En One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio interpreta a un defensor de migrantes antisistema retirado: Bob Ferguson. Una de las escenas más potentes ocurre cuando Ferguson se encuentra con el sensei Sergio St. Carlos (Benicio del Toro) en Banktan Cross, una ciudad santuario de migrantes, mientras huye de una persecución para salvar a su hija, Willa (Chase Infiniti). El pretexto de la persecución —encabezada por Sean Penn en el papel del coronel Lockjaw— es un operativo militar estadounidense contra los migrantes de Banktan Cross, clara alusión a las políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump.
La escena muestra una ciudad asediada, caótica, persecuciones policiacas y militares contra familias enteras de migrantes, incluyendo niños, niñas y adultos mayores. Una ciudad de sitio o estado de excepción como lo llama Carl Schmitt. Se instaura en contra de una supuesta amenaza biopolítica que pone en riesgo a la gran nación de Estados Unidos: familias migrantes en estado de pobreza. Se ejemplifica lo que es el estado de excepción: un mecanismo biopolítico de control social que con la falsa justificación de amenazas al Estado o a la seguridad, ejerce todo el poder contra su población, suspendiendo la ley y los derechos constitucionales, teniendo siempre fines estratégicos determinados por el soberano y la posición dominante.
Agamben, en Homo sacer II: Estado de excepción, señala que en los regímenes políticos modernos la excepción ya no es temporal ni limitada a la guerra, sino que se constituye de forma permanente. Este estado continuo de excepción tiene siempre un sentido biopolítico: se dirige a los seres vivientes y, mediante la suspensión de derechos, los sustrae de cualquier situación jurídica y política concreta, dejándolos en una condición de detainees (detenidos), vocablo que deriva del latín detinēre que significa “mantener apartado”. A la par se amplían los paradigmas del significado y las funciones de la autoridad, mientras se suspende la Constitución contra la población. El poder ejecutivo actúa sin sustento legal alguno.
Si revisamos hoy el Código Fiscal de la Federación tal y como se encuentra vigente, vemos que la suspensión de garantías constitucionales en el ámbito fiscal ya inició; la restricción de sellos digitales sin audiencia previa o la llamada “lista negra”, que convierte simples presunciones en condenas de simulación, son claros ejemplos. Sin embargo, la propuesta de reforma fiscal 2026 consolida el estado de excepción fiscal al aumentar las facultades de las autoridades fiscales y disminuir los derechos de los contribuyentes. Posibilita una amenaza prolongada de afectaciones arbitrarias sin derecho a defensa y sin que la autoridad se someta a los principios y estándares mínimos de comprobación en materia tributaria.
La propuesta de reforma para 2026 otorga facultades que rayan en lo absoluto. La autoridad podrá suspender de inmediato los certificados de sello digital con solo presumir la existencia de comprobantes fiscales falsos. Se instauran nuevas visitas domiciliarias para fiscalizar comprobantes presumiblemente falsos o que amparen operaciones simuladas. La constitución de empresas quedará condicionada a que socios y accionistas acrediten una situación fiscal impecable. Y, como pieza final de control, el fisco tendrá acceso permanente a las plataformas digitales de quienes presten servicios en línea.
Ya no estamos solo en un estado fiscal policiaco, en 2026 cruzamos al estado de excepción fiscal. Bajo la retórica de combatir a “los malos” —un enemigo difuso, indeterminado y construido narrativamente por el Estado—, los contribuyentes somos todos sospechosos, salvo la clase privilegiada que siempre queda al margen. En este terreno, las autoridades fiscales e incluso militares en fronteras, puertos y aduanas, ejercen un poder ilimitado que mezcla política securitaria, urgencia recaudatoria y manipulación de conductas sociales. Todo envuelto en un lenguaje oficial que justifica el ejercicio indiscriminado del poder en nombre de la nación, aunque en realidad se ejerza contra el mismo pueblo al que dice proteger.
Žižek, en n permanente estado de excepción económica, nos ofrece una luz de esperanza frente a este proceso de supresión de derechos y garantías. Retomando a Kant, vuelve urgente la utilización pública de la razón. De aquí en adelante, nuestras luchas y reclamos no deben limitarse a moverse dentro de la realidad dada por el Estado y el capital, sino que deben dirigirse a desnudar los aspectos de la nueva (re)estructura que sostiene ese orden. Ya no basta con aceptar el marco posible que nos imponen para discutir problemas y soluciones: hay que superarlo, aunque imaginar otros futuros parezca imposible. Al igual que Žižek, volvamos a Lacan y, en contra de lo que hoy se nombra imposible desde el campo ideológico del capital, respondamos que lo imposible siempre sucede.
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Marco Agustín Ramírez Rodríguez es abogado fiscalista, constitucionalista y especialista en Derechos Humanos. Fundador y CEO de MR Boutique Legal y director General de Centro de Investigación y Estudios Jurídico Fiscales.
