En el último mes, Aguascalientes ha sido escenario de dos episodios que dejan en evidencia una de las deudas más profundas del Estado hacia las personas con discapacidad: la falta de capacitación profesional y con perspectiva de derechos humanos en los cuerpos de seguridad y funcionarios públicos.
El primer caso ocurrió cuando una madre cuidadora denunció públicamente la violencia ejercida contra ella y su hijo con autismo por parte de dos policías en activo. El joven, en medio de una crisis, causó daños a un vehículo, situación que llevó a la madre a solicitar la mediación de la autoridad. Sin embargo, lejos de encontrar comprensión, ambos fueron violentados, detenidos y puestos a disposición sin que se respetaran protocolos de actuación para personas neurodivergentes. La denuncia incluye, además, señalamientos de violaciones al debido proceso y presunta extorsión hacia sus familiares.
El segundo episodio, apenas la semana pasada, involucra a una maestra de educación especial y a un alumno con discapacidad en la secundaria número 18 de la capital. Según los testimonios, tras una infracción del estudiante, la maestra pidió que se siguiera el protocolo correspondiente para proteger los derechos del joven. En lugar de ello, tanto ella como el alumno fueron violentados y entregados a disposición por el director y elementos policiales, nuevamente sin aplicar ningún procedimiento especializado ni mediar palabra.
Lo que ambos casos reflejan no son hechos aislados ni errores de “mala suerte”, sino una ausencia sistemática de capacitación adecuada. Según datos del INEGI, en México viven más de 20 millones de personas con discapacidad o limitaciones para realizar actividades cotidianas, lo que representa al menos el 16% de la población. En Aguascalientes, son cerca de 100 mil personas en esta condición. La cifra no es menor, y debería bastar para que la formación en materia de discapacidad fuese un eje transversal en todos los cuerpos de seguridad, justicia y educación.
Sin embargo, la realidad es otra. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que la mayoría de las entidades federativas carece de protocolos actualizados o de personal verdaderamente especializado para capacitar a policías y funcionarios. En muchos casos, se simula la capacitación con talleres superficiales que no van más allá de sensibilizaciones de un par de horas. Y aquí está el punto clave: sensibilizar no es capacitar.
Es cierto que nadie nace sabiendo cómo actuar frente a una crisis de una persona autista o cómo responder a un estudiante con discapacidad intelectual. Pero ese desconocimiento no puede convertirse en excusa permanente. La capacitación profesional, académica y con enfoque de derechos humanos es obligatoria para el Estado. Y si hoy no vemos resultados, hay dos posibilidades que deben cuestionarse: o los cuerpos policiales no están siendo capacitados en absoluto, o quienes imparten la capacitación no cuentan con el perfil profesional, metodológico ni ético que se requiere.
En este terreno han proliferado “capacitadores” improvisados, que se presentan como expertos únicamente por tener una discapacidad o por apelar a la experiencia personal, sin formación académica, pedagógica ni comprensión del marco legal. Lo peligroso de esta práctica es que se alimenta un círculo de simulación: se cumple con la “foto institucional” de que se capacitó, pero en la práctica nada cambia. El resultado lo vimos este mes: detenciones violentas, protocolos ignorados y derechos humanos vulnerados.
El problema es estructural y no menor. Mientras se permita que el asistencialismo se disfrace de capacitación, los cuerpos de seguridad seguirán sin herramientas reales para atender a personas con discapacidad. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de un protocolo: es la dignidad, la integridad y la vida de las personas.
Desde una perspectiva periodística y crítica, vale la pena preguntarse: ¿qué pasaría si en lugar de simulacros se invirtiera en procesos de capacitación avalados por instituciones académicas, diseñados con estándares internacionales y evaluados con resultados medibles? ¿Qué pasaría si se apostara por profesionales de la educación, la psicología, el derecho y la seguridad pública, en lugar de improvisados que confunden experiencia con preparación?
El modelo social de la discapacidad, que reconoce que las barreras las impone la sociedad y no la condición de la persona, exige un replanteamiento de raíz. Si los cuerpos de seguridad siguen actuando bajo la ignorancia, lo que se perpetúa es un modelo violento, discriminatorio y ciego a la diversidad humana.
Como periodista y activista, no me interesa solo denunciar, sino también plantear rutas de solución. La primera es clara: se debe revisar la calidad de las capacitaciones actuales y quiénes las imparten. La segunda, exigir que estas capacitaciones sean permanentes, obligatorias y con evaluaciones prácticas. La tercera, abrir la puerta a la colaboración con universidades, institutos especializados y colectivos serios que trabajen bajo el enfoque de derechos humanos.
Lo sucedido en Aguascalientes en las últimas semanas es una llamada de atención que no podemos ignorar. La violencia contra personas con discapacidad y sus cuidadoras no es un “malentendido”, es el resultado directo de una falta de preparación. Y en este punto, la omisión se convierte en violencia institucional.
Si de verdad queremos un Aguascalientes incluyente y justo, no bastan discursos ni simulacros. Se necesita profesionalizar la capacitación, evaluar sus resultados y erradicar el asistencialismo disfrazado de experticia. Solo así podremos garantizar que la próxima vez que un policía se enfrente a una persona con discapacidad, su respuesta no sea la violencia, sino el respeto a la dignidad y a los derechos humanos.
