En los temas más importantes de la agenda nacional,Javier Corral Jurado ha tenido una participación destacable que hoy lo confirma como uno de los personajes más incómodos para diversos grupos de poder. El legislador panista fue uno de los pocos que votó en contra de las designaciones de Arely Gómez y Eduardo Medina Mora, como procuradora general de la república y ministro de la Suprema Corte, respectivamente.

En tiempo y forma argumentó que con estos perfiles tan poco autónomos e independientes a la figura presidencial, Enrique Peña Nieto puso en marcha un plan de “impunidad transexenal”, y que el Congreso de la Unión respaldó dicha traición incluso a costa de ir en contra de su propia reforma constitucional.

En paralelo a la crítica y el cabildeo que encabezó para tratar de impedir estos nombramientos —que no solo enviaron un mal mensaje al Poder Judicial, sino a la sociedad mexicana en su conjunto—, Corral ha formado parte activa de los más cruentos debates, que van desde los polémicos casos de la Casa Blanca,la crisis del INE, la intentona regresiva contra la ley de transparencia y, recientemente, la polémica generada en torno al caso Carmen Aristegui- MVS.

Y no solo eso. Javier Corral supone quizás el principal dolor de cabeza del gobernador César Duarte. En la actualidad encabeza en Chihuahua uno de los movimientos cívicos populares de los que no se tiene antecedente, y que ha salido a la calle para combatir la corrupción.

Hoy que la gente sale para protestar por el agua, la gasolina, la electricidad, el fraude electoral, los homicidios, los atentados, las violaciones a los derechos humanos, por Ayotzinapa, por todo, el albiazul asegura que está creciendo una movilización que busca visibilizar la corrupción política y combatir la impunidad en nuestro país. Newsweek en Español visitó a Javier Corral al menos en tres ocasiones en sus oficinas de Paseo de la Reforma para esta entrevista.

Primer movimiento ciudadano vs. la corrupción

En Chihuahua está conformándose uno de los hechos de insurgencia cívica popular más importantes de las últimas décadas que, de acuerdo con Javier Corral, va a tener un impacto a escala nacional: “Es el primer movimiento ciudadano de carácter plural que sale a la calle para combatir la corrupción”.

Si bien, explica, todo el mundo ha salido a la calle en los últimos meses para hacer distintas exigencias —centralmente justicia en Ayotzinapa—, los chihuahuenses se están organizando en un esfuerzo transversal a partidos, organizaciones sociales, sindicatos y profesiones, en un movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad. Ello a partir del “hartazgo de la sociedad chihuahuense por el escandaloso e inexplicable enriquecimiento del gobernador César Duarte”.

Lo que acontece en Chihuahua es “una lucha del pueblo contra el gobierno a partir del escandaloso caso de corrupción política que el gobernador [César] Duarte encabeza, fruto de un enriquecimiento inexplicable en el que aparece el tema del Banco Progreso como la punta del iceberg de una fortuna personal impresionante que ha conseguido en los últimos años, porque no tiene ninguna trayectoria de carácter personal-empresarial, propiamente dicho, que justifique la evolución de sus ingresos”.

Corral cuenta que César Duarte promovió la creación de un banco a partir de la fusión de varias empresas locales en la ciudad de Delicias —casas de cambio, unión de créditos— y gestionó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ante Luis Videgaray, “de quien se dice amigo personal”, la creación del Banco Progreso. Este banco estuvo siendo fondeado por el gobierno del estado de Chihuahua a través de la Unión de Crédito Progreso a lo largo de tres años.

“Si sumáramos todo lo que se le depositó durante tres años —dice el panista—, nos daría 83 000 millones de pesos. Además, siempre se le ha mantenido un fondo de no menos de 600 millones de pesos diarios. Pero al gobierno de Chihuahua este banco solo le paga el 3.4 por ciento de rendimiento financiero, cuando a sus ahorradores les ofrece —incluso en carteleras de las que tenemos fotografía— el 7.2. Cuando se constituye el banco el gobernador forma un fideicomiso con su esposa, en Banorte, que es la fiduciaria, y le da la instrucción de depositar en la conformación accionaria del banco 65 millones de pesos, que toma de un cheque de caja de una de sus cuentas personales y se hace accionista del banco —del que son accionistas también el director de finanzas del gobierno del estado, el tesorero estatal, la persona que firmó todos los cheques de transferencia y otro socio es el presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, Carlos Hermosillo— y todos ricos de la noche a la mañana.”

En este contexto se afianza el movimiento chihuahuense Unión Ciudadana que encabezan, entre otros, el senador Javier Corral Jurado, el dirigente de Morena en el estado, Víctor Quintana Silveyra, y el exdiputado perredista y hoy activista Jaime García Chávez. En ellos confluye el descontento popular que está creciendo y tiene presencia en toda la entidad, así como miembros formalmente integrados en los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Madera, Ojinaga, Jiménez y Parral. “Se avanza constituyendo grupos municipales de carácter plural que hacen visible la denuncia de carácter penal interpuesta en la PGR, y que van a exigir a la Procuraduría General de la República una actuación imparcial, independiente y comprobadamente autónoma de los intereses políticos-partidistas que están detrás de la protección de Duarte.”

Ante esta movilización sin precedentes, el Ejecutivo estatal está respondiendo “atrabiliario, con las peores formas”. Prueba de ello es la forma como se condujo a fines de febrero. Corral recuerda que Duarte realizó una campaña para informar —con volantes falsos y haciendo uso de logos y eslóganes de Unión Ciudadana— que se suspendía la manifestación a la que habían convocado desde un mes antes para exigir su renuncia. Una noche previa al sábado 28 se repartieron dichos volantes en toda la capital, en los cuales se aseguraba que no había condiciones para realizar el mitin y que se suspendería el evento, pues podrían existir provocaciones.

“No solo eso, también mandó instalar en la madrugada un megatemplete enorme para cerrar toda la calle Aldama donde íbamos a estar nosotros y sobrepuso un evento cultural al que convocó esa misma noche.” El resultado: ahí no se paró ni un solo ciudadano, excepto los que fueron llevados para sabotear el evento. “Y debo decir que el gobernador aisló totalmente la plaza pública… Estoy hablando ¡de febrero de 2015! Cerró veinte cuadras a la redonda, las calles, para que la gente no pudiera llegar a la plaza… Mandó provocadores, mandó policías, guaruras, incluso hay un guarura del presidente municipal y hay dos sujetos con antecedentes penales de los que fueron a provocarnos.”

—¿Ya los tienen plenamente identificados?

—se le inquiere.

—Ya… incluso estamos en un esfuerzo de identificación plena de todos y cada uno de ellos porque fueron muchos, fueron trabajadores incluso del municipio. Mandó provocadores durante el día y al acto y, a pesar de todo eso, a las 4:30 de la tarde, que es la hora en que habíamos convocado, estaban más de dos mil chihuahuenses en la plaza Hidalgo. Eso te habla del gran fenómeno que se va a dar en Chihuahua. La gente no solo le ha perdido el respeto a Duarte, ya también le perdió el miedo. El único que tiene miedo ahora en el estado es César Duarte Jáquez porque se le ha denunciado en la Procuraduría General de la República por varios delitos, entre ellos el del enriquecimiento ilícito.

Frente a lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, el movimiento chihuahuense Unión Ciudadana ha decidido organizar una marcha del silencio convocada para el próximo 18 de abril. Personalidades de distintos ámbitos —académico, social, político e incluso empresarial— han sido invitadas para que sean testigos de lo que acontece en ese estado.

Y es que, subraya Corral, “después de robar, mentir es lo de menos, que es a lo que se ha dedicado el gobernador, pero luego viene un impulso autoritario que pretende sofocar lo que constituye el primer movimiento ciudadano que sale a las calles para tomar en sus manos el combate de la corrupción política; esa es la importancia de lo que está pasando en Chihuahua”.

Fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Corral revela que, además, tienen el propósito de ampliar la denuncia penal contra Duarte a partir de nuevos elementos que han surgido en los últimos meses en relación con el caso de Banco Progreso. “En la ruta de Unión Ciudadana, tal como lo advertimos desde el principio de nuestra constitución, el del banco no sería el único caso por presentar. Estamos cerrando una investigación muy poderosa que será más importante que la del banco en términos de cuantía, de evidencia, que sumará otra denuncia penal contra él, porque el caso del enriquecimiento ilícito de César Duarte es un caso de escándalo. El problema es que en el país no se ha dado ni la atención ni el lugar que tiene: la maquinaria del PRI y el gobierno de Peña Nieto lo que han hecho es trasladar la visibilidad de ciertos asuntos de corrupción hacia Guerrero y luego hacia Sonora (es el caso del gobernador del PAN en Sonora). Pero el caso de Duarte es un caso que opaca los dos casos juntos.”

En una de las tres conversaciones que sostuvimos con él, Corral adelantó que el tema del Banco Progreso es solo la punta del iceberg. “El banco es uno de los asuntos que hemos logrado documentar, pero estamos sobre otros temas porque lo suyo (se refiere a Duarte) son los ranchos. En los últimos años ha comprado ranchos en el estado y se convirtió en un ganadero con una capacidad de exportación increíble, por encima de los grandes ganaderos de Chihuahua en cuanto a introducir ganado en Estados Unidos. Él —a su nombre y mediante prestanombres— ya introduce más de 1500 cabezas de ganado a Estados Unidos, ¿cuánta infraestructura debe tener un ganadero para importar 1500 cabezas?

“El tema es que estamos dándola no solamente contra un corrupto”, añade, “sino contra un troglodita que es capaz de mandar provocadores a un acto en la plaza pública para generar violencia en su estado, como si todavía el país necesitara que el norte se vuelva a incendiar”.

Arrecia el “golpeteo” político

Las respuestas contra quienes encabezan estas iniciativas de denuncia no se han hecho esperar. Incluido Corral. Recientemente lo han atacado diciendo que tiene hermanos vinculados a la delincuencia organizada y que ha despojado a indígenas tarahumaras de sus tierras en Chihuahua.

“Fue la cortina de humo que el gobernador tendió para distraer la atención del asunto fundamental, que es la demanda penal en su contra”, se defiende. “Hechos que acontecieron hace trece y quince años en relación con un hermano mío… efectivamente, estuvo nueve meses en una prisión de Estados Unidos porque lo detuvieron con estupefacientes, con droga, con mariguana, en el cruce de Juárez al Paso. El gobernador ha tomado este hecho para hacer una campaña de ruindad, de mentira, de calumnia a mi familia, a mí mismo. Ahora todo se reduce a eso: yo acuso a Duarte de banquero y corrupto, y él saca lo de mi hermano… que pasó hace quince años.”

La primera semana de marzo, enfundados en sus atuendos típicos, indígenas rarámuris llegaron frente al Senado de la República. Portaban pancartas donde se acusaba al senador Corral de despojarlos de sus tierras en la zona montañosa de Chihuahua. “El Consejo Supremo de la Tarahumara reclama los terrenos que nos fuiste a robar”, se leía en una de las pancartas. La nota alcanzó proyección nacional.

Corral alegó que suponía “una campaña sucia, tanto de Emilio Gamboa como de César Duarte. Es una patraña, es falso, es orquestado y es una calumnia”. Cuestionado de nueva cuenta sobre el suceso, reitera que se trata de ataques orquestados por el gobernador Duarte “a través de varios de sus personeros”. Y señala a Pedro Domínguez, diputado por el PRI, como un artífice de “esta acusación sin sustento”.

“Yo he referido con toda claridad el caso de un conjunto de cabañas que son propiedad del doctor Víctor Rodríguez Guajardo, que compró de buena fe hace, quizá, veinte años… Yo compré un terreno de 700 metros ahí para hacer una cabaña rústica, tiene un valor catastral de 159 000 pesos, no hemos despojado a nadie. Yo pago predial, tengo el acta de la asamblea ejidal donde el doctor Rodríguez Guajardo adquirió legal y legítimamente esos predios. Ahí están algunos de los pobladores que vendieron, que son ejidatarios, y esa zona nunca ha sido zona de pobladores indígenas, es una zona mestiza”.

Señala, también, como parte de esta “patraña” a Noé Carrasco, “que es el que ha traído a los indígenas aquí a la ciudad de México, los trae aquí, luego los lleva al Congreso del Estado y luego los planta en la plaza, es un hombre que se dedica a explotar a los indígenas con propósitos de golpeteo político, lo cual es una de las peores tragedias que pueden sobrevenir a la pobreza insultante que viven las comunidades indígenas de Chihuahua”.

Corral atajó esta campaña enviando una carta a Carlos Loret de Mola, quien forma parte de la empresa a la que desde hace años Corral combate fieramente. “Televisa lo que hace es aprovechar cualquier cosa para golpearme. A mí me saca Televisa pero nada más cuando me va a golpear… [pero] debo decir un dato que es interesante: en quince años, más o menos, que tengo acreditada una batalla contra los monopolios televisivos en México, y particularmente contra la televisora, esta es la primera vez que Televisa me concede un derecho de réplica.”

Loret le contestó al día siguiente, y en su programa leyó la carta donde Corral asegura que el diputado priista que actúa como guardaespaldas del gobernador no conoce Chihuahua, pues “esa zona nunca ha tenido un centro ceremonial rarámuri”.

Corral refiere que César Duarte ha cargado las baterías en su contra “porque he sido una voz sonora en ese tema, porque tengo una credibilidad acreditada durante muchos años en la política, porque no tengo cola que me pisen”.

Y añade: “Para tener lengua larga en política, hay que tener cola corta o no tenerla. Entonces han tenido que inventar. Han tenido que sacar una historia de un hermano mío de hace quince años y luego han tenido que inventar este tema de las cabañas. ¿Para qué? Para tratar de minar mi imagen pública. Y yo me preguntaría: ¿lo han conseguido? Yo no sé. Dicen que de la calumnia algo queda, pero yo te puedo decir que algo está pasando que en el estado de Chihuahua se producen para mí expresiones de enorme afecto, reconocimiento, solidaridad, como nunca en ninguna época de mi carrera política. La gente se acerca, me felicita, me agradece que esté dando la batalla porque ahora, increíble, le agradecen a uno que cumpla con su deber”.

El caso Aristegui y “una bestia acorralada” llamada PRI

Los atentados en contra de la libertad de expresión, de información, del derecho a la libre manifestación de las personas, al derecho de tránsito, no son exclusivos de Chihuahua. Se han presentado en otros estados y recientemente el tema cobró mayor proyección tras el despido de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de trabajo.

El caso que se ha mantenido como un trending topic propició que, el pasado 26 de marzo, el pleno del Senado de la República propusiera tres puntos de acuerdo presentados por los senadores Dolores Padierna y Zoé Robledo del PRD (en representación de Alejandro Encinas y Mario Delgado) y el propio Javier Corral, por el PAN.

Los puntos coinciden en que el despido de la periodista Aristegui de la empresa MVS supone un retroceso para la libertad de expresión e incluso existe una violación al Artículo 6º constitucional.

El jueves pasado, horas antes de subir a tribuna, Corral explicó a Newsweek en Español que su intención es que “el Congreso no quede al margen de una discusión y de una protesta social que ha conjuntado diversas expresiones políticas, sociales y culturales en México, por lo que a todas luces constituye un atentado a las libertades de expresión y particularmente del derecho de información de los mexicanos”.

El legislador coincide con miles de mexicanos que ven en el despido de Aristegui “uno más de los actos que se suman a un vendaval autoritario de regresión política en México. El Senado no puede quedar mudo ante un hecho como este”.

Los puntos fueron turnados a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; el pleno no consideró urgente ni de obvia resolución el caso.

En noviembre pasado, la unidad de investigación que encabeza la periodista dio a conocer la investigación conocida como la Casa Blanca, que demostró que existe una relación entre Enrique Peña Nieto y Grupo Higa, el cual edificó obras millonarias para el Estado de México cuando el hoy Ejecutivo federal era gobernador estatal.

Corral dice que desde la Cámara alta buscan sumarse a la exigencia de que se respete el contrato de carácter civil de prestación de servicios profesionales entre la periodista y un empresario que es concesionario de un bien público —y que ofrece un servicio público de radiodifusión—, y no se reduzca a un mero conflicto de particulares.

“Esto no es cierto, esto es una falacia. En medio está la prestación de un servicio público a través de una relación de carácter civil de una periodista que ha ejercido cabalmente el derecho de libertad de expresión y que la empresa, mediante una campaña de magnificación, de —vamos a decir— un error, si se quiere considerar así, ha generado un ambiente de hostilidad para producir lo que todos vimos: un despido fulminante, agresivo contra la periodista.”

El punto de acuerdo tiene como propósito solicitar al canal del Congreso de la Unión que considere abrir un espacio dentro de su programación a Carmen Aristegui.

—¿Cuáles son las posturas entre las diversas bancadas en torno al tema?

—La resistencia la tiene el gobierno. El gobierno la quiere fuera, le ha significado un alto costo político a Peña Nieto. Es la que trataba los temas en términos de opinión pública.

—En temas como el de la Casa Blanca seguimos sin saber qué va a pasar…

—Así es… el tema de la Casa Blanca, de la casa de Malinalco, de la segunda casa de Las Lomas, de la casa de Ixtapan de la Sal… Toda esta corrupción política que enreda desde el mismo presidente de la república hasta sus principales colaboradores, como el secretario de Hacienda.

Corral reitera que el gobierno federal “tiene miedo a la plataforma Méxicoleaks porque es un instrumento muy poderoso en el que pueden participar ciudadanos para aportar información anónima que los periodistas se encargarán de comprobar e investigar.

“Eso fue lo que los puso en shock: saber que Aristegui se sumaba a una plataforma como esa, no solo por el poderoso programa que construyó a lo largo de seis años. Ella era un estruendo diario en el conjunto adocenado de los medios de comunicación en este país. Ella era un cañón frente a un ambiente de silenciamiento generalizado, controlado. Porque son excepcionales los medios radiofónicos o electrónicos que cumplían esa labor.”

Si bien las grandes excepciones en materia de periodismo están en algunos medios impresos y digitales, en los medios electrónicos de comunicación Corral considera que Aristegui suponía una singularidad que hoy deja a los mexicanos en “una especie de orfandad” informativa. Y el Congreso no puede quedar al margen de esto.

—Es una señal muy preocupante lo que ha ocurrido…

—Bueno, es que después de esto viene la represión. El nivel de incompetencia del gobierno es tal que han tenido que regresar, acorralados por el descontento popular, por la irritación social, a sus formas primarias, están actuando como una bestia acorralada que tiene que recurrir a sus instintos primarios. El PRI, que presumía saber gobernar… pues ahora ni eso. Son muy corruptos, pero han exhibido un gran nivel de incompetencia… bueno, el problema de la economía de cabeza: una reforma fiscal absolutamente provocadora de la recesión, de la falta de crecimiento. Creyeron que regresaban al mismo país que dejaron… no, este es otro país y en este otro país el PRI no sabe gobernar, por eso tiene que volver al control autoritario, por eso han vuelto al control de medios, a las auditorías como amenaza a los adversarios, a los críticos; la cooptación en el Congreso, a comprar legisladores aquí y allá. La regresión autoritaria que siempre alertamos aquí está, se las presentamos tal cual es: este es el PRI.

INE rectifica y avanza diálogo

A una semana de que arranquen las campañas electorales del proceso de 2015, otro tema obligado es el referente a la situación del INE.

Tras tensas semanas en las que siete partidos políticos se levantaron de la mesa del Consejo General del instituto electoral, el diálogo se ha reanudado.

Corral fue de los más arduos críticos del liderazgo del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. Denunció la existencia de un bloque de consejeros priistas que opera a favor del PRI y el Partido Verde para proteger los intereses del gobierno. Tal parece que esos días negros comienzan a quedar atrás. O por lo menos tienen una pausa. Al respecto, Corral dice:

“Debo decir que la coalición de siete partidos de oposición en el Instituto Nacional Electoral sin duda que ha producido cambios, modificaciones, rectificaciones, y está siendo un detonador, diría yo, de un reencauzamiento institucional hacia funciones y facultades que queríamos que el INE asumiera.”

El senador explica que frente a la impunidad y la actuación de un bloque priista (“frente a la ilegalidad sistemática de este partido canalla, que es el partido Verde Ecologista de México”) han logrado avanzar en algunos de los puntos del pliego petitorio firmado por siete partidos políticos.

Uno de ellos es el referente al cambio del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Sobre Eduardo Gurza Curiel concede que “esperaría que lo haga bien, que realmente cierre un ciclo en el servicio público con un trabajo que requiere no solo de profesionalismo, experiencia, conocimiento de esa expertise contable, sino sobre todo un compromiso con México”.

También señala que lograron “poner un hasta aquí a la impunidad del Verde”. Que fructificaron una serie de decisiones para que la autoridad electoral se decidiera a aplicar dos multas millonarias. Eso es “fruto de nuestra lucha y de nuestras impugnaciones”.

En días recientes el INE impuso al Partido Verde una multa de 74 millones de pesos. “Fue por el tema de Cineminutos, de propaganda fija sobre el uso de programas sociales, y se ligó de una queja que presenté en diciembre del año pasado y al que se le acumularon otros expedientes, pero que ha conducido a una sanción todavía no suficiente de lo que queremos.”

Poco después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le impuso otra multa al mismo partido por 76 millones de pesos; esta vez por la transmisión ilegal de más de 230 000 spots.

“Esa multa del TRIFE también se produce a partir de un recurso de impugnación que presentaron varios partidos y un servidor como consejero del Poder Legislativo”, relata el senador. “La telesala o la sala especializada en materia de medios de comunicación primero le impuso una amonestación y luego una sanción de 7 millones. Impugnamos ante la sala del tribunal esa decisión y el TRIFE le impuso 76 millones de pesos; tampoco es suficiente. En realidad la batalla por la equidad en la contienda electoral, por la legalidad, debe ser que este partido pierda su registro.”

—A esta exigencia se han sumado ya varias voces, incluso de la iniciativa privada…

—Está acreditada su conducta permanente de ilegalidad, de desafío a las instituciones, es un cinismo político, una provocación al Estado.

—¿Qué tanto futuro tiene eso?

—El Partido Verde ha ido incrementando su provocación a la ley a partir de los actos de autoridad. Y no pagará realmente lo que ha hecho hasta que no pierda su registro. Es un partido que no merece formar parte del sistema de partidos y debe ser sancionado como uno de los mecanismos de simulación política y financiera más impunes que se han dado en los últimos tiempos en nuestro país.

—Lo nodal es que ya hay un puente comunicante entre los partidos y el INE…

—Sí lo hay, está reestablecido.

—¿Comprobaron su voluntad política?

—Creo que uno de los que de alguna manera pudieron captar la importancia del asunto, que pudieron aquilatar lo que realmente estaba pasando, fue Ciro Murayama. Sin duda, Arturo Sánchez, el propio presidente Lorenzo Córdova, han hecho un esfuerzo de interlocución, de acercamiento. Es lo que queríamos. Los partidos no queremos imponer las decisiones, queremos ser escuchados en el órgano del que formamos parte: no tenemos voto, pero tenemos voz y formamos parte del órgano según la Constitución y la ley.

En un momento en que México atraviesa por un crisis de seguridad pública, de violencia, de corrupción política, Javier Corral celebra que la crisis con el INE se vaya superando:

“Yo sí creo que a algunos consejeros esta crisis que se generó, pues sí, los hizo pensar. Y también es lo que buscábamos. No queremos debilitar una institución que es fundamental, pero sí queremos llamar la atención de una involución o de una evolución hacia lo peor.

Ley de Transparencia

Hace unos días el Senado aprobó la Ley de Transparencia que atravesó por un arduo proceso legislativo. Corral considera que se lograron conjurar “muchos de las peligros, de los riesgos de retroceso, de regresión”, pero que aún falta mucho para robustecer la reforma constitucional.

La dupla que legisladores del PAN y el PRD lograron hacer con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el derecho de la información hizo posible impedir el retroceso que involucró al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y su iniciativa de 81 propuestas de modificación a la ley.

“Te tienes que dar cuenta de la concepción profundamente autoritaria del régimen peñanietista para proponer una cosa así. No solo no quería cumplir la reforma constitucional, se quería regresar antes de la reforma constitucional —porque el régimen en lugar de abrir, está pensando en cerrar; en lugar de airear la crítica, la quiere sofocar.”

Según el panista, hay algunas soluciones buenas y otras medianas, pero el balance en general es bueno: “La ley general concreta los principios constitucionales que buscaron fortalecer la autonomía del IFAI haciéndolo órgano nacional, y eso es un gran avance”.

Sin embargo, considera que subsisten deficiencias: “Han desaparecido los comités de transparencia en áreas de seguridad nacional, de procuración de justicia, de inteligencia política. Hay ciertos órganos autónomos a los que les han desaparecido los comités de transparencia y se los han asignado fundamentalmente al presidente del órgano”.

A escala local persiste la involución, particularmente en el tema de la transparencia, pues los órganos locales están supeditados a los gobernadores de los estados.

“Como los gobernadores controlan los congresos, entonces nombran a personeros o personas afines al gobernador en turno y terminan, en lugar de procurando la información, siendo ‘tapaderas’ de la opacidad, y este va a ser un poderoso instrumento que usado va a sentar nuevos precedentes. Yo voy a ser de los primeros en usar la ley en materia de recursos de revisión del órgano regulador. Chihuahua es uno de los estados más opacos en distintos rubros, estamos en los últimos lugares en materia de transparencia”.

En este sentido, un flanco que Corral tilda de “enorme vergüenza para el Congreso” se refiere a haber dotado de un régimen de excepción jurídica en materia de obligaciones de transparencia.

“Yo propuse ampliar el artículo 72 que contiene las disposiciones, las obligaciones de transparencia del Congreso y de los congresos de los estados, o sea, de ambas cámaras federales y de las entidades federativas. Creo que estas cámaras tienen que orear su manejo financiero y económico. Si los demócratas de México y los organismos y organizaciones encargadas o comprometidas con este tema le dieran la importancia que tiene abrir el Congreso, generaríamos una auténtica revolución en la vida política nacional.”

Sin cortapisas sostiene que el proceso de confección de las leyes está supeditado al dinero: “El Congreso se maneja con dinero. Con eso es con lo que actúan los coordinadores parlamentarios”.

Y es justo ahí donde el Congreso no quiso avanzar: en el detalle del artículo 72 es donde hubo un “jaloneo muy fuerte”.

Se ganó, por ejemplo, que haya un informe trimestral de los grupos parlamentarios sobre sus ingresos. “Son redacciones muy generales; si hay voluntad, sirven, y sirven para ser un verdadero ejercicio de transparencia; si no hay voluntad no sirven para nada.”

Pero también se perdió porque el día que se aprobaría la ley, colaron un adendum y agregaron un decimotercer artículo transitorio, en el cual, en el último párrafo, se apunta que “las obligaciones genéricas y específicas de transparencia para el Congreso se irán cumpliendo conforme el programa se vaya implementando”.

Para Javier Corral, con ese artilugio legal se diluyó la obligación de transparencia del Congreso en el tiempo: “Es realmente vergonzoso que se haga una cosa así: que el rigor con el que el Congreso ve otras instituciones, poderes y órganos, no lo tenga para sí. Candil de la calle y oscuridad de su casa”, se lamenta.

El senador está convencido de que urge transparentar el gasto en el Congreso: “De aquí salen las leyes, los ministros, los nombramientos de los principales órganos reguladores, de aquí salen las reformas a la Constitución, se generan los principales bienes públicos para la nación o engendros legislativos de asalto al país. Necesitamos arrojar luz a los recursos del Congreso”.

Y va más lejos:

“¿Qué sería (Emilio) Gamboa Patrón sin el tonel de dinero que maneja discrecionalmente cada mes? No sería nada, porque es un hombre impedido, incluso racionalmente, para convencer. Es un broker,un operador. Él no entiende ni siquiera las reformas. Se las tienes que explicar veinte veces. Él maneja eso con ‘lana’, no con argumentos: le da a unos y le quita a otros. Maneja un gasto de comunicación social para campañas de difamación contra adversarios, enemigos, competidores, etcétera. Vamos a dar a conocer eso.”

—Te han de querer mucho aquí en el Congreso…

—Soy de los más favoritos de todos. No, no… (ríe). Soy un personaje incómodo, un personaje muy incómodo en el Congreso, pero no tengo de otra porque ser parte de esto, no. Mejor me voy a mi casa y le hablo a mi suplente. O no a mi casa, a otras cosas. La única manera en que se justifica que yo siga siendo senador de la república en este momento tan complicado del país es que sigo dando la batalla adentro. Y eso es muy complicado, muy desgastante: dar la batalla adentro y afuera.