En varios estados del país, a no muchos metros de profundidad, se encuentran
enterradas de manera clandestina miles de historias. Muchas de ellas de
inmigrantes o de secuestrados por los que criminales exigían un rescate; de
“halcones” o “soplones” asesinados en un ajuste de cuentas, y de jóvenes que
fueron sicarios y que ya no resultaban “útiles” y fueron ejecutados.

Los cuerpos normalmente aparecen desnudos,
maniatados, con tiros de gracia, algunos en avanzado estado de descomposición,
otros calcinados, desfigurados o decapitados, y todos con signos de tortura.

La búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos de
la Normal Rural de Ayotzinapa volvió a recordarnos ese otro drama: el de las
fosas clandestinas.

El pasado 4 de octubre, la fiscalía de esa
entidad localizó en Pueblo Viejo, Iguala, seis fosas de las que recuperó 28
cadáveres. Días después, no muy lejos de ahí, en los alrededores del rancho “La
Sierpe”, se localizaron cuatro fosas más en las que se realizó el levantamiento
de otros ocho.

El 22 de octubre, a casi un metro de distancia
de las primeras fosas, se halló una más de la que se rescataron dos cuerpos. En
total: 11 fosas con 38 restos humanos, de acuerdo con información oficial de la
PGR.1

La confesión de dos integrantes del cartel
Guerreros Unidos trasladó la búsqueda al basurero del municipio de Cocula, una
barranca con toneladas de desechos en la que peritos de la PGR, de Argentina y
de la Interpol continuaron las labores de localización.

En lo que va del año, 152 cadáveres habían sido
recuperados de fosas clandestinas del territorio de Guerrero. Iguala encabeza
la lista con 70; le siguen Taxco con 25; Acapulco y Zumpango con 14 cada uno;
Chilpancingo con seis y Teloloapan con dos. De los 21 cuerpos restantes no hay
registro.

Pero a esa cantidad hay que agregar 240
desaparecidos, dato que ya incluye los casos de Ayotzinapa. Y otro dato
preocupante: en 10 meses casi se triplicó el número de cadáveres encontrados de
2006 a 2013 en fosas clandestinas de Guerrero que fue de 58.

Por desgracia, este fenómeno no es exclusivo de
esta entidad y eso es precisamente lo que hace de México el país de las fosas
clandestinas.

HALLAZGOS MACABROS

San Fernando, La Barca, Tijuana, Cadereyta y
Durango tienen un denominador común: haber sido foco de atención de la opinión
pública nacional e internacional porque en ellos se han exhumado cientos de
cadáveres.

Entre abril de 2011 y julio de 2012, 350 fueron
inhumados de ocho tumbas de Durango, una zona controlada por Los Zetas.

En enero de 2009, Santiago Meza López, alias el Pozolero,
confesó que en el ejido Ojo de Agua, en Tijuana, Baja California, depositó los
cuerpos deshechos en ácido de unas 300 personas que fueron ejecutadas por órden
es de Teodoro García Simental, el Teo.

En un lote baldío ubicado en San Fernando, Tamaulipas,
el 25 de agosto de 2010 se encontraron los restos de 72 personas. Tras las
pesquisas se logró establecer que se trataba de 58 hombres y 14 mujeres de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil que fueron retenidos por Los
Zetas para obligarlos a incorporarse a sus filas; al negarse, fueron
asesinados. Un año después, en ese mismo municipio, fueron localizadas otras
fosas de las que se exhumaron 193 cuerpos.

En una fosa clandestina localizada en la
carretera libre Monterrey-Reynosa, el 13 de mayo de 2012 fueron descubiertos 49
restos humanos en Cadereyta, Nuevo León.

Y la lista continúa hasta llegar a la cifra de
1243 cuerpos sacados de tumbas secretas registradas por la PGR durante el
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. De todos ellos, solo se logró la
identificación de 142.

Pero el problema no acabó con esa
administración. El 1 de noviembre de 2013, en La Barca, Jalisco, fueron
ubicados 74 cuerpos en 35 tumbas apócrifas.

En lo que va del año han sido exhumados por lo
menos 192 cadáveres de fosas clandestinas, la mayor parte de ellos en
municipios y localidades de Guerrero, Veracruz, Michoacán y Jalisco.

LOS NINGÚN NOMBRE

Pero, ¿y qué pasa con los cuerpos que no son
reclamados? En términos forenses se les identifica como los NN (“Ningún Nombre”)
y regularmente son enviados a la fosa común a un promedio de seis por día.

Buena parte de ellos corresponde a los restos
exhumados de fosas comunes, pero también se encuentran personas extraviadas,
indigentes, ancianos cuyas familias han muerto o los han dejado en el olvido,
así como fetos y bebés abandonados en la vía pública.

De enero de 2006 a agosto de 2012 se elaboraron
perfiles genéticos de 15 618 cadáveres jurídicamente no identificados; 97 por
ciento de ellos fueron enviados a la fosa común. Solo 425 fueron identificados,
aunque se desconoce si se entregaron a los familiares, ante el temor de que
fueran implicados en actividades criminales.

Entre enero de 2012 y julio de 2013, 3662
cuerpos sin identificación fueron a dar a las cada vez más saturadas fosas
comunes.

En agosto de 2012, durante la 33 sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), se acordó crear un protocolo para
el manejo de estos cuerpos y fortalecer la red nacional de la base de datos de
perfiles genéticos. No hay avances.

Las procuradurías del país carecen de reglas
homologadas para el manejo y conservación de esos restos. Cada estado tiene sus
plazos para enviar un cadáver desconocido a la fosa común: los tiempos de
retención van de 24 horas a seis meses.

En 13 entidades, los desconocidos son enviados a
la fosa común con expedientes incompletos y sin que sus huellas dactilares,
peritajes de fotografía o genética hayan sido confrontados con los datos que
poseen la PGR y la Plataforma México.

Al final, lo más importante es frenar la
violencia
y devolver la paz al país para así evitar las ejecuciones, las fosas
comunes y que México sea visto como un enorme cementerio.