El reciente pronunciamiento del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, emitido en voz de su presidente, Edgardo Flores Campbell, no solo pondera los avances en la investigación del homicidio de la abogada y catedrática Emilia Ortega Aceves, sino que coloca el tema donde realmente pertenece: en el debate mayor sobre el combate a la impunidad como condición indispensable para la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
El asesinato de Ortega Aceves, ocurrido el 18 de noviembre pasado, estremeció a la comunidad jurídica, académica y social de Baja California. Su trayectoria, marcada por la docencia, el litigio y la formación de nuevas generaciones de profesionistas del derecho, hacía particularmente simbólico y doloroso un crimen que, como muchos en la región fronteriza, amenazaba con perderse en el rezago investigativo en la todavía saturada sobre burocracia que ha caracterizado por años la procuración de justicia en la institución sobre la que viene haciendo esfuerzos de transformación interna la Dra. María Elena Andrade Ramírez.
Sin embargo, los avances en la indagatoria sobre el caso en particular han devuelto un rayo de certidumbre en un entorno donde la impunidad suele imponerse como regla. Tal como destacó Flores Campbell, el esclarecimiento técnico y jurídico de delitos de alto impacto no es un acto meramente administrativo, sino un mensaje político y social: en Tijuana, la ley debe prevalecer, y ningún atentado contra la vida puede quedar sin respuesta institucional.
El caso también vuelve a encender una discusión estructural: la impunidad como principal inhibidor del Estado de Derecho. En un país donde la mayoría de los delitos no se denuncian o no llegan a etapa de judicialización, cada investigación que avanza envía una señal de resistencia frente a la normalización de la violencia.
Flores Campbell reiteró que el Comité Ciudadano continuará dando seguimiento no solo a este expediente, sino a todos aquellos donde la justicia enfrenta obstáculos sistémicos. La exigencia es clara: que las instituciones actúen con rigor jurídico, transparencia y resultados verificables, elementos indispensables para reconstruir la confianza pública.
Tijuana enfrenta un punto de inflexión. La resolución del caso Ortega Aceves no puede reparar la pérdida de una académica respetada, pero sí puede fortalecer un precedente: que la violencia contra quienes enseñan, ejercen y defienden el derecho no será tolerada, y que la sociedad civil organizada mantendrá su papel de contrapeso frente a cualquier intento de diluir responsabilidades.
El mensaje final es contundente: sin combate a la impunidad no hay seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no hay Estado de Derecho que pueda sostener la paz y la convivencia que Tijuana merece. N
