Tijuana, Baja California.- Los organismos empresariales Coparmex Tijuana y Canirac Baja California lanzaron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para frenar el avance de la extorsión y las amenazas contra negocios en la entidad.
En un comunicado conjunto, advirtieron que la inseguridad está golpeando directamente la confianza para invertir y la estabilidad del empleo formal. “Los empresarios seguimos apostando por Baja California, pero necesitamos un entorno seguro para operar. La delincuencia no puede marcar la pauta en la vida económica del estado”, señalaron.
El pronunciamiento se da tras la aparición de mensajes intimidatorios en diversas zonas urbanas, presuntamente ligados a grupos del crimen organizado. Roberto Vega, presidente de Coparmex Tijuana, subrayó la urgencia de legislar para que la extorsión se persiga de oficio y con sanciones ejemplares, a fin de cortar de raíz un delito que amenaza con normalizarse en la vida cotidiana de comerciantes y restauranteros.
El contexto: el costo del “cobro de piso” en Baja California
De conformidad a lo expuesto por Edgardo Flores Campbell Vicepresidente Nacional de Seguridad, Combate a Piratería y Contrabando de Canacintra México, y consejero editorial de este medio, el fenómeno de cobro de piso o impuesto criminal es una modalidad del delito de extorsión, que consiste en la práctica delincuencial que se caracteriza por exigir bajo coacción montos económicos mediante pagos periódicos a empresarios y comerciantes, a cambio del compromiso verbal de no actuar en su contra y garantizarles “protección” incluso hasta de no ser molestados por las mismas autoridades y permitirles operar con “tranquilidad”, situación que ya ha escalado tanto por la omisión como colusión de distintas autoridades, al grado expuso, de convertirse en uno de los principales factores de riesgo económico en diversas entidades federativas del país. En Baja California, de acuerdo con reportes de cámaras empresariales, el delito ha escalado más allá de pequeños negocios, alcanzando a sectores estratégicos como restaurantes, bares, transporte y construcción.
A diferencia de otros delitos patrimoniales, la extorsión tiene un efecto multiplicador: además de la pérdida económica directa, genera temor, cierre de negocios, reducción de inversiones y desplazamiento de actividades comerciales hacia la informalidad. Este círculo vicioso erosiona la competitividad regional y desincentiva la llegada de capitales nacionales y extranjeros, en un momento en que el estado busca consolidarse como polo de nearshoring en el noroeste del país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), la extorsión representa uno de los delitos más denunciados por el sector productivo, aunque en muchos casos no se formaliza la denuncia debido al temor a represalias y a la percepción de impunidad.
El reto para las autoridades
Los organismos empresariales insisten en que frenar esta práctica requiere acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo la coordinación policial, la inteligencia financiera y la persecución judicial. Al mismo tiempo, piden reformas legales que obliguen a las fiscalías a iniciar carpetas de investigación de oficio y a establecer sanciones severas que inhiban la operación de estas redes criminales.
Mientras tanto, el clima de tensión se mantiene en la frontera, donde los empresarios advierten que la falta de respuesta firme puede traducirse en una peligrosa “normalización” del cobro de piso, con consecuencias graves para la estabilidad social y económica de Baja California.N
