imágenes de centroamericanos que, al pitido del tren, cual hormigas salían con prisa de hoteles, casas de seguridad, cocinas económicas, el albergue migrante y los alrededores del pueblo en busca de abordar el lomo del ferrocarril, no se observan más.

Esta mañana, menos de diez jóvenes, esperanzados y a la vez temerosos, caminan sobre las vías en espera de su partida. A un costado, seis puestos de lámina lucen oxidados. En uno de ellos, con pintura que comienza a descarapelarse, aún puede leerse: “Se venden calcetines, papel de baño, sopas Maruchan. Aceptamos dollar (sic) y quetzales”, la moneda guatemalteca.

Hasta hace un año, estos negocios proveían a los indocumentados de lo necesario previo a emprender el viaje de miles de kilómetros. Actualmente no abren más sus puertas. Cortinas abajo y letreros de “Se renta” son imágenes comunes en los alrededores de la zona que durante los últimos diez años dio vida al municipio.

La puesta en marcha del Plan Frontera Sur, impuesta doce meses atrás por el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene en Arriaga una consecuencia visual y de evidente desolación. Pero el tránsito de migrantes no ha parado. Simplemente se establecieron nuevas rutas, severas y mucho más peligrosas, en las que es imposible conocer su suerte. El fenómeno no desapareció, simplemente fue invisibilizado.

VIAJEROS SIN TREN

David Rivas, salvadoreño de 42 años, sostiene entre sus manos una pequeña libreta donde fue trazado un cuadro con diversos nombres de municipios de Chiapas y Oaxaca. Lo analiza detenidamente, pues es el camino por seguir para sortear un cúmulo de retenes instalados desde hace un año. Sus esperanzas están puestas en esa hoja.

Sin una sola moneda en los bolsillos, estudia el trayecto que seguirá al abandonar la casa del migrante Hogar de la Misericordia, en Arriaga, a partir de la información recibida por un hondureño indocumentado que semanas antes había sido deportado. Estaba de regreso rumbo al norte cuando Rivas lo encontró en el camino.

El salvadoreño ha recorrido casi ochocientos kilómetros caminando, desde hace tres semanas que salió de su país, el cual en mayo pasado se posicionó como el más violento de la región en el Índice Global de Paz. A Rivas aún le faltan más de mil quinientos kilómetros hasta la frontera de México con Estados Unidos.

En el que es su segundo viaje rumbo al país del norte —el primero fue hace ocho o nueve años— encontró el camino mucho más complejo. Una mayor cantidad de retenes y riesgos que en el pasado.

En aquella ocasión, en compañía de cientos de centroamericanos, abordó el lomo del tren carguero cuando su base se encontraba en Tapachula. En su actual viaje, después de atravesar el río Suchiate a bordo de dos cámaras de llanta y una tabla, fue recibido en territorio mexicano con la noticia de que viajar en “la bestia” no se permite más.

Hace un año, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por su homólogo guatemalteco, Otto Pérez Molina, delineaba entre los principales objetivos del programa el brindar atención, ayuda humanitaria, mayor seguridad y respeto a los derechos humanos de los migrantes, así como ordenar los cruces internacionales.

Hacer de la región un espacio que permita incrementar las oportunidades de empleo también formaría parte de los objetivos. Para alcanzarlos, fue creada la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, así como cinco Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo.

En los hechos, sin embargo, las acciones del programa se han mantenido fuera del alcance público. Salvo la que prohíbe montarse al lomo del tren.

A LA CAZA DE MIGRANTES

El programa fue puesto en marcha en el marco del incremento de menores centroamericanos que viajan sin compañía de adultos hacia Estados Unidos, días después de que el presidente Barack Obama externara su preocupación en el tema.

En la práctica, la medida ha dejado durante el primer año de su aplicación una cacería férrea de indocumentados, trasladando a la frontera sur de México el problema de detención de migrantes, que hasta el año pasado se centraba en el límite sur de Estados Unidos.

De acuerdo con estadísticas oficiales, México ha realizado en los últimos meses más detenciones de indocumentados centroamericanos que la patrulla fronteriza estadounidense.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Costums and Border Protection, CBP) informó que del 1 de octubre de 2014 al 1 de junio de 2015, periodo correspondiente al año fiscal 2015, la patrulla fronteriza detuvo a 85 131 migrantes no mexicanos en su frontera sur.

En el mismo lapso, el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó 92 889 eventos de detención de centroamericanos en México.

En 2014, el INM registró un incremento de 47 por ciento en el aseguramiento de indocumentados, al concluir con 127 149 extranjeros detenidos, en comparación con 2013, año que cerró con 86 298.

Estas cifras son prueba de que México cedió a la solicitud de Estados Unidos de convertirse en brazo operador de las políticas migratorias de ese país, para evitar la llegada de indocumentados a la frontera norte, señala Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de Migrantes, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Ello, detalla, ha generado que el tema se minimice en Estados Unidos, al no representarle más una urgencia que enfrentar.

CUIDAR LAS FINANZAS

DEL TÍO SAM

El aseguramiento de centroamericanos desde la línea fronteriza de México con Guatemala representa facilidades legales, económicas y geográficas para su deportación, a diferencia de hacerlo en el país del norte, en particular con los menores que viajan no acompañados.

La ola de niños y adolescentes que viajan solos, que llegó a Estados Unidos el año pasado procedente de Centroamérica, y que fue calificada por su magnitud como emergencia humanitaria, generó gastos inesperados a la administración federal de ese país por más de 1400 millones de dólares.

Si un niño de origen centroamericano logra cruzar la frontera y llega hasta Norteamérica, al ser asegurado por la patrulla fronteriza, de acuerdo con la ley migratoria, cuenta con un estatus automático de revisión de su caso, al considerarse como posible víctima de trata de personas.

El caso debe pasar a una Corte de Inmigración, pero estas han superado su capacidad para procesar los miles de juicios que hay en espera. Los niños no acompañados que arribaron a Estados Unidos el año pasado podrían tener su audiencia principal para el año 2017 o 2018, por lo que este es uno de los argumentos para la deportación desde la frontera sur de México.

Adam Isacson, encargado del Programa de Políticas de Seguridad Regional de WOLA, explica que cada niño que México deporta automáticamente, sin considerar cada caso uno por uno, genera un ahorro al gobierno estadounidense de alrededor de 20 000 dólares, costos de la Corte de Inmigración, de la detención temporal, de educarlos en las escuelas locales donde se mantienen mientras se revisa su proceso, y también la carga política en un país donde la inmigración es un tema muy controvertido.

En el caso de México, el proceso de deportación es veloz. Este se lleva a cabo muchas veces sin darles acceso a un abogado o a organizaciones de derechos humanos que les brinden asesoría, a pesar de que es su derecho.

Las personas son deportadas por tierra de una manera muy ágil. El elemento legal que permite esta medida son los memorándums de entendimiento que hay entre México y los países de Centroamérica, de acuerdo con Salvador Lacruz, coordinador del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, ubicado en Tapachula.

El mecanismo se centra en que, una vez asegurados, son enviados a la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula —el mayor centro de detención de migrantes de América Latina, con capacidad para 970 personas—, y de ahí son trasladados en autobuses a sus países de origen.

Estar en Tapachula, cruzar la frontera a Guatemala y llegar a Honduras o El Salvador ya es cuestión de un par de horas, detalla Lacruz. El proceso es muy rápido, con excepción de los casos en los que las personas solicitan refugio. Dicho procedimiento tarda mínimo 45 días, y transcurre con el migrante en detención.

LA ECONOMÍA SE APAGA

La voz rasposa de Lupe Tijerina escapa por las bocinas colocadas en una de las maltrechas ventanas de la cocina popular, justo frente al patio de maniobras del ferrocarril. El hombre frontal de los míticos Cadetes de Linares entona el drama de “No hay novedad”, su clásico de la década de 1970. Los propietarios del negocio pretenden atraer clientela, pero igual que marca la canción, el abandono destroza las entrañas.

Ya la fuente se secó / el canario se murió / pero aquí no hay novedad…

Arriaga se convierte en un pueblo fantasma, dice Silvia Torres, propietaria del lugar. El único ingreso que tenían les fue arrebatado con la puesta en operación del Programa Frontera Sur, explica. “Nos dejó amoladísimos. Hay que volverse a acostumbrar a lo poco que hay.”

Silvia despacha menos de la mitad de platillos de lo que vendía antes de la entrada en operación del programa. Su ingreso económico se ha visto reducido en más del 50 por ciento. Si vendía 600 pesos, ahora obtiene sólo 200 pesos al día.

Los centroamericanos acudían a su cocina a echarse un taco, en lo que esperaban la salida del tren. Pero el programa ahuyentó a los migrantes, y con ello generó severas afectaciones económicas al municipio, que durante los últimos diez años vivió de su afluencia.

Hoteles, hostales, pequeños restaurantes, cocinas económicas y tiendas de ropa, vendedores ambulantes, abrieron sus puertas desde entonces en inmediaciones de las vías. Sus ingresos dependían de los centroamericanos. Hoy, ante su ausencia, deben reinventarse y buscar un nuevo modo de vida. Como Silvia y sus Cadetes.

La joven que sostiene a su hijo de dos años se llama Guadalupe. Usa la mano que le queda libre para cargar una cubeta con almejas, o pata de mula, como le llaman en la región. Se encuentra bajo la sombra de un puesto de lámina en espera de clientes. Es medio día y aún tiene la cubeta llena.

“Está dura la ley. Antes había bastante cachuco por acá”, dice. “Eran ríos, parecía feria. Ahorita siguen yendo para el norte, pero ya no pasan por aquí.”

PROGRAMA BRUTAL

Para Armando Hernández, hondureño, sortear cada retén es como atravesar una frontera. Se siente ganador cada que deja atrás alguno. Pese a las complicaciones del camino, avanza animado al saberse lejos de su país de origen, cuya situación de violencia y pobreza terminó por expulsarlo.

En Tapachula, explica, estuvo a punto de ser detenido por elementos de Migración, cuando caminaba sobre las vías en compañía de otros jóvenes.

¡Deténganse, cabrones, párense, párense, cabrones! Lograron escabullirse internándose en el monte.

Soba sus pies después de veintidós horas continuas de caminata, rodeando retenes y garitas, alejándose de las rutas conocidas que se encuentran plagadas de elementos de Migración, la Policía Federal, Sedena y Marina. Entre montañas y laderas, aunque haya que tardar más tiempo y correr mayores riesgos.

Dice haber escuchado en las noticias que estaba difícil el cruce, pero la realidad superó lo que había pensado. Para llegar hasta Arriaga se encontró al menos con diez retenes y garitas. Y aún faltan las muchas otras en su travesía rumbo al norte.

Una manta para migrantes colocada en la estación del tren raya en el sarcasmo: “En tu camino, tus derechos te protegen si sufres de algún abuso. Tu denuncia será anónima”.

José Antonio Domínguez, cónsul de El Salvador en Arriaga, reconoce que las medidas emprendidas hace un año para el aseguramiento de indocumentados se han fortalecido, hasta involucrar, incluso, acciones de fuerza.

Detalla que el hecho de realizar redadas en hoteles y restaurantes, hacer patrullajes en las carreteras, en las vías, asegurar a las personas que van caminando, perseguirlas, orillarlas a caminos más difíciles, responder con la fuerza pública en caso de que se detecte un grupo. “Todas esas situaciones —dice— son un cambio. Va más allá del control tradicional.”

Ante esas acciones han presentado quejas y mantenido comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La mayor cantidad de problemas de este tipo se han dado en el trayecto Arriaga-Chahuites-Tapanatepec-Ixtepec, que es donde se han incrementado los delitos.

A pesar de no contar con cifras exactas, el padre Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, e integrante del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (Codemire), asegura que con la puesta en marcha del Programa Frontera Sur se ha observado un severo incremento de delitos contra migrantes.

Detalla que, previo a su operación, aproximadamente el 10 por ciento de quienes llegan al albergue denunciaban haber sido víctimas de algún hecho delictivo.

Posteriormente, dicha cifra aumentó al menos a 85 por ciento, especialmente luego de que abrió sus puertas la casa del migrante en el municipio de Chahuites, Oaxaca, que se encuentra dentro del arco de seguridad que significa el Plan Frontera Sur.

MANO GRINGA EN LA FRONTERA SUR

El fenómeno que se vive en México, de militarización de la frontera sur, en donde se busca detener el paso de la mayor cantidad de centroamericanos para evitar su llegada a Estados Unidos, responde a una política denominada externalización de la frontera, explica Salvador Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Se trata de un fenómeno similar al que ocurre en Europa, donde la frontera no es la costa europea, sino el Mar Mediterráneo y los países del norte de África. En el caso de América, México sería para Estados Unidos lo que Marruecos es para la Unión Europea, y los países de Centroamérica serían Mauritania y Senegal.

Está claro que Estados Unidos ha optado por esta vía, asegura Lacruz. “Por un lado, la frontera externa de Estados Unidos es esta, y por el otro, México entero es una frontera vertical, una zona de amortiguamiento de todas las personas que intentan transitar por el país hacia el norte.”

UNA LEY SELECTIVA

En este pueblo seco, de ventarrones que alborotan la tierra de las calles sin pavimentar, el tiempo pasa lento. Son las cuatro de la tarde y el sol pega fuerte. Una mujer robusta de piel morena camina guardando el equilibrio con una cubeta en la cabeza. Busca quién le compre empanadas, pero las calles están solas.

La fachada de colores amarillo y negro de un domicilio anuncia desayunos y comida. Sin embargo, al tocar la puerta, Gilbert Araujo, quien vive en el lugar, explica que el negocio se cerró desde el año pasado.

Frontera Sur desató redadas en los comercios del municipio, y si llegan elementos de Migración y encuentra indocumentados dentro, los acusan de polleros, cuenta.

“Como ves, ya es un pueblo fantasma, como antes. No hay empleos, no hay nada, los migrantes eran los que le daban vida.”

El hotel San Carlos, cuya fachada asemeja uno de película de vaqueros, está en espera de huéspedes. Sus once habitaciones se encuentran disponibles. En el pasado no se daba abasto ante la llegada de indocumentados que rentaban los cuartos por unas horas en lo que partía el ferrocarril.

Aurora Cue, su administradora, se ocupa además de una tlapalería a unos metros de ese lugar, pues, asegura, tan sólo del hotel ya no sale para sobrevivir y pagar el sueldo de empleados.

Incluso a principios del año tuvo que recurrir al despido de personal, pues ahora con dificultades se llega a ocupar un cuarto.

Pese a las evidentes afectaciones económicas que ha provocado al municipio la ausencia de migrantes, no hay cifras oficiales al respecto. En materia de comercio, Arriaga es municipio olvidado.

De las cámaras de comercio existentes en la región, ni la de Tapachula ni la de Tuxtla Gutiérrez dijeron mantener contacto alguno con empresarios de la jurisdicción.

El alcalde de Arriaga, el priista Noé López, dice desconocer la cantidad de negocios que han cerrado sus puertas en el municipio tras la puesta en operación del Plan Frontera Sur, y cuántos empleados han sido despedidos. Sin embargo, reconoce afectaciones en el sector hotelero.

“Yo le preguntaba a una persona que tiene un hotel, y respondió: bueno, sí bajó. Antes teníamos no sé, cien personas a diario, ahora tenemos veinte o treinta.”

Para Salvador Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la consolidación de la pobreza en un municipio fundamental para proyectos ferroviarios, como lo es Arriaga, punto de partida del tren carguero que atraviesa México, así como la militarización de la frontera sur del país, van más allá de una estrategia en el tema migratorio.

Detalla que la región es una de las zonas más ricas en recursos naturales, pues en la zona se desarrollan proyectos en materia energética, de estaciones eólicas y de minería, entre otros, con lo que, señala, se busca además controlar el territorio.

Tener tanta fuerza de seguridad también responde a eso, a que esos proyectos generan conflicto social, protestas, y necesitan fuerzas que mantengan controlado el territorio.

LA ATROCIDAD NO SE VE

El Plan Frontera Sur está logrando su verdadero objetivo, que es invisibilizar a los migrantes. Y quienes se benefician con ello son los traficantes de personas y el crimen común u organizado, e incluso algunas autoridades, afirma Carlos Bartolo Solís, director de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia.

En la casa hay 52 camas vacías. Ocho hombres, entre jóvenes y adultos, pasarán la noche en el lugar. Durante la primera mitad de 2015, un total de 2047 personas acudieron a la casa. En 2014 se recibió a 4500 migrantes, mientras que en 2013 la cifra llegó a 7000 indocumentados.

El hecho de que no pasen por el municipio o por la casa del migrante no quiere decir que los centroamericanos no sigan saliendo de sus países con rumbo al norte.

Es sólo que con las actuales medidas les cuesta más trabajo avanzar rumbo al norte. Deben caminar más. Rodear retenes, garitas y enfrentar mayores riesgos en rutas controladas por el crimen, donde se incrementan las extorsiones, secuestros, violaciones y asesinatos. Se alejan cada vez más de la ruta migrante y de los albergues.

Maureen Meyer, de WOLA, explica que se ha observado un doble discurso tras el lanzamiento del programa, pues se señala por un lado un marco de protección y garantía de los derechos de los migrantes y, por el otro, en la actuación la protección al indocumentado es menor incluso que antes, pues las detenciones se dan con violencia o con violaciones al debido proceso.

El sacerdote Alejandro Solalinde, y otros veintisiete representantes de casas del migrante, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, integrantes del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (Codemire), exigen al gobierno mexicano echar atrás la actual estrategia, justo por su inmoralidad.

EL PODER DEL HAMBRE

El flujo de migrantes se mantiene, aunque no es evidente. José Antonio Domínguez, cónsul de El Salvador en Arriaga, asegura que ellos mismos tratan de invisibilizarse.

Después de que Arriaga fue un municipio hasta cierto punto refugio de indocumentados, se ha convertido en una ciudad que supone riesgo para ellos.

Avanzan ahora sin el apoyo de quienes les ofrecían alimentos, ropa o algo de dinero. Finalmente, la esperanza de conseguir una mejor vida es lo único que los mantiene en el camino.

Es medianoche. Unos veinte centroamericanos esperan en el patio de maniobras de la estación del ferrocarril Chiapas-Mayab. Observan los movimientos de dos ferrocarriles en el lugar para determinar cuál partirá rumbo al norte.

Algunos de ellos llegaron hasta aquí desconociendo las nuevas medidas, entre ellas la prohibición de viajar en el lomo del tren. Otros, a pesar de que las conocen, prefieren imaginar que todo transcurrirá como en el pasado.

Pese a haberse conocido a lo largo del camino, e incluso en el patio de maniobras del tren, el grupo aborda el mismo vagón. Saben que es más fácil viajar juntos.

Esperan avanzar como se habría hecho hasta hace un año, a lo largo del territorio mexicano en el lomo de “la bestia”, con la esperanza de que a los riesgos del crimen organizado y de caer del ferrocarril, no se sume el de ser detenidos.

Desconocen que un par de kilómetros más adelante, en la comunidad de San Ramón, un grupo de elementos de Migración, de la Policía Federal y estatal, ordenará un alto total al tren.

Justo cuando ellos se sientan más confiados, los sorprenderán con lámparas en medio de la oscuridad para obligarlos a descender y volver a la pesadilla en sus países de origen.