Frente a una ciudadanía crispada por la desaparición de 43 hermanos, inflamado por niveles de vejación inimaginables para un padre y destinado a poner fin a la inoperancia del pastor que cuida a 122 millones de ovejas, “México está nuevamente a prueba”.
“En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional que no podemos ignorar. Un grupo criminal que controlaba el territorio; autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva; policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes… México no puede seguir así. El grito de ‘Todos somos Ayotzinapa’ muestra el dolor colectivo y nos muestra una nación unida.”
Así fue como el presidente Enrique Peña Nieto, en completa solemnidad de los grandes días, decidió fijarse la meta de disolver las policías municipales de la república mexicana, ello a exactamente dos meses de la desaparición de los estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”.
La repatriación de los 255 000 agentes en 32 cuerpos estatales empezará por el convulso estado de Guerrero, un territorio que desde principios de 1990 ha sido protagonista de oposición a las reformas educativas, resistencia a los grandes (pero débiles) proyectos productivos y proclive a un Estado de derecho encaballado por la delincuencia, componiendo una suerte de triada descompuesta: plantón, plata y plomo.
Coraje docente
Acorde con el reporte titulado “La formación docente en México: 1822-2012”, del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA), la lucha de los profesores en Chilpancingo está encabezada por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la cual desde 1989 y al calor del movimiento magisterial que logró consolidar aumentos salariales del 100 por ciento y una democracia sindical sustantiva, se ha encargado de formar verdaderos gladiadores de la tiza “en la lucha contra los dirigentes espurios”.
Tubazos y cohetones aparte, el origen visible de radicalización de los maestros cetegistas se remonta al 10 de diciembre de 2012, cuando el gobierno federal propuso una reforma educativa que ordenaba la evaluación de los profesores por parte de un organismo federal con capacidad de despedir a quienes no pasaran el examen.
La iniciativa se aprobó dos semanas más tarde y el viacrucis de plantones tuvo efecto a tal grado que, en la página oficial de la CETEG (ceteg.blogspot.mx) se tiene constancia de que el último edicto de carácter académico para la formación pedagógica de los 44 000 profesores que conforman el grupo data del 10 de octubre de 2012, cuando se convocaba a la matrícula docente para ser partícipe del Segundo Congreso de Educación Cultura y Deporte.
El resto ya es historia para los expertos en zafarranchos y megamarchas, quienes tan solo la semana pasada lograron bloquear durante nueve horas la Autopista del Sol (principal acceso al estado), devastar la fachada del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), quemar parte del inmobiliario en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, afanarse con nueve vehículos del personal, hacer cenizas un par de motocicletas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y apropiarse de seis cajeros automáticos de entidades bancarias como HSBC, Scotiabank y Bancomer… todo ello al coste de nueve detenidos y en protesta por los 43 normalistas plagiados en el municipio de Iguala hace ya dos meses.
Sin embargo, fue el jueves 27 de noviembre cuando los cetegistas se sacaron un “cero en conducta” al plantarle cara a Isela Ojeda, primera dama del estado de Guerrero y esposa del gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez.
Investida únicamente con sus paños blanquecinos, un escudo del estado de Guerrero, una bandera nacional y resguardada por cinco secretarios, la señora Ojeda dio la bienvenida a un contingente de 1000 maestros indignados cuando estos se aproximaban a Casa Guerrero, considerada la oficina principal del gobierno y recién transformada en espacio para actividades culturales.
“Este inmueble es la casa del pueblo. No hay razón para que no puedan entrar los maestros y estudiantes. Hagan de él lo que gusten hacer, es parte del patrimonio del pueblo y pueden disponer de él”, anunció Isela Ojeda de Ortega, esperando entablar un amigable mitin. Minutos más tarde, las artimañas propias de un doctorado en vandalismo dejaron completamente pintarrajeado el inmueble sin que se produjeran arrestos.
Y es que trátese de eludir los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las distintas reformas estructurales, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Evaluación Universal o hasta las mismísimas sanciones del Código Penal, lo cierto es que la CETEG cuenta con una serie de formularios para tundir los portones de la institucionalidad bajo el plan estratégico de resistencia civil adecuado: actas de consulta, amparos, derogaciones, abrogaciones, solicitudes de reembolso, trámites de recuperación de crédito, guías para la jubilación, tarjeta navideña combativa y un largo etcétera disponible vía internet contra “todo lo que aniquila nuestros derechos”.
Sabiduría empresarial
En ese sentido, el círculo productivo del estado de Guerrero dice ser el afectado por las recientes movilizaciones de la CETEG, pues al menos en palabras del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Jaime Nava Romero, “la economía está asfixiada en los principales territorios de Guerrero: el movimiento que impulsa la normal ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa y el magisterio disidente por la presentación con vida de los 43 nos ha perjudicado más que los secuestros, desapariciones y ejecutados por el crimen organizado en los últimos año”, explicó.
Fue en una rueda de prensa del pasado 19 de noviembre cuando el empresario afirmó que las 65 delegaciones de la Coparmex en el país acordaron un pronunciamiento conjunto para reprobar la violencia suscitada durante las protestas de la CETEG y el magisterio, las cuales “implican el cierre de por lo menos 500 negocios, de manera parcial o total, y han despedido a 30 por ciento de los empleados en los negocios de los municipios de Acapulco, Ajuchitlán, Chilpancingo, Chilapa y Tlapa, alrededor de 500 a 2000 personas”.
Es resaltable que, conforme con estadísticas de la Secretaría de Economía (SE), el estado de Guerrero cuenta en la actualidad con 2628 negocios registrados ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), mientras que el año pasado lo cerró con 2295. Cartas sobre la mesa, existe una diferencia de 403 empresas nuevas que arrancaron actividades en la “zona caliente de México” o decidieron darse de alta formalmente ante las dependencias gubernamentales en 2014.
Al respecto, la Cámara de Comercio y Turismo en Pequeño (Canacope) reporta que el cierre parcial de negocios durante las marchas a favor de los normalistas desaparecidos ha generado pérdidas económicas por valor de 150 millones de pesos tan solo en el mes de noviembre, toda vez que el presidente de ese organismo, Gerardo López, consideró que “la cifra fue baja, pese a la dimensión de las múltiples marchas”.
Por su parte, el regidor y secretario general de la Sección 112 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Rodrigo Ramírez Justo, informó que 15 por ciento de los trabajadores de base sindicalizados en el sector turístico de Acapulco “han sido despedidos por la baja turística y la recesión económica de los últimos meses”.
Tomemos en cuenta que el pasado puente vacacional con motivo de la Revolución Mexicana sí se tradujo en una gesta melancólica para los hoteleros del puerto de Acapulco, quienes sufrieron la cancelación de 14 000 reservaciones provenientes del extranjero —de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur)— y fueron castigados con una alerta de la embajada de Estados Unidos en México, la cual prohíbe a los estadounidenses desplazarse dentro de la región de Guerrero vía terrestre.
En Acapulco, por ejemplo, “hay pérdidas por un millón de pesos al día y tan solo el puente de Día de Muertos hubo una ocupación hotelera de 35 por ciento, de acuerdo con cifras de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco”, refiere la Coparmex en un comunicado, donde se advierte que “estarán en riesgo más de 80 000 empleos en las siete regiones de Guerrero y la suspensión de abasto de productos por parte de las empresas” rumbo al fin de año.
Bajo tales circunstancias, la Sectur ya tiene contemplada una campaña para que la ocupación hotelera sea al menos de 80 por ciento durante la temporada vacacional del mes de diciembre, esto sin mencionar que 1300 gendarmes de la Policía Federal arribaron este fin de semana al puerto de Acapulco para blindar las finanzas del territorio contra las posibles manifestaciones que surjan en detrimento de la economía porteña.
Poder delictivo
Con los 9699 elementos de las fuerzas de seguridad de planta en Guerrero, en conmutación con los 2000 policías federales enviados para peinar el área en búsqueda de normalistas “levantados” y la recién anexada flotilla de gendarmes que monitorearán las playas de Acapulco, el estado se posicionaría como la novena entidad federativa más segura de la república al registrar un uniformado por cada 276 habitantes; no obstante, la realidad se encuentra muy enrojecida por el mosaico de organizaciones criminales.
La semana pasada, y con el pueblo pies arriba, la Policía Ministerial encontró 11 cuerpos decapitados y semicalcinados bebiéndose los aires de la terracería que comunica la cabecera municipal de Chilapa con la población de Ayahualulco.
“Ahí les va su basura ja ja ja… Putos Ardillos chaqueteros”, prodigaba un epitafio en narcomanta hacia los cadáveres, todos ellos correspondientes a fulanos entre 16 y 25 años que cayeron ante el bramido de un AK-47 y una dosis de combustible… como ya es usual en Guerrero. Posteriormente, y casi a la medianoche del sábado, una Nissan picop sirvió de hoguera para otros cinco destartalados, cubiertos por hojas de maíz secas para tostar con profundidad.
Una vez más triunfa la receta del narco. Y qué decir del resto de medallas que se enarbolan como platillos de éxito: cinco “embolsados”, dos taxistas decapitados, dos secuestros y un homicidio en macabro relato de Guerrero, donde tal y como dicta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), existe la presencia de nueve carteles del narcotráfico en por lo menos 62 de sus 81 municipios (el equivalente al 76 por ciento de su superficie).
Asimismo, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) coloca a Guerrero en un pesebre de oro con el mayor número de homicidios dolosos por habitante en este 2014 (es decir, 32.42 casos por cada 100000 personas o el equivalente a tres veces el promedio nacional), esto sin mencionar que ocupa el cuarto lugar nacional en cuanto a denuncias de secuestro por cada habitante se refiere (con una tasa de 2.51 casos, menos de la mitad de los 5.71 desapariciones por habitante que registra Tamaulipas en su reinado de plagios).
Es de mención que este abrevadero de tinieblas es posible gracias a que, en los 63 621 kilómetros cuadrados de extensión que componen el estado de Guerrero, se produce el 60 por ciento de toda la amapola azteca, lo que deja a ocho de cada 10 guerrerenses a su suerte en alguna zona disputada por movimientos armados (ya sea en su variante organizada o pandilleril). Y si ahora Peña está llamando al 911, tenga por seguro que es porque la cosa está que arde en los caminos del sur.
