“No puedo dejar de sentir emoción cada vez que hablo del tema”, confiesa Julio César Márquez con los ojos llorosos. El padre de Yeye, el pequeño de dos años y ocho meses que murió intoxicado hace seis años en el incendio de la guardería ABC, hace una breve pausa. Al inicio de nuestra charla dice que se imagina a dos señoras de la alta sociedad tomando un café y conversando tranquilamente sobre la idea de abrir un negocio. Una guardería, por ejemplo.
La mirada se le pierde por unos minutos.
¿Qué ocurre cuando alguien decide abrir una guardería y esta no cuenta con las medidas de seguridad necesarias? En el caso de la ABC de Hermosillo, Sonora, la peor fatalidad. El 5 de junio de 2009 un incendio provocó la muerte de veinticuatro niñas y veinticinco niños y que más de cien pequeños resultaran heridos con quemaduras graves que los marcaron de por vida.
Esta tragedia no habría ocurrido de haber contado con las normas de seguridad indispensables para su apertura y funcionamiento. La guardería ABC operaba de forma irregular: los propietarios no pagaban una renta mensual; los permisos para abrirla se otorgaron de forma directa y no mediante una licitación o concurso; las salidas de emergencia eran inexistentes; no contaba con extintores —máxime cuando, a escasos metros de distancia, había una gasolinera—. Sólo una pared de aglomerado separaba el lugar donde estaban los niños de una bodega que servía de almacén para el gobierno del estado de Sonora. El techo de ese recinto era de lámina recubierta de poliuretano, un material altamente inflamable. Allí fue donde el incendio comenzó. La estancia infantil se convirtió en una jaula mortal.
“Ya llevamos seis años de impunidad, seis años de un crimen sin castigo”, denuncia Márquez en el marco de los seis años del fatídico siniestro. Es él uno de los padres que nos vuelve a recordar que su pequeño hijo “murió en una tragedia que se gestó incluso antes de que se instalara la guardería ABC”.
Esta tragedia, que tuvo lugar en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, no sólo estremeció a un país entero por su crudeza, sino que sacó a relucir una larga cadena de corrupción en los tres niveles de gobierno, así como negligencia e impunidad. Es fecha en que todavía no hay ningún responsable de mando medio o superior sentenciado. Eso aun cuando, en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se habían cometido violaciones graves a las garantías individuales.
El caso de este centro infantil fue paradigmático, ya que, en opinión de Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), “mostró la omisión del Estado en el cumplimiento de medidas de seguridad, así como la complicidad para cubrir de impunidad a las autoridades vinculadas”. Más aún, subraya que “por esa impunidad se corre el riesgo de que vuelva a producirse una tragedia como la de Hermosillo”.
La tragedia de la ABC podría suceder en cualquiera de las guarderías que operan en todo el país. El Movimiento 5 de Junio, formado por los padres de las víctimas de la ABC, ha documentado veintiséis casos de muertes de niños en varios establecimientos. Pero podrían ser muchos más.
Hay que poner fin al riesgo
Abraham Fraijo es el padre de Emilia, otra de las víctimas de la guardería ABC. Lleva tatuado el nombre de su hija en el brazo izquierdo. Cuando hablamos de la pequeña que perdió la vida a los tres años con tres meses, rompe a llorar. Recobra la calma como puede y se disculpa por el dolor que se le desborda, incontrolable.
Tras reponerse, observa en la entrevista con esta publicación que, por desgracia, es fácil abrir un negocio, como una estancia infantil, sin que sea atendido con el mínimo de precauciones. Si bien la Ley 5 de Junio ya pone trabas para que “se acabe esa avaricia desmedida de un pequeño círculo de personas”, es visto que se puede documentar que personas con el mismo apellido “son propietarios de cinco o seis guarderías y ganan 6 o 7 millones de pesos al mes”. Fraijo define esta realidad con una calificativo: atroz.
“Si inviertes un millón de pesos al mes —continúa— consigues una guardería como las que tienen en Holanda. Yo desde mi celular puedo verificar en internet que mi hija está siendo bien atendida”, argumenta. No ocurre lo mismo en nuestro país. Lo que es peor: “Muchos niños siguen muriendo en estancias infantiles no preparadas para ello”, denuncia Abraham Fraijo.
Juan Martín Pérez, de la REDIM, considera que no se trata de cerrar establecimientos que aún no han sido regulados, pues “hacen falta para la cobertura y el derecho de los niños al cuidado y a la atención. Lo que se necesita —subraya— es inversión pública para que estos establecimientos se profesionalicen y permitan brindar servicios apropiados”.
Dos años después de la tragedia de la ABC, varios padres de familia de Hermosillo decidieron traducir su frustración y enojo en propuestas de políticas públicas. Así nació la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como Ley 5 de Junio. Hoy por hoy sólo nueve estados la han aprobado: Colima, Sonora, Estado de México, Puebla, Yucatán, Baja California, Jalisco, Tabasco y el Distrito Federal. Las veintidós entidades federativas restantes siguen sin avalar el marco legal que sirve para regular y evaluar el trabajo de las guarderías subrogadas en el país.
Sin la aprobación de la Ley 5 de Junio, el riesgo de que se vuelva a repetir una tragedia como la ocurrida en la estancia infantil sigue vigente. No se trata, según sus promotores, de hacer sólo armonizaciones legislativas, sino de dificultar la apertura indiscriminada y sin ningún tipo de control de este tipo de estancias que son vistas como meros negocios. Esta norma no sólo protege a la infancia. Se considera que podría aplicarse en hospitales privados, asilos de ancianos, albergues y orfanatos para prevenir accidentes.
Además, están a la vista los déficits de inversión que se suman a las negligencias por las que siguen muriendo menores de edad.
Como el caso de los tres niños que perdieron la vida junto con otros tres adultos el pasado 9 de agosto de 2011, cuando un camión se estrelló contra una guardería infantil construida con adobe al borde de una carretera en el estado de Nuevo León. O el deceso de una bebé de diez meses, en una estancia infantil de Querétaro, el pasado 11 de marzo de 2014, por una presunta broncoaspiración tras ingerir leche de un biberón. O la de una niña de cinco meses, por la misma causa, en una guardería de Cheyumil, en Quintana Roo.
De hecho, “hace unos meses, en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, estrangularon a una niña en una guardería de la Sedesol, de acuerdo con la evidencia del forense. Una persona que no estaba capacitada la asesinó”, comenta en entrevista con Newsweek en Españolel activista Daniel Gershenson, quien acompaña a los padres de familia de la guardería ABC.
Citlali Anahí Díaz de la Cruz fue responsabilizada de ahorcar a una nena de un año y diez meses el pasado 27 de febrero que, además, presentaba lesiones en la cabeza. Primero se dijo que la niña había sufrido un golpe en la cabeza, la necropsia posterior determinó que la causa del deceso fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”.
Si bien la Procuraduría General de Justicia del Estado consignó a Díaz de la Cruz, maestra del centro infantil Pasitos de Colores, como presunta autora material del delito, así como a Yuridia Vinicia Sarmiento Sánchez (encargada del centro) por complicidad, ocho días después de ser llevadas al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, las mujeres fueron liberadas. El juez del proceso penal en El Amate, Ernesto Hernández, reclasificó el cargo de las detenidas de homicidio doloso a homicidio culposo no grave. Así quedaron en libertad condicional con el propósito de iniciar un juicio oral.
Sobre los responsables de la contratación del personal de esa guardería no hay fincada responsabilidad alguna. El cofundador y presidente de Al Consumidor A. C. apunta que, de nuevo, en el caso de Cintalapa no hay responsable, como tampoco los hay en el caso de Hermosillo, “una tragedia que en otros países habría derivado en cambios radicales de políticas públicas, habría generado una profunda reflexión sobre qué tipo de país permite que mueran cuarenta y nueve niños en esas condiciones”, refiere Gershenson.
Por eso, la exigencia de las familias y de la ciudadanía mexicana no se limita a que se esclarezca y sancione a todos los responsables de las graves violaciones cometidas en contra de los niños de la guardería ABC. Van mucho más lejos: piden que se ponga fin a las situaciones de riesgo para todos los menores que hacen uso de estancias infantiles en México. “Lo anterior es urgente a la luz de tragedias recientes como el fallecimiento de niños en 2014 y, este año, en guarderías ubicadas en Coahuila, Sonora, Querétaro y Chiapas”, coincidieron miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en un mensaje conjunto presentado la semana pasada en sus instalaciones en el DF.
No debe perderse de vista las dimensiones del caso ABC. La justicia a todas las víctimas sigue en el limbo. Son pocos o nulos los avances, jurídicamente hablando. Representantes del Centro Prodh señalaron este 2 de junio que, “debido a que el Estado mexicano no hizo cumplir los requisitos mínimos de seguridad para una instancia infantil, las familias de las víctimas siguen en su lucha por exigir justicia”.
La falta de voluntad política es evidente. De acuerdo con Julio César Márquez, “las cosas siguen igual: no hay una sola persona que haya sido sentenciada como responsable. Al contrario —se lamenta—, dos de los socios de la guardería han sido completamente exonerados”.
El cinismo de los políticos
La impunidad y la corrupción siguen matando en México. Así lo resumió el obispo de Saltillo y defensor de los derechos humanos Raúl Vera, en una conferencia de prensa durante una visita el miércoles 3 de junio a la capital de Sonora:
“La estructura política refleja la ausencia del Estado y la complicidad que no se tolera, específicamente en el caso de la guardería ABC. Esto es lo que se condena, esto es que nuestras autoridades pongan en riesgo vidas humanas solamente porque a unas personas se les ocurre hacer un negocio jugoso con la mínima inversión.”
Coincide con esta postura Daniel Gershenson: “Pensar que hoy un niño que no puede valerse por sí mismo se está exponiendo a una muerte similar a la de hace seis años es tremendo. No parece haber permeado en la conciencia de la sociedad, y menos de los tres niveles de gobierno, un mecanismo de defensa, un botón de pánico, que impida que esto siga sucediendo. Es escandaloso que se haya normalizado la muerte de estos niños como si fueran daños colaterales en una guerra”.
El activista recuerda que los únicos veintidós procesados del caso, la gran mayoría funcionarios de rango medio o bajo, están libres. Pero en los cargos de “más arriba”, si bien permanecen desacreditados, ninguno ha sido aún procesado.
Hay dos administraciones federales acusadas por los padres y las organizaciones que los acompañan: una del PAN y otra del PRI. Así como dos administraciones estatales, una del PRI y otra del PAN. Pero, considera, muchos de los señalados como responsables directos o indirectos de la tragedia han recibido “premios” en forma de puestos de alto nivel en el gobierno o candidaturas de elección popular.
En entrevista, a tres días de que se celebren elecciones, Gershenson insiste en el cinismo de los funcionaros públicos. Ahí está la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich, quien escribió cartas nueve meses después del incendio en las que alababa la conducta moral de dos de los dueños de la guardería. Entonces la priista fungía como diputada en el Congreso del estado. Ahí está su contrincante, el blanquiazul Javier Gándara, quien llevó a cabo un acto de represión el 29 de mayo de 2012 contra los padres que se manifestaban pacíficamente cuando él era alcalde de Hermosillo, máximo responsable de brindar protección y seguridad a los ciudadanos.
Los familiares de las víctimas también lamentan que el exprocurador de Justicia del Estado y mano derecha del entonces gobernador Eduardo Bours, Abel Murrieta Gutiérrez, así como el actual ministro de Justicia, Eduardo Medina Mora, hayan sido encumbrados por el gobierno federal. Ambos son considerados cómplices de la tragedia. Murrieta compitió este domingo por una diputación federal y Medina Mora, actual ministro de la Suprema Corte respecto al caso ABC, siempre “sostuvo que no era un delito grave, actuando con irresponsabilidad y parcialidad”, apunta el activista.
Gershenson no deja sin mencionar a Juan Francisco Molinar Horcasitas, fallecido hace unas semanas tras una larga enfermedad. Como director del IMSS, Molinar fue quien autorizó la subrogación de estancias infantiles. Ello a pesar de las denuncias recibidas por irregularidades en la bodega que albergó la guardería ABC, que formaba parte del sistema de locales infantiles concesionados por el Seguro Social con dinero de la Sedesol.
“Horcasitas se fue sin el menor remordimiento —afirma—, ya que muchas veces dijo que él tenía la conciencia tranquila y que el caso de la guardería no le quitaba el sueño.”
Y como cada año recuerda también que entre los propietarios del centro infantil hay varios vinculados con políticos. Como Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.
Como no hay sanciones de ningún tipo, las tragedias pueden reeditarse. “El que goza de más lazos que se basan en una lealtad casi mafiosa es el que prospera en México.” Y añade que, “en Sonora, tanto el PRI como el PAN han preferido seguir apostándole a personajes tan desacreditados como estos cuando en cualquier otro país medianamente respetuoso con los derechos humanos ya habrían enfrentado, cuando menos, el fin de sus carreras políticas y, en otros casos, la cárcel”.
Que intervenga la CIDH
Los padres de los cuarenta y nueve niños que perdieron la vida se sienten totalmente despreciados, ninguneados. Son los padres los que han trabajado a destajo, día a día, para que se esclarezca el caso. Así, de las primeras investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) surgieron dos líneas de peritaje. Una que decía que el incendio fue provocado, otra que afirmaba que fue intencionado. Es esta segunda línea la que algunos padres reunidos en torno a la asociación Manos Unidas por nuestros Niños, otro movimiento surgido a raíz de la tragedia de la ABC, decidieron seguir. Hicieron una labor de investigación que le correspondía a la PGR y fueron ellos quienes empujaron a que se abriera un nuevo proceso contra personas que no habían sido imputadas.
El pasado 26 de mayo un exasesor del otrora gobernador de Sonora, Eduardo Bours, fue indiciado en el proceso. Juan Carlos Lam, quien fuera secretario técnico de Bours, declaró en calidad de indiciado ante la PGR.
Gabriel Alvarado Serrano, abogado y representante legal de Manos Unidas por nuestros Niños A. C., refirió a la revista Proceso que la reunión con la procuradora Arely Gómez “fue fructífera, ya que por primera vez se observó buen ‘ánimo y disposición’ para resolver el caso que enlutó a México el 5 de junio de 2009”.
En ese mismo artículo se consigna que Gómez informó que, luego de que la PGR sea notificada, se resolverá si son sometidos a proceso por el presunto delito de omisión de sus deberes, en el homicidio culposo de cuarenta y nueve niños y lesiones a ciento seis niños, tanto el exgobernador Bours como el exsecretario de Hacienda estatal, Ernesto Vargas Gaytán, el exprocurador sonorense y el actual diputado local Abel Murrieta.
Independientemente del resultado que arroje, la única forma de seguir con la causa es acudir a instancias internacionales, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). A través de la plataforma de activismo en red Avaaz.org, el movimiento ciudadano ContingenteMx, pidió llevar el caso de la guardería ABC a la CIDH mediante veinticinco mil firmas. Ya sólo queda esperar que la CIDH atraiga el caso, que será analizado en los próximos meses.
“Nuestra esperanza siempre ha sido la CIDH, que resuelva a nuestro favor, que intervenga y ponga de ejemplo lo que está sucediendo en México para que no vuelva a suceder. Así nos lleve esperar otros diez o quince años para que se haga justicia”, dice Abraham Fraijo.
Con todo el pesar acuestas, Julio César Márquez apuesta por sentar un precedente, por cerrar en México este ciclo. “Justicia y ABC nunca más”, se le oyó decir la semana previa en distintos eventos en el marco de los seis años de la tragedia que enlutó a más de un centenar de familias.
Fraijo comparte a Newsweek en Español algo bueno que le ha sucedido luego de la dolorosa muerte de su pequeña: que la gente ha ido tomando un poco más de conciencia sobre dónde está dejando a sus hijos al momento de irse a trabajar. “Nos costó cuarenta y nueve vidas, pero creo que sí se ha movido algo en la mentalidad del mexicano”, remata.
